Los hispanos que viven en Estados Unidos decidieron armarse, defenderse.
No quieren ser las víctimas de una nueva masacre perpetrada por los extremistas raciales.
Es la Ley del Talión.
Tradicionalmente, los latinos que residen en la Unión Americana se habían negado a portar armas. Aunque la segunda enmienda de la Constitución se los permite, como a cualquier ciudadano estadounidense, sólo 15% de los hispanos que vive en Estados Unidos están armados; cifra que contrasta con 24% de la población afroamericana y 36% de los blancos, de acuerdo a cifras del Pew Research Center (PEW).
El rifle automático que disparó Patrick Crusious en El Paso, Texas, cambió el escenario. No sólo cegó la vida de 22 personas, sino que exaltó el coraje de una comunidad que a fuerza de trabajo y sacrificios consiguió una residencia, el sueño americano con una mejor expectativa de vida. Abandonaron el hogar y a la familia, con dolor y nostalgia dejaron a su patria en el pasado. ¿Para qué? ¿Para ser víctimas mortales del racismo?
Algunos días después del tiroteo en el Walmart de El Paso, circuló en las redes sociales la fotografía de una niña con rasgos latinos, quien levantaba una pancarta con la leyenda: We will ever forget it. También circularon imágenes que retrataban largas filas de hispanos frente a una tienda de armas y los testimonios de quienes, por primera vez, compraron una pistola.
La masacre en Texas cimbró a la comunidad latina que reside en Estados Unidos desde lo más profundo. A algunos los mueve un ánimo de venganza a otros, el miedo. Unos y otros eligieron el mismo instrumento: las armas.
En un país donde hay más armas que ciudadanos, es peligrosa la combinación de dos factores: un discurso de odio antinmigrante promovido desde la Casa Blanca y el fanatismo de supremacistas raciales dispuestos a matar; y grupos de migrantes, legales o no, determinados a usar las armas para la venganza o la defensa de sus vidas.
Las cifras son concluyentes. En Estados Unidos hay 329 millones de habitantes y 393 millones de armas de fuego registradas legalmente, según la Agencia para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Es decir, al menos hay un arma en manos de cada habitante, sin tomar en cuenta el mercado negro. De esas armas, 638 mil son fusiles de asalto, como los que se utilizaron en los recientes tiroteos registrados El Paso, Texas y Dayton, Ohio, con 31 víctimas mortales.
No es casualidad que, tan sólo durante el primer semestre de este año se hayan registrado 250 tiroteos en diversos estados de la Unión Americana y una escalada de crímenes de odio por motivos de raza, etnia u origen de 18% desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, de acuerdo a un reporte del Centro de Estudios sobre el odio y el extremismo.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) ejerce una fuerte influencia sobre el poder político. La razón por la cual resulta impensable una medida legislativa para regular el mercado de armas es muy sencilla: en las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump recibió 11 millones 438 mil 118 dólares para su campaña y también entregó 19 millones 756 mil 346 dólares a grupos opositores a Hillary Clinton.
La industria de la guerra ha sido uno de los motores de la economía estadounidense.
Pero una cosa es intervenir y provocar conflictos bélicos en otras naciones del mundo y otra, muy distinta, continuar con un discurso de odio al interior de los Estados Unidos.
Un discurso de odio que ya mueve conciencias y armas.