Hannia Novell

Cuando el PRI perdió la Presidencia en el 2000, los gobernadores se sintieron huérfanos de la línea dictada desde Los Pinos. Rápidamente suplieron esa orfandad asumiéndose como dueños de sus territorios. Se transformaron en virreyes.
Dos sexenios después, cuando los priistas regresaron a la silla presidencial, esos virreyes intocables y creyeron que podían continuar con el saqueo de arcas para engrandecer de manera su fortuna personal.

Algo olvidaron: México ya no es el mismo país. La oposición, la alternancia en el poder y, en especial, la sociedad civil, están vigilantes, dispuestas a denunciar y a no tolerar más corrupción e impunidad. De ahí que este sexenio sea inusualmente prolífico en cuanto al señalamiento y detención de exgobernadores.

El caso más reciente ocurrió el pasado 6 de octubre: el exgobernador de Tamulipas, Eugenio Hernández, fue capturado por la presunta compra ilegal de mil 600 hectáreas de terrenos en Altamira.

Hernández Flores, quien gobernó de 2005 a 2010, fue puesto a disposición de un juez local acusado de peculado y lavado de dinero. Enfrentará el proceso tras las rejas.

Y si él es el más reciente en la ignominiosa lista, el primer lugar en este sexenio lo ocupa Andrés Granier Melo. El mandatario de Tabasco de 2006 a 2012, fue detenido por la PGR en junio de 2013, por lavado de dinero y defraudación.

El 4 de abril de 2014, Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán en 2013, fue aprehendido por presuntos vínculos con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.

Si todos los casos anteriores corresponden a exgobernadores del PRI, Acción Nacional ha hecho su aportación a este listado de la ignominia. Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, fue detenido el 10 de julio de 2015. Aunque fue sentenciado a seis años de prisión por ejercicio indebido del servicio público y peculado,  enfrenta los cargos en libertad.

Otro panista, Guillermo Padrés, de Sonora, fue arrestado el 10 de noviembre de 2016, luego de entregarse de manera voluntaria ante un Juzgado del Reclusorio Oriente para hacer frente a los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Mario Villanueva, extitular del Ejecutivo de Quintana Roo, fue extraditado a territorio nacional el 19 de enero de 2016, luego de cumplir una condena en Estados Unidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Aquí deberá enfrentar una condena de 22 años.

También están los casos de Flavino Ríos, interino de Javier Duarte en Veracruz, quien luego de pagar una fianza de cinco millones de pesos, está en prisión domiciliaria por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y encubrimiento al permitir la fuga de su antecesor.

A esta larga lista se suman los casos de Duarte de Ochoa, detenido el 15 de abril de este año en Panajachel, Guatemala; el de Tomás Yarrington, también tamaulipeco, capturado en Florencia, Italia, quien será extraditado a Estados Unidos por colaborar con Los Zetas y el Cártel del Golfo en su administración.

El priista Roberto Borge, también quintanarroense, está en Panamá y en miras de ser extraditado al país por lavado de dinero. Finalmente, queda pendiente la aprehensión de César Duarte, exgobernador de Chihuahua a quien su sucesor, Javier Corral, acusa de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ese es el cuadro de honor de la ignominia. El retrato de los virreyes que se creyeron intocables y que nunca se dieron cuenta que el país al que pretendían manejar ya no es el mismo. Se les venció la licencia para saquear.

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