¿En qué parte del mundo alguna autoridad puede “presumir” como un triunfo la localización de más de 160 cráneos humanos? Aquí, en México. Y para ser más precisos, en el estado de Veracruz.
El pasado jueves 6 de septiembre, el fiscal General, Jorge Winckler, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que gracias a “actos de investigación”, se logró “identificar, ubicar y obtener el testimonio de una persona” que señaló un punto en la zona centro del estado en donde habían sido inhumados de manera clandestina cientos de personas.
Detalló que el 8 de agosto se realizó una inspección en el lugar señalado y con el apoyo de “tecnología de punta” (drones, georadares y sondas de búsqueda), se localizaron los restos de al menos 166 personas. Horas más tarde se informó que eran 168 y la cifra se cerró en 174.
Además de los restos humanos, se ubicaron 200 prendas, 114 identificaciones, así como “diversos accesorios y artefactos personales”. Del análisis antropológico de los hallazgos, Winckler aseguró que fue posible determinar que se trata de inhumaciones clandestinas “de al menos dos años de antigüedad”.
Organizaciones que durante años se han dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, y que han suplido la omisión y negligencia de las autoridades locales encargadas de esas funciones, salieron de inmediato para calificar de “irresponsables” los señalamientos del fiscal.
Mediante un comunicado, dudaron si la escena fue procesada de manera adecuada, el proceso para determinar el tiempo que los restos humanos llevaban en ese lugar y si hay más de esas 32 fosas.
Además, reclamaron que no se les haya informado con anticipación y que no se les haya invitado a participar en la exhumación, tal y como se acordó en los protocolos de notificación que han firmado con las autoridades. Demandaron que se les dé acceso a la carpeta de investigación para que sea revisada por expertos ciudadanos en el tema y especialmente, exigieron que no haya una revictimización.
La fundadora y directora del colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Henao, denunció que el hallazgo presumido por la Fiscalía del estado “es una abominación, es un fracaso”. También acusó a la dependencia que dirige Winckler de no ser “sensible” ante el dolor de los familiares de desaparecidos.
Fue esta organización la que en 2016 recibió un mapa anónimo con información del predio denominado Colinas de Santa Fe, a escasos kilómetros del Puerto de Veracruz. Los familiares, por sus propios medios, excavaron el lugar. Luego se ubicó otra fosa en El Arbolillo.
Durante dos años, los colectivos y autoridades federales y estatales lograron en ambas la ubicación de 339 cuerpos, pero sólo se logró identificar con nombre y apellido a 32 personas, el 9.4% del total.
El fenómeno, por desgracia, no es privativo de Veracruz. La CNDH presentó en abril de 2017 el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, en el que reveló que del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, en el país se habían localizado 855 fosas clandestinas, de cuyo interior se habían exhumado mil 548 cadáveres y restos óseos.
Sin embargo, aclaró que un muestreo hemerográfico realizado en el mismo periodo permitió advertir un total de mil 143 fosas clandestinas localizadas en territorio nacional, de las que se desprende la exhumación de tres mil 230 cadáveres y restos óseos.
Esto es la barbarie. No es exagerado decir que el caso de Veracruz se puede reproducir en muchas otras entidades del país. Si este horror no se detiene, México se puede convertir en el cementerio más grande del planeta y eso, no es de presumir, es una vergüenza de tamaño imperdonable.