El desabasto de combustible en gasolinerías de diversos estados de la República cumple su segunda semana. Nadie duda de que el mercado negro de la gasolina en México es, desde hace varios años, una industria lucrativa y sangrienta, pero la falta de suministro demuestra que la curva de aprendizaje del gobierno de la Cuarta Transformación va a ser muy larga, para pesar de todos los mexicanos.
Atribuir el desabasto al cambio de estrategia en la distribución del hidrocarburo para combatir el huachicol muestra la falta de información sobre la demanda habitual del consumo familiar e industrial, por cada una de las regiones; y una variable básica: la migración natural propia de la temporada vacacional.
Cientos de familias se quedaron varadas en los sitios que eligieron para vacacionar sin la posibilidad de regresar a sus lugares de origen porque no tenían gasolina; lo mismo ocurrió con empresas que aún no están en condiciones de arrancar el año, porque sus unidades de transporte permanecen estacionadas ante la falta de hidrocarburo.
Tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han insistido en señalar que no hay desabasto, sino problemas de distribución. “No existe escasez de productos ni especulación de precios”, aseguran, pero el resultado es el mismo: la gente acude a las gasolineras para cargar combustible… y no hay.
ejecentral reportó esta semana que las entidades federativas más afectadas por el desabasto de gasolina son, curiosamente, gobernadas por partidos diferentes a Morena. Puebla, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, gobernados por Acción Nacional; Michoacán, por el PRD; el Estado de México y Tlaxcala, por el PRI; y Jalisco, por el ahora gobernador independiente Enrique Alfaro, quien fue postulado por Movimiento Ciudadano, partido del que después se deslindó.
Coincidencia o no, es justo reconocer que, por primera vez, se decidió investigar qué ocurre al interior de Pemex. Ha trascendido que altos funcionarios de la empresa productiva del Estado, desde la gestión de Vicente Fox hasta el sexenio de Enrique Peña, conocían la “ordeña” de los ductos; incluso, se han desplegado cuatro mil 900 policías militares para resguardar sus instalaciones en diferentes puntos del país.
Se trata del mayor operativo jamás instrumentado para controlar toda la red de ductos de la petrolera, detectar los sitios específicos que son saboteados y determinar si son empleados, jubilados, pobladores o bandas del crimen organizado quienes extraen ilegalmente la gasolina y trafican con ella.
El gobierno de la Cuarta Transformación tiene la oportunidad de mostrar de qué tamaño es su talante y enfrentarse a las mafias del crimen organizado, las que por décadas han controlado el comercio ilegal de la gasolina, un lucrativo negocio que según el propio López Obrador asciende a 60 mil millones de pesos anuales.
También deberá probar si es verdadero su compromiso con el combate a la corrupción y llevar a buen puerto las investigaciones relacionadas con el robo del hidrocarburo y deslindar las responsabilidades, incluso, del personal de Pemex involucrado. Debe haber consecuencias y castigo para los responsables. Ni perdón ni olvido.
Pero esa misma estrategia debe incluir la normalización del abasto de la gasolina, no sólo para reactivar la actividad económica y productiva de los estados afectados, sino para que las poblaciones recobren la calma. A nadie conviene la continuidad de las filas interminables ni las disputas violentas para conseguir gasolina o cualquier producto de la canasta básica. México no es Venezuela. ¿O sí?