Hannia Novell

Fueron silenciados con escasas semanas de diferencia. Cecilio Pineda Birto, director del diario La Voz de la Tierra Caliente, fue ejecutado el pasado 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero. Dos semanas después, el 19 de marzo, el periodista veracruzano Ricardo Monlui Cabrera, director del diario impreso El Político, fue asesinado en el municipio de Yanga.

Tres días más tarde, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada a balazos cuando salía de su domicilio, en la ciudad de Chihuahua. Un sujeto abrió fuego en su contra y le disparó en ocho ocasiones. Ella era corresponsal de La Jornada y también trabajaba para el periódico Norte de Ciudad Juárez, que cerró el pasado 2 de abril. El sicario dejó en el lugar de los hechos un mensaje: “Por lenguona”.

DEL OFICIO MÁS BELLO AL MÁS PELIGROSO

En una década, la organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 101 periodistas en el país, posiblemente relacionados con su labor informativa. En ese lapso, 2016 se corona como el más sangriento con 11 muertes. Le siguen 2008 y 2010 con 10 asesinatos de informadores, respectivamente.

De las muertes registradas, 27 se dieron en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto: ocho en Oaxaca y seis en Veracruz, entidades con el mayor número de asesinatos en este sexenio. A esas cifras hay que sumar los tres crímenes de este año. Sin embargo, hasta ahora, la administración de Felipe Calderón es en la que más informadores fueron asesinados con 48, mientras que con Vicente Fox sumaron 22.

FALLAN MECANISMOS DE PROTECCIÓN

La tarde del pasado sábado 25 de marzo, un contingente de periodistas, comunicadores, blogueros, fotógrafos, editores, redactores, reporteros, activistas y actores marcharon del Ángel de la Independencia a la PGR.

Lanzaron consignas como “Justicia”, “Ya basta de balas” y “No más periodistas asesinados”, para destacar la gravedad de la situación en la que se encuentra el gremio y denunciar el fracaso de las instituciones creadas para la defensa de periodistas.

El ejemplo más claro (y al mismo tiempo absurdo) es que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no tiene presupuesto de operación en este año. El fideicomiso fue creado en 2012 con un monto de 40.8 millones de pesos.

Para 2016 sus recursos ascendieron a 88.9 millones; no obstante, en el año en curso, el presupuesto es de cero pesos, de ahí que se han tomado los remanentes de ejercicios anteriores para mantenerlo vigente.

De las 604 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, de diciembre de 2012 a enero de 2017, sólo hay tres sentencias condenatorias.

Se trata de medidas totalmente insuficientes que ni protegen a los comunicadores ni disuaden a los agresores y mucho menos los castigan.

NO NOS VAN A CALLAR

Pese a la intimidación, algo debe quedarles claro a quienes pretenden silenciarnos: no lo van a lograr. Por cada ataque, habrá notas, columnas, editoriales, artículos y cartones para defender un derecho fundamental de la sociedad: el de estar informada.

El crimen organizado no nos va a callar. No aceptaremos que nos impongan una mordaza y mucho menos, que nos condenemos a la autocensura. El silencio es el mejor cómplice de la impunidad.

Enarbolaremos nuestras mejores armas: la palabra escrita o hablada y las imágenes para demostrarles que somos más que ellos, porque nos asiste la verdad y la defenderemos.

@HanniaNovell
Periodista, reportera y conductora. Premio Nacional de Periodismo por su cobertura en Irak y reconocida por el Foro Económico de Davos, como joven líder mundial.

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