CARTÓN
Chihuahua | El diario MX
A la carga | Kbeza
CHIHUAHUA | LA VERDAD
Exceso de trabajo come a defensores de oficio
Los defensores públicos del fuero común en Ciudad Juárez tienen una carga de trabajo excesiva. Tan sólo de enero a julio de este año, los 68 abogados de oficio que integran la Defensoría Pública del Distrito Bravos –con sede en esta comunidad fronteriza– atendieron más de 4 mil 900 casos.
Cada defensor representó en promedio 72 expedientes en los juzgados penales durante los primeros siete meses del 2019, cantidad a la que aún se debe sumar la cifra de procesos vigentes que arrastran de años anteriores, lo que eleva hasta a 150 y a 200 los asuntos “activos” que atienden en materias civil, familiar y penal, de acuerdo con cálculos de Antonio Riestra, coordinador de la Defensoría Pública en el distrito que opera aquí.
La carga de trabajo es tal que, de acuerdo con Riestra, hay ocasiones en los que un defensor público tiene hasta siete audiencias en un mismo día. Sus defensores, dice, llevan cerca del 80 por ciento del total de asuntos judiciales registrados en este distrito.
En esa condición se corre el riesgo de lograr una deficiente representación legal y una incompleta impartición de la justicia, advierten funcionarios judiciales y abogados colegiados consultados.
Esto queda expuesto con los datos oficiales proporcionados: los abogados de oficio ganan solo tres de cada 10 casos que llegan a sus manos.
COAHUILA | EL SIGLO DE TORREÓN
Salva Poder Judicial de Coahuila a implicados en megadeuda
Tras el histórico endeudamiento por más de 33 mil millones de pesos, en las administraciones de Humberto Moreira y Jorge Torres se abrieron investigaciones oficiales. Una de ellas, que fue interpuesta por diputados de Acciona Nacional y el Gobierno de Coahuila, fue impulsada por la Fiscalía estatal. Fue una farsa: no incluyeron la prueba principal.
La posibilidad de castigar a los culpables se vino abajo. Esto no fue un yerro cualquiera. Los magistrados que atendieron este caso calificaron como “incomprensibles” esos errores.
La sentencia relacionada con una tajada de los 33 mil millones de pesos de la deuda bancaria contratada de manera irregular por funcionarios de la administración del exgobernador Humberto Moreira, describe la maquinación del fraude, a través de falsificación de documentos, declaraciones, así como la fabricación de leyes y organismos para poder realizar el saqueo de dinero de las finanzas de Coahuila.
ZONA CENTRO
EL POPULAR | PUEBLA
Obra pública por derecho de sangre
Más de 15.7 millones de pesos recibió Onetruck SA de CV en contratos durante la administración del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, empresa en la que uno de los socios fue el primo de la esposa del exmandatario, Martha Erika Alonso Hidalgo; se trata de Óscar Alberto Hidalgo Forcelledo.
No sólo con Onetruck SA de CV se favoreció a Hidalgo Forcellado con contratos, también recibió licitaciones con otra empresa de la que fue socio: VSB Customs Service SA de CV, con la que el exgobernador Antonio Gali Fayad le entregó alrededor de 25.1 millones de pesos.
El entonces candidato a diputado local José Juan Espinosa Torres denunció el 18 de junio de 2018 que el primo de Martha Erika Alonso, Óscar Alberto Hidalgo Forcelledo, se enriqueció mediante recursos públicos, al recibir proyectos del gobierno por ambas empresas.
Mediante una revisión a los listados de contratos de Compranet, licitaciones del gobierno de Puebla y de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP), se identificó que en la administración de Moreno Valle se le aprobaron a Onetruck SA de CV tres proyectos que sumaron más de 15.7 millones de pesos.
JALISCO | NTR GUADALAJARA
Fraude en pensiones
Los delitos de desvío y fraude fueron imputados a tres ex funcionarios del Instituto de Pensiones estatal (Ipejal), quienes recibieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Un juez de control y oralidad con sede en Puente Grande admitió la imputación y dictó el auto de vinculación a proceso para Manuel ‘N’, Humberto ‘N’ y Julio César ‘N’ por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, así como fraude genérico.
Las investigaciones de la Fiscalía del Estado incriminan a los imputados como probables responsables de haber otorgado un préstamo indebido de mediano plazo en 2014, durante la anterior administración gubernamental.
Según intenta demostrar la Fiscalía ante la autoridad judicial, los ex funcionarios estatales manipularon documentación y alteraron el sistema de Ipejal para el otorgamiento del préstamo.
ZONA SUR
QUINTANA ROO | LUCES DEL SIGLO
Opacidad en tres municipios
Una solicitud de información enviada a los 11 presidentes municipales de Quintana Roo reveló el nulo compromiso que tienen con la transparencia y la rendición de cuentas en Benito Juárez, Puerto Morelos y Bacalar.
A cada alcaldía se le preguntó acerca de los viáticos que gastaron los presidentes municipales en comisiones oficiales y las facturas de comprobación fiscal generadas entre el 1 de octubre de 2018 y 13 de agosto de 2019.
