Por Luis León
El gobierno de Javier Duarte de Ochoa utilizó la figura de los fideicomisos, en total 39, para desviar recursos federales destinados a programas sociales. En esta operación están involucradas por lo menos cinco secretarías del estado, 16 organismos públicos desentralizados y 6 fideicomisos, que hasta ahora suman un presunto daño al erario por 4 mil 849 millones de pesos.
El modus operandi en todos los casos fue el mismo. El gobierno federal depositaba los recursos y éstos se retiraban en parcialidades por parte de los titulares de las distintas dependencias y organismos desentralizados, y entonces se les perdía el rastro. El destino del dinero hasta ahora se desconoce.
En el análisis que ejecentral realizó a la Cuenta Pública 2015 se encontró un patrón de comportamiento de los funcionarios encargados de administrar los 39 fideicomisos con montos multimillonarios que en 2015 gestionó la administración de Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia mexicana.
En el resultado de la revisión que llevó a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), se plantea que con la operación de fideicomisos públicos estatales se busca “administrar, manejar, custodiar y aplicar los recursos financieros y bienes públicos mediante el buen uso de los recursos públicos para la ejecución de los planes y programas en beneficio de la sociedad veracruzana de la mano con la generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y transparencia”, como lo establece la ley.
Pero esto no se cumplió en los 39 fideicomisos auditados. Uno de los casos que sobresale, por tratarse de un posible daño directo al futuro de los empleados del propio Estado, es el de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz.
En este caso, Orfis realizó cuatro observaciones. Se determinó, por ejemplo, que no cumplió con la dictaminación de sus estados financieros 2015 y que 815.3 millones de pesos -por concepto de aportaciones al cuarto bimestre de 2015- no fueron transferidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al Fideicomiso.
Tampoco encontró evidencia de que se hayan entregado los comprobantes de las aportaciones efectuadas de manera bimestral a las cuentas individuales de los trabajadores. Ni hay evidencia del reintegro de los recursos por un monto de 180 millones 641 pesos transferidos al gobierno del estado de Veracruz por el Fideicomiso.
Por ello, el
pasado 31 de octubre las manifestaciones de los jubilados y pensionados
comenzaron por diferentes ciudad del estado, quienes reclamaron el depósito de sus
pensiones, y que en voz del secretario general de la
delegación 51 del SNTE, Rodolfo Suárez Castellanos, son
alrededor de 28 mil 900 personas afectadas por la falta de pago y cuyo monto asciende a 750
millones de pesos.
Otro ejemplo del manejo discrecional de los
recursos públicos a través de los fideicomisos administrados por los funcionarios del gobierno de Javier Duarte son los Fondos Metropolitanos de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, en los que se determinó que el gobierno estatal no depositó a las cuentas los recursos correspondientes al ejercicio 2015, así como de ejercicios anteriores, por un monto de 504 millones 914 mil 218 pesos, más los rendimientos financieros otorgados.
Esta semana, los diputados de la LXIII Legislatura de Veracruz aprobaron por mayoría el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015 del Estado de Veracruz, en el cual detectaron un presunto daño patrimonial por 16 mil 349 millones 315 mil 072.95 pesos. En su revisión, detectaron en seis fideicomisos un presunto daño patrimonial por 730 millones 99 mil 164 pesos.