Hannia Novell

“Soy respetuoso de las instituciones, pero todo tiene un límite (…) no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar que violamos suspensiones, yo tengo que ver por el beneficio de la gente”, dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ante la decisión del juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, quien ordenó la inmediata suspensión de la construcción de la Línea 7 del Metrobús, hasta que se defina si la avenida Paseo de la Reforma es monumento histórico protegido.

El juez argumentó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas prohíbe construir sobre monumentos históricos, y que el Bosque de Chapultepec es considerado como tal desde el 9 de febrero de 1931. El 1 de junio de 2017, Silva García concedió la suspensión provisional para que las autoridades capitalinas garantizaran la construcción en “zonas tangenciales”, por lo que no se afectarían las áreas sensibles del Bosque y de Reforma.

Al día siguiente, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH señaló que el Paseo de la Reforma “es monumento histórico por determinación de ley”, y sólo pueden efectuarse obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación. Por ello, el juez concedió la suspensión definitiva y el “cese, de manera total”.

Mancera Espinosa parece dispuesto a correr el riesgo de desacatar una resolución judicial. “Vamos a dar los argumentos porque tenemos la razón. Estamos trabajando en beneficio de la gente, para defender a la Ciudad de México”. Es imposible no comparar este hecho con lo ocurrido en 2004 con el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien fue acusado de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una avenida en un terreno expropiado, El Encino, para conectarla con un hospital privado en la zona de Santa Fe.

Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden fue dilatorio y se responsabilizó directamente al tabasqueño. El entonces presidente Vicente Fox ordenó a la PGR presentar un juicio de desafuero contra el mandatario capitalino, quien argumentó un complot para evitar su candidatura presidencial en 2006.

La historia ya la sabemos y parece que Mancera Espinosa quiere seguir el mismo camino. Si incumple la orden judicial, podría ser sometido a un desafuero, pero el cálculo es erróneo. El 24 de abril de 2005 hubo una concentración en el Zócalo en apoyo de López Obrador. Autoridades capitalinas calcularon el contingente en un millón de personas. El gobierno federal estimó “centenares de millares”, aunque la cifra fue suficiente para que Fox Quesada diera marcha atrás y solicitara la renuncia del procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha.

El escenario para Mancera es distinto: vecinos de las zonas afectadas se oponen a la obra, además de la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), que promovió el amparo, y  los líderes de transportistas que circulan por la zona.

Los amparos y suspensiones son a favor de Morena, otrorgados por el mismo juez Fernando Silva García, por quien han pasado los casos de Ficrea; la Ley de movilidad y las fotomultas en la CDMX.

¿Casulalidad o tenemos jueces a modo? Sólo es una duda razonable.

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