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Empezaron a caer este fin de semana los primeros presuntos responsables del asesinato en la tercera semana de septiembre del diputado federal priista, Gabriel Gómez Michel, y su asistente Heriberto Núñez, presuntamente por parte de sicarios de cárteles.  El anuncio lo hizo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Núñez, que ha tratado de mantener la iniciativa en este caso. Hace bien, porque en el gobierno federal no están nada a gusto con lo que sucede en su estado. En el caso del diputado sacrificado, hay una línea de investigación que sugiere que fue asesinado por equivocación, y que en realidad el objetivo era quien le vendió la camioneta en la que viajaba cuando lo secuestraron los asesinos, otro diputado, Marco Barba, hijo de un líder sindical y hermano de Alfredo Barba, alcalde de Tlaquepaque, el municipio donde empezó el crimen. La otra, por la que don Aristóteles no debe estar nada tranquilo, es que hay varias pistas que conducen a una probable responsabilidad de uno, cuando menos, de los miembros de su gabinete.

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