Cuando la noche del 8 de julio, el Congreso de Baja California sesionó para aprobar la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Víctor Morán, con el propósito de ampliar de dos a cinco años el periodo del recién electo gobernador del estado, Jaime Bonilla, se encendieron los focos de alarma: la democracia está en riesgo.
A las bravatas y descalificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza diariamente contra jueces y magistrados, el INE, la CNDH, el INAI y cualquier otra institución que represente un contrapeso al poder vertical y autoritario que quiere imponer, se sumó un nuevo intento de romper el orden constitucional para aprobar una reelección automática, ahora desde un Congreso local.
Justo cuando el pueblo de Baja California necesitaba una oposición legítima para frenar errores, obstinaciones y decisiones dictatoriales, los diputados locales del PAN y del PRI se rindieron ante el nuevo poder de Jaime Bonilla, se quedaron sin dignidad y atentaron contra lo más valioso de una democracia: la voluntad ciudadana.
Si esta inédita maniobra se realizó con tal cinismo y ha sido defendida sin pudor ni mesura, ¿quién garantiza que esta 4T no busque perpetuarse en el poder y reforme el Decreto publicado en el DOF el 10 de febrero de 2017, el cual establece que el mandato del tabasqueño concluirá el 30 de septiembre de 2024?
Jaime Bonilla, gobernador electo, esgrimió que en la boleta en la que votaron los electores no se especificaba que el gobierno sería de dos años; Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, consideró una locura celebrar elecciones cada dos años; y Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, aseguró que el Congreso local tiene atribuciones para modificar el periodo de gobierno. López Obrador se desmarcó tibiamente de la maniobra legislativa. No hubo citas históricas, apología de la figura de Madero ni parábolas sobre el célebre lema Sufragio efectivo, no reelección.
Aunque quisieron escudarse en la popularidad, la voz de la mayoría de los ciudadanos se declaró en contra de la decisión del Congreso estatal de ampliar de dos a cinco años el mandato del futuro gobernador en una encuestra publicada recientemente por el periódico Reforma.
Atropellaron las reglas electorales y dieron un duro golpe a la institucionalidad democrática. Independientemente de la denuncia penal que ya presentó Jaime Martínez Veloz por el delito de cohecho, el camino más viable es llevar una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2014, el Poder Legislativo modificó la Constitución para empatar los calendarios electorales de los estados con los federales, ya que al establecer procesos simultáneos, se reducirían los costos de organización. Por lo tanto, los Congresos locales ajustaron sus reglas y calendarios locales. Tales fueron los casos de Veracruz y Baja California, entre otros.
En su momento, Movimiento Ciudadano pretendió extender el plazo de dos a cinco años el plazo del mandato veracruzano, antes de la celebración de los comicios. La Corte resolvió que las nuevas disposiciones estaban consagradas en la Constitución federal, las cuales no podían ser modificadas por ningún Congreso local. Así es que Miguel Ángel Yunes, al ser el vencedor de la elección, fue gobernador por dos años.
La SCJN tendrá que ser congruente con ese precedente y cerrar el paso a pretensiones reeleccionistas. La democracia exige ética pública, honestidad política, responsabilidad social y pleno respeto a las reglas.