Hannia Novell

El próximo 18 de julio vence el plazo para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcione conforme a lo previsto en la Constitución. Para que eso ocurriera, era necesario que los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México adecuaran sus leyes locales.

Sin embargo, sólo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria, mientras que nueve aún no han modificado sus respectivas Cartas Magnas, de acuerdo con el Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción , elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

Para que el SNA operara a plenitud, también se requería que el Senado aprobara el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

De la misma forma, se necesita que el Comité Coordinador del SNA apruebe el formato oficial para que los servidores públicos presenten su 3de3, es decir, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Ese formato es fundamental para saber qué tanto se va a transparentar.

Todas esas condiciones no se han cumplido y por el contrario, se lanzó una campaña para debilitar desde su origen el desempeño del SNA.

El origen de los ataques está en el propio Senado, y ha utilizado a medios como El Universal para esos fines. En sus ediciones del 29 y 30 de junio y del 1 de julio, ese diario publicó en sus primeras planas información que ponía en entredicho la imparcialidad con la que una Comisión de Selección, integrada por nueve académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, eligió a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Para rematar la andanada, el presidente del Senado, Pablo Escudero, señaló que percibieron una serie de actuaciones que, por decir lo menos, fueron acusadas de opacas, que no han respondido por encontrar a los mejores hombres y mujeres que integren estos órganos, que hubo conflicto de interés, que no son transparentes, que se está haciendo un club de amigos y que se está seleccionando por cuates.

Al legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se le olvida algo: es el órgano que preside el que ha incumplido con los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y de los magistrados del TFJA.

Que en su cortoplacismo, el Senado tomó de rehén esas designaciones en función de los resultados electorales del 4 de junio en el estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

También olvida que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (Peschard, Mariclaire Acosta, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfonso Hernández Valdez y José Octavio López Presa), son personas honorables y dedicadas a la lucha contra la corrupción. Por esas .notas imprecisas, sin sustento fáctico, seis colaboradores de El Universal anunciaron que dejarán de escribir en sus páginas. Y esa es la respuesta que debemos tener como sociedad: hay que defender al SNA.

Es claro que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene muchos enemigos: los gobernadores que actúan como virreyes y desvían el erario para su enriquecimiento personal, y los legisladores que exigen moches o dinero en efectivo para financiar sus campañas o aprobar leyes a modo.

Eso no puede seguir ocurriendo. La corrupción es la madre de todos los males que aquejan al país. Con el SNA estamos en posibilidades de dar los primeros pasos serios para acabar con ese fenómeno. Si permitimos que sea aniquilado antes de que nazca, estaremos condenados a que México sea un país de corruptos, pero claro que a muchos se les hace más fácil estirar la mano y recibir billetes.

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