Hannia Novell

Buenos días, Venezuela. Tenemos Asamblea Constituyente (…) El nuevo día, 31 de julio, lindo amanecer del 31 de julio frente al padre libertador”.

Esas fueron las palabras con las que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la elección de los delegados encargados de redactar la nueva Constitución de ese país. Un proceso que, durante los últimos meses, ha polarizado a la sociedad, sumiéndola en una imparable ola de violencia.

Durante la jornada electoral del domingo pasado, 10 personas perdieron la vida (según la cifra oficial), aunque la oposición la cifró en dieciséis. Desde abril, la Fiscalía General de Venezuela contabilizó 121 muertes y cerca de dos mil heridos. Una Fiscalía, por cierto, a cargo de Luisa Ortega, quien ha desafiado a su jefe: ”Me dirijo al país (……) para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial (…) Estamos frente a una ambición dictatorial”.

Henrique Capriles, una de las cabezas de la oposición, también fue claro: ”Nosotros, como lo hemos dicho desde el primer minuto, no  reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe y vamos a seguir en pie de lucha”.

En esta semana la Asamblea Constituyente se instalará. Rendirán protesta aquellos que fueron electos: el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello; Cilia Flores, esposa del presidente venezolano; la exministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, y la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Todos ellos fieles y leales al madurismo.

La Constituyente tendrá dos facultades básicas:

Transformar al Estado (cambiar todo el orden constituido, así como a todos los poderes electos y revocarlos y suspenderlos, mediante un poder ilimitado) y crear un nuevo ordenamiento jurídico (formar la nueva normativa legal del Estado, así como reafirmar, suspender o derogar leyes vigentes o partes de las mismas).

Diosdado Cabello reconoció que la Asamblea Nacional Constituyente “puede asumir todas y cada una de las atribuciones que tiene la actual Asamblea Nacional”, es decir, disolver al Congreso, hoy está dominado por la oposición.

Además de destituir a funcionarios incómodos, como la fiscal Ortega. En los hechos, la Constituyente puede dar un golpe de Estado. A la tensión política se debe agregar el descontento social.

Hay escasez de productos de primera necesidad, control de precios y una contracción económica de 35%, debido a que el pilar del desarrollo, el petróleo, registró una caída de medio millón de barriles en su producción diaria.

También hay presión desde el extranjero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al presidente Maduro: congeló todos sus activos y prohibió que ciudadanos o entidades estadounidenses puedan hacer transacciones con él. ”No obedezco órdenes imperiales”, respondió el venezolano.

Pero eso no es todo. Una decena de países de América y Europa desconocieron o censuraron la elección de la Constituyente, México entre ellos.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó los incidentes de violencia y alertó que, de continuar con sus planes, Maduro sólo provocará que el conflicto se prolongue.

Venezuela vive horas duras, críticas, dolorosas y muy peligrosas. Ya no hay vuelta atrás. La guerra entre el régimen de Maduro y la oposición está declarada.

La tentación de la violencia está cada vez más latente y todo hace pensar que el escenario más próximo para ese país es la guerra civil.

Compartir