La Cámara de Diputados solicita a las autoridades judiciales federales y del DF “imponer sanciones ejemplares en los niveles superiores de decisión entre los funcionarios que instruyeron, permitieron o toleraron acciones indebidas” por “la magnitud del perjuicio causado y la gravedad de las desviaciones a los principios que rige el servicio público” en el cierre de la Línea 12 del Metro.
El informe que presentará hoy en San Lázaro la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro “recomienda deslindar responsabilidades a los siguientes funcionarios:
“El exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; al exsecretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo; y al extitular del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez”. También denuncia y demanda que se aclare “por qué se decidió y quién autorizó en última instancia que en el contrato con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se estableciera el precio del dólar en 16.27 pesos la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, fecha en que se firmó, el precio era de 12.91 pesos, decisión que se traduce en un sobrecosto de 3 mil 197 millones de pesos”.
También le recomienda al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, “valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 (Contrato con CAF), ya que el valor representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes”. Se llama al jefe de gobierno a que “gire instrucciones al contralor general del DF para profundizar en la determinación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a quienes es atribuible el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones, con fundadas sospechas de fraude y corrupción, las cuales redundaron en las irregularidades reveladas en las auditorías e investigaciones realizadas por los órganos de control locales y federales”.
Los diputados federales solicitan al procurador general de Justicia del DF, Rodolfo Fernando Ríos Garza, que “con base en la documentación que le fue remitida por parte de la Contraloría General, proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la PGR, a efecto de que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a la averiguación de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas”.
Mientras que al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que una vez que reciba la documentación por parte de la PGJDF “proceda a la integración de averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales, competentes, a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades de funcionarios públicos y empresas privadas”. Aclara que “en una administración pública con un esquema jerárquico de responsabilidades y normas claramente definidas, como es el Gobierno del Distrito Federal se recomienda deslindar responsabilidades” a los tres altos funcionarios mencionados.
En un amplio documento de 93 cuartillas, que presentará el presidente de dicha Comisión Especial, el priista Marco Antonio Calzada Arroyo, se concluye que “existen bases fundadas para recomendar sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su connivencia, negligencia u omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público”.