Desde el siglo XV, la justicia se representa con una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia no mira a las personas, sino los hechos, y que es igual para todos. Que actúa sin miedo, ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o la debilidad.
En México, la justicia no sólo es ciega, está descabezada. Se encuentra en el peor de los mundos. La PGR está en manos de un encargado de despacho; no hay un Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y tampoco hay responsable de la Fiscalía Anticorrupción.
El lunes 16 de octubre, de manera sorpresiva, Raúl Cervantes anunció ante la Junta de Coordinación Política del Senado que había presentado su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto.
Cervantes Andrade se había convertido en un obstáculo para la transformación de la PGR en una Fiscalía. En los transitorios del artículo 102 constitucional se establece que el procurador se convertirá en automático en el primer fiscal y que ocuparía el cargo por nueve años.
Colectivos como #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás advirtieron que lo que se pretendía era un #FiscalCarnal que le cuidara las espaldas a Peña Nieto y su gobierno, a partir de 2018, cuando deje el poder.
Cierto o no, Raúl Cervantes se fue y dejó varias bombas de tiempo. Anunció una de ellas: había concluido las investigaciones sobre los supuestos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría entregado a Emilio Lozoya, quien en 2012 era el coordinador de Vinculación Internacional de la campaña peñista.
Se presume que esos recursos habrían financiado en parte la actividad proselitista del PRI hace cinco años.
Como encargado del despacho quedó Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. Sin decir agua va, a cuatro días de ocupar el cargo, anunció la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade.
Se le acusó de violar el Código de Conducta de la dependencia. La destitución se dio luego de que Nieto Castillo reveló a algunos medios que Lozoya Austin, exdirector de Pemex, le envió una carta en la que le pedía que lo exonerara de ese presunto desvío.
El fiscal cesado anunció que objetaría esta decisión ante el Senado. La mayor parte de la oposición lo respaldó. Y luego se desarrolló una telenovela en donde todos quedaron mal: el PRI y sus aliados, por insistir en que la votación para objetar el despido debía ser secreta; la oposición por expresar abiertamente sus diferencias, y el propio Santiago Nieto por señalar que él mismo desistía en su intento de permanecer en el cargo.
En cuanto al fiscal anticorrupción, el Senado tiene pendiente ese nombramiento desde noviembre de 2014. Esta falta impide el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El mayor problema es que la legislación penal para combatir ese flagelo sólo entra en vigor una vez designado el fiscal, según el transitorio primero del decreto que reforma el Código Penal Federal.
Eso significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias que actualmente se procesan, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se desahogarán con la legislación anterior y con una tipología de delitos desactualizada.
De esta forma, la PGR no concluye su transformación en una fiscalía. El proceso electoral 2018 ya está en curso y no hay un fiscal que sancione las anomalías. Y la pugna entre los grupos parlamentarios tiene secuestrado el nombramiento del fiscal que sancione la corrupción.
La justicia en México está ciega y acéfala.