Hannia Novell

Para el domingo 18 de junio, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio cumplirá un año de su implementación y no sólo es objeto de críticas sino que incluso se le responsabiliza del incremento en los índices delictivos en varias entidades del país.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reacio a aceptar que la delincuencia está a la alza, es una de las voces que acusan a este nuevo modelo de dar garantías a los delincuentes, de dificultar el proceso legal y de fomentar la evasión a la justicia.

Ha señalado, por ejemplo, que en 12 meses que tiene de vigencia, 15 mil delincuentes han sido liberados y hoy se encuentran en las calles capitalinas para dar continuidad a su historial criminal.

Los gobernadores se han mostrado alarmados porque las estadísticas del Sistema Penal Acusatorio demuestran un incremento en los delitos del fuero común.

De ahí que durante la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), del pasado 3 de mayo, 29 mandatarios estatales firmaron un documento en el que demandaron la reforma de un modelo que, según ellos, “ha mostrado serias deficiencias”.

A partir de esa fecha, la Conago prepara la iniciativa para modificarlo y que será presentada a los diputados y senadores a fin de que en septiembre próximo, en el próximo periodo ordinario de sesiones, se discutan los cambios necesarios.

El aumento en los ilícitos es una realidad. Basta revisar las redes sociales para comprobar que artistas, periodistas, empleados de empresas públicas y privadas, estudiantes y hasta menores de edad, se han convertido en víctimas. El hampa no discrimina. La actriz Betty Monroe relató la semana pasada: “Me asaltaron en Mixcoac. Me pusieron la pistola en la cabeza y me quitaron mi cadena y mi bolsa, todas mis tarjetas las tuve que cancelar y pues nada, estamos muy tristes y nos tuvimos que regresar al teatro”.

Apenas en un mes asaltaron a una doctora en la zona de hospitales por robarle el cambio que traía para un café la apuñalaron, también mataron  dos doctores más a uno le sacaron un ojo.

El Observatorio Nacional Ciudadano reveló que durante el primer cuatrimestre de 2017, el robo a transeúnte creció 38.2%; el homicidio culposo, 22.4%, y el homicidio doloso 16.2% respecto al mismo periodo del año pasado.

Francisco Rivas, director de esa organización, comentó que el incremento delictivo no se le puede achacar al nuevo sistema de justicia penal como lo ha dicho el jefe de Gobierno, pues “las autoridades son las responsables de aplicarlo”.

A los ciudadanos poco nos importa este debate estéril. Lo cierto es que en cada asalto del que somos víctimas, no solo perdemos objetos materiales. El terror, la impotencia, la frustración hace que también se nos robe algo de dignidad.

Y cuando nos quitan identificaciones, tarjetas de débito y crédito, credenciales del trabajo o de la escuela, también se apoderan de nuestros datos. Nos convertimos en rehenes de los delincuentes que saben dónde vivimos, trabajamos y estudiamos. Si denunciamos, se pueden vengar. Si es el nuevo sistema penal o las autoridades encargadas de implementarlo, es lo de menos. Les exigimos que no nos sigan robando nuestra identidad y nuestra dignidad.
Periodista, reportera y conductora. Premio Nacional de periodismo por su cobertura en Irak y reconocida por el Foro Económico de Davos, como joven líder mundial.

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