La coexistencia de los modelos económicos comunista y de libre mercado de la postguerra, nutrieron los postulados ideológicos y justificaron la conformación de muchos grupos sociales antagónicos al gobierno mexicano que, desde sus orígenes, adoptaron una organización armada que tuvo como fin último alterar la paz y el orden público.
La radicalización de algunos grupos de la izquierda se ha conservado hasta nuestros días y ha encontrado en la defensa de los Derechos Humanos una justificación moderna de su lucha por la abolición de gobiernos que, sin razón válida presente, se siguen calificando como antidemocráticos e intolerantes.
La presencia de los movimientos radicales de guerrilla, con presencia comprobada en el sur de la República, ha venido a alterarse y aderezarse con la incursión de las bandas de narcotráfico, que aportan a la causa el incentivo económico del mercado ilícito de estupefacientes y el ingrediente fatal del armamento.
El combate emprendido por el gobierno Mexicano desde hace más de una decena de años persigue recuperar el orden y la gobernabilidad en distintas zonas del país en las que el desbordamiento de la guerrilla y el narcotráfico han colocado a la población en un precario estado de seguridad. Son dos frentes independientes que convergen en el mismo punto de violencia en el que permanecemos confundidos.
Como es lógico suponer, la participación activa de las fuerzas armadas han dado lugar a innumerables muertes en las bandas enemigas del crimen organizado; sin embargo, en casos indeseables, el combate también ha perjudicado a civiles inocentes, que son ajenos a la problemática que se pretende terminar.
Dos casos recientes evidencian el desbordamiento de la violencia en el territorio nacional, y las graves consecuencias que puede acarrear la confrontación entre la guerrilla, el narcotráfico y las fuerzas armadas: Iguala y Tlatlaya. Son escenarios que han dejado no sólo el lamentable número de jóvenes muertos del que se ha hablado incansablemente desde hace un año, sino también una crisis que gira alrededor de la falta de credibilidad del gobierno en lo concerniente a la legalidad y el fiero respeto de los Derechos Humanos.
El viernes de la semana pasada apareció publicado el Acuerdo mediante el cual se crea la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se trata de una acción de respuesta que ofrece el gobierno de la República a los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, a través de la cual se pretende recuperar la desgastada credibilidad.
El esfuerzo de la Procuradora General de la República es sumamente encomiable y demuestra, una vez más, el incuestionable compromiso del Gobierno Federal de hacer frente a su deber de investigar y dar resultados con relación a la localización de los estudiantes desaparecidos, como también de enjuiciamiento en contra de los responsables. Ante todo y desde un punto de vista jurídico, es un eslabón más en una larga cadena de acciones que han venido desplegándose para construir un andamiaje sólido en la lucha a favor de la defensa de los Derechos reconocidos en convenciones internacionales.
El día de hoy apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo mediante el cual la titular de la PGR ofrece una recompensa por la localización de Rosendo Radilla Pacheco. Es la primera resolución dictada en la órbita de competencia de la nueva fiscalía especial, en la persecución de los fines para los que fue concebida.
Se trata, evidentemente, de una decisión simbólica, pues con independencia de que a través de ella se atiende a recomendaciones pronunciadas por la CIDH, es absolutamente improbable que el objetivo difundido pueda llegar a cumplirse en algún momento, tomando en cuenta que la persona cuya localización habrá de recompensarse ocurrió en 1974 y que a la fecha en que se lanza, si ésta viviera, tendría 101 años de edad.
La elección del caso deviene una cuestión controvertida, se trata de la atención puntual a una resolución pronunciada por un órgano internacional, un hecho que ha dado lugar a una transformación sustancial del control constitucional en México; y acontece en un momento crítico en el que se deben consolidar instituciones nacionales con credibilidad para defender los Derechos Humanos en el orden interior.
¿Puede quedar delegada la confianza nacional a favor de individuos ajenos a la historia y realidad del país, por la única razón de ser partes integrantes de un órgano o tribunal extranjero? ¿Cuál es el sentido de haberse aprobado una reforma en materia de amparo y a nuestro sistema penal, si no se tiene confianza en las instituciones nacionales?
La semana pasada un Juez de Distrito liberó a cuatro militares involucrados en el supuesto homicidio de una veintena de jóvenes en Tlatlaya. De acuerdo a la legal apreciación de los elementos probatorios aportados, no existieron elementos suficientes para que se llegara a comprobar su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
La reacción inmediata de los defensores internacionales de los Derechos Humanos, e inclusive del propio titular de la CNDH, apunta en contra de la decisión del PJF y advierte que el asunto no se ha terminado. Una velada insistencia alrededor de la teoría del crimen de Estado.
Como en el caso de Rosendo Radilla, ¿habrá de concedérsele el mismo valor al dicho de los comisionados extranjeros para resolver este asunto? Desde luego que existen voces críticas contra el gobierno que buscan su desprestigio a toda costa, sin embargo, ¿acaso este camino permitiría fortalecer un verdadero estado de derecho? La presencia y fortalecimiento de los investigadores del exterior puede minar la independencia de los tribunales nacionales.
En la culminación del fin último de consolidar un franco cumplimiento de la legalidad y un auténtico sistema democrático, debemos ser cautelosos al conceder credibilidad absoluta a las voces del exterior, si a través suyo pudiéramos vulnerar injustificadamente la estabilidad interna.