El 22 de octubre de 2014, Carlos Canto Salgado se halla sentado en una silla, maniatado y con los ojos vendados. Indefenso es interrogado, asfixiado y electrocutado por la autoridad para obligarlo a firmar una confesión en la que se autoincrimina en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La brutal tortura que sufrió Canto Salgado circuló recientemente en un video, a través de YouTube, y se suma a los argumentos de defensa con los que obtuvieron su libertad en 2018 otros implicados: Agustín García, alias El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio, alias El Jona; Patricio Reyes, alias El Pato, y Salvador Reza, alias Lucas o El Wereke.
El uso arbitrario, ilegal e indiscriminado de la tortura en la investigación de los hechos de violencia ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, representa el último clavo en el ataúd de la verdad histórica que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se empeñó en construir en torno a la desaparición de los 43 normalistas.
Si las confesiones de los implicados fueron resultado de tortura física o psicológica, quién puede creer la versión oficial con la que la autoridad cerró el caso en noviembre de 2014 y en la que señala que hay estudiantes normalistas vinculados con el grupo delincuencial Los Rojos.
¿Quién puede creer la versión de que tomaron ilegalmente los autobuses para provocar disturbios en el evento de la esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca? ¿O que fueron narcotraficantes de Guerreros Unidos, quienes los ultimaron e incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula, para luego vaciar sus restos en el Río San Juan?
Una “verdad histórica” llena de inconsistencias y vacíos —señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI)— como la versión de una pira de 43 cuerpos en el basurero de Cocula que duró una noche entera.
En un lugar a cielo abierto y con lluvia, señalaron los especialistas, eran necesarias miles de llantas y de litros de combustible para mantener vivo el fuego. Aun así, se habrían hallado restos humanos y sólo encontraron algunos alambres y un árbol recién nacido, justo en el centro del sitio donde fue el supuesto incendio.
Esa verdad parecía que tenía como fin último mantener al Ejército fuera de la investigación, pese a que hubo contacto de militares con los estudiantes sobrevivientes a la balacera.
¿Alguna vez conoceremos la verdad sobre el caso que significó el fin anticipado de la presidencia de Enrique Peña Nieto y de su partido, el PRI?
Si el gobierno de la Cuarta Transformación se comprometió a acabar con la impunidad y la injusticia, podría empezar por llamar a cuentas a los responsables de construir eso que llaman la verdad histórica de Ayotzinapa.
Es impensable que Enrique Peña Nieto y el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estuvieran al margen de las omisiones y acciones criminales de sus subordinados.