Hannia Novell

Lo que la mafia del poder no urdió por miedo, incapacidad o pudor, el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador lo hizo. Cedió la soberanía de México ante el gobierno estadounidense de Donald Trump. 

Aunque por ahora logró evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió que su homólogo de Estados Unidos impusiera sus amenazas en la relación bilateral. ¿El resultado? No sólo pavimentó la candidatura presidencial del republicano, sino que militarizó la frontera sur de nuestro país y dio paso a la criminalización de los migrantes. 

En diciembre de 2018, cuando inició el gobierno de la 4T, López Obrador no tuvo en perspectiva los afanes reeleccionistas del magnate norteamericano ni el ambiente antinmigrante que se vive en estados republicanos.  

Su obcecación por vivir aislado de la realidad internacional lo llevó a impulsar la creación de “ciudades santuario” para los migrantes centroamericanos en territorio nacional; es decir, actuar como ONG, no como gobierno para gestionar el fenómeno de la migración.

En las negociaciones de la semana pasada, la soberanía y la dignidad de México fueron severamente lastimadas. Primero, porque al cierre de esta edición, ninguno de los dos países había transparentado el acuerdo íntegro y la información que se dio a conocer en un comunicado conjunto revela el triunfo del gobierno de Trump, con la construcción de un muro invisible, el cual pagará México y que consiste en el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.

Mientras, México acepta que permanezcan en territorio nacional aquellos migrantes que están en espera de que Estados Unidos les conceda asilo, durante el tiempo que dure el juicio. 

En ese periodo, las autoridades mexicanas se comprometen a ofrecer a los migrantes oportunidades de empleo, salud y servicios de educación; además de desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales.

Especialistas en la materia, como Alejandro Hope, han señalado que desplegar a seis mil integrantes de la Guardia Nacional significa un gasto de tres mil 600 millones de pesos por año, el triple del presupuesto del Instituto Nacional del Migración (INM) y 170 veces más el presupuesto destinado a la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados (Comar).  

Son más guardias que los que se utilizaron en 2006 y 2010 en Michoacán y Ciudad Juárez, respectivamente, para hacer frente a la crisis de seguridad de esas localidades, durante la llamada “guerra contra el crimen organizado”.

Todavía falta calcular los costos de los programas de empleo, salud y educación para los migrantes que esperan la respuesta de la unión americana. ¿Cuántos son, 50 mil, 90 mil, 120 mil? Nadie sabe con precisión. Además hay que sumar el gasto necesario para los albergues y manutención.

Todo esto sin contar el obscuro acuerdo por el cual, según Trump, “México se comprometió a comprar de inmediato gran cantidad de productos agropecuarios”. Y aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se ha empeñado en desmentir esa versión, lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta si se nos está ocultando y cuál será el costo para los productores mexicanos.

Sería deseable que el gobierno de la 4T decida mirar con estrategia el futuro y se haga presente en el concierto internacional para abrir nuevos mercados y alianzas, sin quedar sujeto a las vacilaciones emocionales de Donald Trump y a nuevas amenazas de imposiciones arancelarias. 

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