El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado la idea de que la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es el estandarte del combate a la corrupción y del fin de la impunidad. Lo cierto es que puede convertirse en el desatino más desafortunado de su gestión.
Esta es la historia de un despropósito: en octubre de 2018, el Presidente electo anunció la cancelación del NAIM en Texcoco y señaló que la construcción se realizaría en la base militar aérea de Santa Lucía.
Luego surgió la posibilidad de licitar la conclusión de la obra a la iniciativa privada. Después, emergió la idea de la consulta ciudadana, en la que sólo votó un millón de los 89 millones de mexicanos que participaron en la elección presidencial de 2018. El pueblo sabio decidió que la opción era Santa Lucía.
Esto a pesar de las protestas de los inversionistas, organizaciones aeronáuticas como MITRE, así como de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que coincidieron en advertir la inviabilidad del proyecto de Santa Lucía.
Hoy por hoy, continúan las críticas contra el proyecto de la base militar mexiquense por la complejidad de operaciones, embotellamiento del tráfico aéreo, así como graves dificultades de interconexión de pasajeros con el AICM y el de Toluca.
Además, su funcionalidad quedará rebasada tan sólo 10 años después del inicio de operaciones y los problemas de conectividad llevarán a las aerolíneas internacionales a cambiar sus vuelos hacia Houston o Panamá, para evitar los costos que implicará llegar a la Ciudad de México.
¿Será porque la animadversión se mantiene y no ha logrado acallar la fuerza de argumentos, la exposición de mejores prácticas internacionales, ni la voz de expertos extranjeros que López Obrador decidió inundar las obras del NAIM en Texcoco? “Ahogar”, literalmente, una obra civil que hasta diciembre de 2018 costó 17 mil millones de pesos.
Como si el sector salud no estuviese en emergencia nacional; como si el desabasto de medicinas, hospitales y camas y de personal médico y de enfermería, en todo el país fuese inexistente, se destinarán —sólo inicialmente— mil 600 millones de pesos para inyectar litros de agua y oxidar varillas, reventar el cemento, desaparecer las estructuras, las pistas, la cimentación existente. Un despropósito.
El líder de la 4T ya tomó una decisión definitiva y está dispuesta a usar mil 600 millones de pesos del erario, que no debe usarse para fines personales porque es dinero del pueblo y para el pueblo. Esos recursos públicos serán utilizados para que a nadie se le ocurra revivir al NAICM.
Recientemente, el Poder Judicial ha dado muestras de independencia. Un tribunal federal ordenó a la Conagua mantener intactas las obras del NAICM, en tanto no se resuelvan los amparos promovidos en contra de la decisión de la autoridad. Tampoco podrán continuar las obras de construcción del aeropuerto en Santa Lucía, mientras el gobierno no cuente con todos los estudios de impacto ambiental y los de seguridad aeronáutica.
Son 150 amparos que interpuso la asociación #NoMásDerroches, para que los jueces resuelvan los reclamos relacionados con las pérdidas económicas ocasionadas a la hacienda pública por la cancelación del proyecto, también por los daños ecológicos, antropológicos e históricos, y —lo más relevante—, el aval de la seguridad en las operaciones aéreas.
Si los tribunales resuelven los amparos sobre Texcoco y Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría acudir a la Suprema Corte. Ahí veremos el talante e independencia de los ministros del más alto tribunal del país.