Hannia Novell

El pasado domingo 7 de octubre, antes de que iniciara en Guerrero el Foro de Consulta Estatal por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, un grupo de personas irrumpió en el Salón Teotihuacán del Centro Internacional Acapulco, sede del evento, y tomó el presídium para luego arrojar sillas, botellas de agua y otros objetos a los asistentes.

De acuerdo con la versión del equipo de Esteban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación Pública, “algunos” de esos sujetos “estaban encapuchados” y empuñaban palos y bates, por lo que el foro se canceló.

Paralelamente, el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador informó sobre la suspensión en cinco estados de los foros en los que recaba propuestas para lograr la paz y la reconciliación del país.

Los encuentros del equipo de transición con víctimas de la violencia, organizaciones y especialistas programados para Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Morelos, entre el 9 y el 22 de octubre, ya no se llevarán a cabo. Las víctimas se quedarán esperando.

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, comentó en su cuenta de Twitter que esto “obedece a la necesidad ya urgente de sistematizar las propuestas recogidas, para obtener las conclusiones que nos permitan incorporar las voces de las víctimas en el diseño de la nueva política de seguridad pública que se presentará en fecha muy próxima”.

Y para rematar, el domingo 28 de octubre, los mexicanos debemos decidir en una consulta pública si queremos que sigan las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional (NAIM) de México en Texcoco o si avalamos el proyecto de la Base Militar de Santa Lucía.

Esa consulta se realizará en 527 municipios del país por “voluntarios”, además de que contemplan la instalación de urnas en plazas públicas y una encuesta nacional de vivienda. La Fundación Arturo Rosenblueth será la encargada del conteo de los votos, de la coordinación del proceso y de elaborar la pregunta.

Ante los foros saboteados o cancelados y las consultas ciudadanas, recuerdo lo dicho por Javier Sicilia ante el mandatario electo el pasado 14 de septiembre durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia: el país está sobrediagnosticado en relación  a la situación que enfrenta en materia de crimen organizado, narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos y hoy, lo que urge, es la formulación de una verdadera política de Estado.

En ocasiones me da la impresión de que esos foros son en realidad un ejercicio de catarsis donde el equipo de transición da la oportunidad a los asistentes de desahogarse. Así ocurrió en el Diálogo con Atenco en el que representantes de los pueblos originarios expresaron su rechazo a la nueva terminal aérea en Texcoco.

¿Qué sucederá si la consulta del día 28 dice que la mayoría está a favor de la obra en curso? ¿Se impondrá nuevamente la ley de los machetes?

El pasado 1 de julio, los mexicanos votamos por un Presidente de la República y lo contratamos para que tome las mejores decisiones para el país. ¿Quién sabe algo de mecánica de suelo; sobre la posibilidad de que dos aeropuertos puedan compartir simultáneamente el espacio aéreo sin que se generen accidentes o sobre los efectos de desecar un lago y las repercusiones que puede esto tener en la flora y fauna?   

No todas las decisiones pueden ser objeto de foros y consultas, por mucho que se diga que “el pueblo es sabio”. López Obrador y su equipo deben ejercer el poder, definir esas políticas públicas que garanticen el desarrollo y no convertirse en expertos del arte del deslinde.

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