Con una decisión (errónea o precipitada, eso el tiempo ya lo dirá), el presidente Enrique Peña Nieto logró lo que los líderes del Frente Ciudadano por México (FCM) no han conseguido: unificarse.
No sólo propició que los liderazgos nacionales de la oposición se unieran en torno a la defensa de Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), sino que esta coincidencia se llevara a las cámaras del Congreso, específicamente al Senado que tiene entre sus facultades nombrar o reinstalar en su cargo al responsable de esa instancia.
Y aunque el procurador General de la República en funciones, Alberto Elías Beltrán, se ha empeñado en convencer a la opinión pública de que el cese fue una decisión autónoma, es difícil creer que (por sus consecuencias), en Los Pinos no estuvieran enterados o, como es lo más probable, que fue desde ahí donde salió la orden.
Lo cierto es que ese despido fue una declaración de guerra del poder Ejecutivo a la Cámara Alta. Y así fue entendida.
Senadores del PAN, PRD, PT y Morena presentaron puntos de acuerdo para objetar la decisión de Elías Beltrán y proceder a la reinstalación de Nieto Castillo al frente de la Fepade.
El artículo 18 transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2014, señala la facultad que tiene el Senado para impugnar la remoción que haga el procurador de la República o, en su caso, el fiscal general, y aclara: “La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones”.
La aritmética legislativa nos arroja estos números: de los 128 legisladores que integran el Senado, 56 pertenecen al PRI y seis a su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); es decir, ambos suman 62 votos, el 48.43% del total. De los otros 66 senadores (el 51.57%), 37 son del PAN; 16 del Partido del Trabajo; ocho del PRD y seis independientes.
Si nos atenemos a lo que dice el citado transitorio, lo que se avecina es una sesión de antología donde se medirán fuerzas y donde no se permitirán faltas o “ausencias casuales“ como ir al baño justo en el momento de la votación.
Pero más allá del resultado, lo que realmente está en juego es la relación entre Poderes e, incluso más importante: la relación del Ejecutivo con la iniciativa privada y con la sociedad civil organizada, que ya han considerado la remoción como un “signo de intolerancia y del neoautoritarismo que está surgiendo en México (https://bit.ly/2gGJfMB).
En el supuesto de que Santiago Nieto no fuera restituido, Peña Nieto tendrá que proponer al Senado una terna para que esta Cámara designe al responsable. No sólo eso: está pendiente el nombramiento de quien ocupará en definitiva la PGR.
Si hay un clima de guerra entre ambas partes, es muy probable que ambas propuestas sean obstaculizadas. Los nombres que el inquilino de Los Pinos sugiera, serán vistos como “incondicionales”, como gente designada para cubrirle las espaldas a él y al PRI. Hay una manzana envenenada y sus efectos amenazan con contaminar y poner en riesgo lo que ya desde ahora se observa como un proceso electoral sumamente difícil. Así, la sucesión de 2018 puede poner en riesgo la gobernabilidad del país.
Periodista, reportera y conductora. Premio Nacional de periodismo por su cobertura en Irak y reconocida por el Foro Económico de Davos, como joven líder mundial.