En el predio de Bolívar 168 esquina Chimalpopoca hoy hay una explanada vacía y silencio. Aunque también se levanta una columna imaginaria de irregularidades por esclarecer, se evidenció el abandono de las autoridades a los deudos y queda pendiente la justicia para los 15 que murieron, tras el colapso inmediato del edificio que albergó hasta que el sismo en segundos lo hizo un polvorón.
A un año de distancia, las dudas sobre los permisos del inmueble para albergar a cinco empresas en un edificio con suelo mixto, es decir para vivienda en su mayoría y solo para negocio los locales de la parte inferior siguen siendo eso. Y las demandas penales contra Inmobiliaria Inmobico S.A. de C.V., de Antonio Cojab Sacal, que interpusieron familiares de los fallecidos junto a los propietarios de las firmas avanzan lento. Las autoridades que prometieron todo el apoyo han brillado por su ausencia en este largo proceso. Tampoco se ha hablado de quién autorizó la colocación de una antena retransmisora de telefonía celular que requería una planta de más de cuatro toneladas en el techo de un inmueble que fue considerado de riesgo desde treinta años atrás. Las indemnizaciones irregulares a los deudos de empleados y/o socios fueron una constante. Acuerdos que ninguna autoridad vigiló. En este caso, a diferencia de la mayoría de los colapsos en la Ciudad de México, se resolvió como un asunto entre particulares en lo laboral, lo que sí es. Un problema entre empleados y el patrón, quienes se declararon “muy apretados” para entregar las compensaciones conforme a ley, y que gestionaron a su antojo o “posibilidad”. Ante la magnitud de la emergencia se hubiera esperado -y así lo anunciaron- que toda la estructura con la que sí cuenta el Estado les apoyara para tener reparaciones justas. Pero nadie los acompañó.
La tarde del 19 de septiembre parecía haber sido la parte más difícil para las familias de las víctimas. Pero no fue así. “Entre el shock por la pena, la sorpresa e incredulidad no alcanzas a ver la magnitud de la situación”, me contó Fernando Sánchez, hijo menor de María Teresa Lira, para quien el dolor se extiende hasta hoy no solo por la ausencia de la única persona con la que vivía, sino porque sigue enfrascado en una lucha para que los patrones de su mamá reparen el daño conforme a ley.
Les ofrecieron 75 mil pesos a las familias de cada trabajador al menos en Seo Young, el taller en que laboraban su mamá y hermana, lo que consideró ofensivo y se negó a recibir. Finalmente cada deudo de esa empresa recibió 100 mil. El cálculo que hizo la procuraduría de la Defensa del Trabajo para el caso de María Teresa fue de poco más de 800 mil. A los demás deudos acabaron dándoles 100 mil pesos. Esta historia está plasmada en el libro “19 edificios como 19 heridas. Por qué el sismo nos pegó tan fuerte”, en que un grupo de periodistas fuimos convocados por nuestro compañero Alejandro Sánchez para ampliar las historias, dar a conocer quienes eran las víctimas, regresar a los sitios y recuperar apuntes y entender el porqué murieron aplastados. 
En el tomo que publica editorial Grijalbo, y que se presentará en la Casa Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. de la colonia Escandón el día 19, en el marco del aniversario de la tragedia, compartimos relatos sobre las personas que más sufrieron, no solo por la fuerza del terremoto, sino por la corrupción gubernamental, la impunidad, la dejadez y el olvido. Constatamos que las excavadoras del gobierno levantaron hasta los últimos escombros pero no pudieron limpiar los rastros de corrupción en sitios de devastación en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y la Ciudad de México, hechos que se dieron en el marco del mayor proceso electoral en la historia del país y cuando la sociedad civil, que emergió en 1985, volvió a sacar la casta.
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