Hannia Novell

Independientemente de los candidatos y partidos que triunfaron en los comicios del pasado domingo, hay un grave riesgo de que el país pierda y de que todos perdamos si se imponen actitudes intransigentes.

Es un hecho de que los resultados del Estado de México y de Coahuila se tendrán que dirimir en el ámbito judicial. Eso no debe asustar a nadie, es parte de la normalidad democrática y para ello existen tribunales electorales locales y una instancia superior a nivel federal.

El problema es que en el camino de la vía jurídica se atraviese el chantaje en dos de sus expresiones: la violencia y la concertacesión.  México ya ha visto esas películas: el 30 de julio de 2006, Andrés Manuel López Obrador exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenara un recuento de “voto por voto, casilla por casilla”.

El cómputo distrital del IFE reportó 15 millones 284 sufragios para Felipe Calderón, equivalentes al 35.89% de la votación; mientras que el abanderado de la coalición Por el Bien de Todos obtuvo 14 millones 756 mil 350 sufragios, el 35.31 por ciento. Lo que representó una diferencia entre ambos de 0.58 por ciento.

Por instrucciones del tabasqueño, se instalaron 47 campamentos en la plaza del Zócalo y a lo largo de Paseo de la Reforma. “Si se cierran los cauces democráticos, sólo quedan el sometimiento o la violencia. Por eso, es que tenemos que defender la democracia y hacerla valer”, argumentó.

Las consecuencias, además de las molestias a la movilidad de los capitalinos, fueron estimadas por la Concanaco en pérdidas diarias por 203 millones de pesos para los 32 mil negocios ubicados en la avenida.

La otra forma de chantaje político son las concertacesiones. Carlos Salinas de Gortari inició su gobierno bajo una severa crisis de legitimidad producto de las cuestionadas elecciones de 1988. Su respuesta fue tejer acuerdos y negociaciones con el PAN.

Así, en la elección de gobernador de 1989, el PRI reconoció la derrota antes de cerrar casillas. Después trascendería que la elección se había pactado entre el entonces presidente nacional panista Luis H. Álvarez y el primer mandatario, en pago al apoyo de ese partido a la calificación de las polémicas elecciones del año previo.

A 28 años de distancia, esas dos tentaciones están vigentes. López Obrador, ahora como dirigente de Morena, ha amenazado con un nuevo “voto por voto”, luego de desconocer el triunfo del priista Alfredo del Mazo.

¿Qué hará ahora? ¿Cerrará el Paseo Tollocan? ¿La Autopista México-Toluca? Como en el pasado, volverá a desempeñar el papel de víctima. Nuevamente denunciará que la “mafia en el poder” organizó un complot en su contra para robarle “a la mala” la elección. En lo que respecta a Coahuila, parece que el PAN de Ricardo Anaya irá hasta sus últimas consecuencias para darle a Guillermo Anaya la gubernatura. Hay molestia en el panismo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto incumplió su compromiso de permitir que la campaña de Josefina Vázquez Mota fluyera, y en cambio, destapó información de supuestas investigaciones a su familia por lavado de dinero. Esas facetas del chantaje político amenazan al país. Las dos pueden llevarnos a una espiral de violencia verbal y física que en la víspera de la sucesión presidencial pueden ser peligrosas.

Mi voto es por las instituciones, por el desahogo legal de las controversias, porque nuestra democracia nos ofrezca dos elementos básicos de la convivencia: la prudencia y la tolerancia.

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