Hannia Novell

La democracia es una forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo. Lo hace a través de autoridades y legisladores que elige por medio del sufragio universal, directo y secreto. El máximo representante de los ciudadanos es quien ejerce el Poder Ejecutivo y la facultad fundamental de éste es organizar, planificar, ejecutar y evaluar las acciones en beneficio del país.

La ciudadanía le “cede” el poder para tomar las decisiones que representen claros beneficios para el interés común. En muchos casos, se trata de decisiones complicadas y difíciles (el cobro de impuestos, por ejemplo) o demasiadas técnicas (la construcción de una importante obra de infraestructura), por lo que el Ejecutivo electo tiene la responsabilidad de definir qué es lo más conveniente para el bien común.

Ahora bien, para que la democracia no se quede sólo en la emisión del voto el día de los comicios, se han creado mecanismos de democracia directa como la consulta popular, con los que se pretende involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones relevantes para el país mediante el ejercicio del voto directo y universal.

Sin embargo, no todo puede ser objeto de consulta. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), es objeto de su materia cualquier cuestión de trascendencia nacional siempre y cuando no involucre: la restricción de los derechos humanos; la seguridad nacional; los principios sobre la forma de gobierno; la legislación electoral; los ingresos y gastos del Estado, y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Sin estar todavía en funciones, Andrés Manuel López Obrador, el Presidente electo, sometió a consulta el NAIM con los resultados todos conocidos: ganó la opción de construir dos pistas en Santa Lucía para complementar su operación con el actual Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México y el de Toluca, con 747 mil votos (69%), frente a 310 mil 463 personas que votaron por continuar el NAIM de Texcoco (29 por ciento).

No satisfecho, López Obrador anunció que los próximos 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo la Segunda Consulta Nacional Ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos sobre 10 programas y proyectos de la nueva administración federal.

Entre los temas que incluirán en la segunda consulta está el Tren Maya, la construcción de la nueva refinería Dos Bocas, en Tabasco; el proyecto del Istmo de Tehuantepec, y la pertinencia de 10 programas sociales.

Sin embargo, algo que llamó la atención en la conferencia de prensa donde se hizo el anuncio fue que Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, adelantó que el 16 de diciembre, en Palenque, dará inicio a la construcción del Tren Maya.

Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fonatur, reveló incluso que indígenas mayas realizarán “de acuerdo a sus usos y costumbres, un ceremonial muy respetuoso de la tierra para iniciar los trabajos”. De hecho, apuntó que ya se solicitó una primera partida a la Secretaría de Hacienda de aproximadamente seis mil millones de pesos para iniciar la primera etapa de los trabajos.

Entonces ¿para qué hacer una consulta sobre un proyecto que ya está decidido, presupuestado y en vías de ponerse en marcha?

Tengo la impresión de que AMLO quiere esas consultas para legitimarse, para decir que escucha al “pueblo sabio”. Se le olvida que ese pueblo optó por él para manejar las riendas del país. Las consultas no deben convertirse en un mecanismo para que eluda su responsabilidad como titular del Ejecutivo.

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