Contrario a lo que ella pregona como un gobierno abierto, en realidad la alcaldesa Mara Lezama Espinosa promueve la opacidad en Benito Juárez. Su administración argumentó en el expediente UVTAIP/ST/517/2019 que la información estaba “disponible públicamente”, cuando eso es falso. En el portal de Transparencia del municipio no existen esos documentos.
Por parte de Bacalar simplemente no hubo respuesta a la solicitud de información que se hizo a través de folio 00946819, y sólo reportó que el caso estaba “en proceso”.
OAXACA | EL IMPARCIAL
Rezago en obras
Al cierre del segundo trimestre del año, el estado había ejercido apenas mil 101 millones 223 mil pesos en materia de obra pública, proyectos productivos y de fomento, casi un 30% de lo ejercido en años anteriores.
De acuerdo a la información de la página de transparencia en el gasto público de la Secretaría de Finanzas, tan solo en el año 2017 se ejerció en dicho rubro tres mil 200 millones 316 mil pesos y para el 2018, cuatro mil 798 millones 823 mil pesos.
Al 30 de junio de 2019, los recursos económicos transferidos al estado por parte de la Federación ascendió a 21 mil 990 millones de pesos, lo cual no se ha traducido en dinamismo económico, coinciden organismos empresariales.
En los reportes que emiten las instituciones de gobierno, tan solo en el proyecto carretero de rehabilitación del entronque al Aeropuerto se reporta con avance de 0%, a pesar que dispone de una inversión autorizada por 517 mil 139 pesos.
PRENSA INTERNACIONAL
COLOMBIA | EL ESPECTADOR
Café, seguros y poder
Global Seguros de Vida, una de las más importantes aseguradoras del país, ha reunido importantes figuras públicas entre sus directivas en Colombia y en su matriz en Barbados. La clave para tal convocatoria es la identidad de sus dueños, oculta por la legislación de los destinos off-shore.
Como presidente de la República, Juan Manuel Santos tuvo contados episodios en los que debió salir a explicar actuaciones de su vida privada. Uno de ellos fue a finales de 2017, cuando su nombre apareció en las informaciones reveladas bajo los llamados Paradise Papers, por figurar como directivo en dos momentos diferentes de sociedades en destinos off-shore del grupo de empresas propietarias de Global Seguros, según sus activos la sexta compañía de seguros de vida más grande del país. En ese momento, el exmandatario explicó que lo invitaron a ser accionista, pero no aceptó vincularse.
El exministro de Defensa y exembajador en Washington Gabriel Silva Luján; el fundador de la empresa industrial y comercial de textiles y confecciones Manufacturas Eliot S.A.S., José Douer, y el expresidente de la República, exsecretario general de la OEA y actual presidente del Partido Liberal, César Gaviria, junto a su hija María Paz, sumados a la firma Colombian Coffee Federation Inc., subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, han sido los dueños de las sociedades que fueron creadas en el exterior y que están detrás de la influyente aseguradora colombiana.
BRASIL | FOLHA DE SAO PAULO
Diputados autorizan compra de aeronaves de alta gama
Uno de los proyectos de ley aprobados por la Cámara de los Diputados de Brasil el miércoles (18) autoriza el uso de fondos públicos para comprar bienes muebles e inmuebles, como mansiones, helicópteros, aviones y automóviles de alta gama por parte de partidos políticos.
Actualmente, la ley que versa sobre la gestión de fondos del partido limita el uso del presupuesto, que es la principal fuente de financiamiento público de las agrupaciones y cuenta con una partida de mil millones de reales para 2019.
Tanto es así que, en febrero, el Tribunal Superior Electoral prohibió expresamente a los partidos utilizar el fondo para adquirir propiedades para convertirlas en sede.
El texto aprobado por los diputados dentro del proyecto de ley, que busca suavizar las reglas de transparencia, supervisión y penalidad con respecto al uso de fondos públicos por parte de los partidos, ahora permite que el fondo de las agrupaciones también sea utilizado para “comprar o arrendar bienes muebles e inmuebles, así como financiar la construcción de sedes, y la realización de reformas y otras adaptaciones dentro de estos bienes”.
CUBA | PERIODISMO EN BARRIO
Las cuentas pendientes
Hay por lo menos 911 reclamaciones por más de 50 mil dólares, que son las que tendrían derecho a establecer una demanda en contra del gobierno o instituciones cubanas luego de la activación del título III de la Ley Helms-Burton por parte de la administración estadounidense.
Al respecto, Las Cuentas Pendientes es una cobertura especial desarrollada por este proyecto sobre las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses al gobierno de Cuba debido a la expropiación o nacionalización de sus bienes en la Isla a partir de 1959.
La base de datos de las reclamaciones fue obtenida del sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo de United Fruit Company y Exxon Mobile.
Por ejemplo, 59 después, el 2 de mayo de 2019, la corporación Exxon Mobil (anteriormente Standard Oil, propietaria de Esso) presentó una demanda contra las empresas cubanas Cimex S.A. y la Unión Cuba Petróleo (Cupet) por “tráfico ilícito de bienes confiscados en violación del título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (Libertad o Helms Burton)”.
De acuerdo con la demanda presentada en el tribunal del distrito de Columbia, Exxon Mobil “nunca ha liquidado las reclamaciones certificadas pendientes ni ha recibido ningún pago de alguna entidad con respecto al capital o intereses adeudados en su reclamación certificada”.
