Los seis millones de Televisa

Raymundo Riva Palacio | Viernes 1 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Ernesto Canales parecía totalmente confiado que la demanda por fraude de 65 millones de pesos que interpuso en su contra Paula Cusi, la tercera y penúltima esposa de Emilio El TigreAzcárraga, de quien había sido su abogado en un litigio por su herencia contra Televisa, no prosperaría. Así quedaba de manifiesto en la comunicación que presentó su abogado Igor Trujillo al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal el 15 de agosto del año pasado.  Nunca hubo daño patrimonial a la señora Cusi por parte de su cliente, alegó el abogado, y el pago de Televisa que reclamaba como suyo, se le había hecho la televisora a Canales por promover la empresa en el mercado europeo. “Sus agravios  -alegó-, son totalmente infundados”.

 

Trujillo dijo que los 65 millones que reclamaba la señora Cusi, eran pagos contemplados por un contrato de prestación de servicios que habían firmado Televisa y Summer Stream, C.V., una empresa registrada en Holanda cuyo representante era Canales, firmado en mayo de 2010. Con ese contrato en la mano, pedía el abogado Trujillo que el tribunal ratificara el amparo concedido a Canales para que no se obligara a Televisa a presentar los documentos de las transferencias bancarias a Summer Stream porque, sugería, probaba que los 65 millones eran por los servicios de promoción, y no como pago a la señora Cusi por la transferencia de su 16.6% de acciones a Emilio Azcárraga Jean, presidente de la empresa. Por tanto, no habría litis y tendría que ser desechada la denuncia.

 

La búsqueda para bloquear la orden para que Televisa entregara los documentos al ministerio público comenzó con una primera solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal el 11 de marzo del año pasado. La batalla legal no iba a ser fácil. Durante casi 10 meses, los abogados de la señora Cusi presentaron recursos para evitar el sobreseimiento del caso, que comenzó en 2011, cuando representantes de Televisa le comentaron que Azcárraga Jean había dispuesto una contraprestación de seis millones de dólares -65 millones de pesos al cambio de la época-, que habían sido pagados en dos exposiciones en mayo de ese mismo año. La señora Cusi nunca fue informada por Canales de ese pago, quien había hecho esa negociación, ni entró a su patrimonio. La clave del caso eran las transferencias bancarias de Televisa, que Canales buscaba no se integraran en la demanda de fraude.

 

Sin ellas, como alegó Trujillo, el único documento válido ante el ministerio público era el contrato de prestación de servicios de mayo de 2010. Cuando perdió el amparo y buscó una revisión del fallo, incorporó al expediente una serie de notas periodísticas de una fiesta que dio Televisa a magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, sugiriendo un acto de corrupción. La postura de la defensa de Canales respondía a que la empresa había entregado la documentación de los pagos el 8 de septiembre de 2015, que mostraban las transferencias electrónicas del 17 y el 27 de mayo de 2011 de tres millones de dólares cada uno, a las cuentas de Summer Stream, y a la declaración ministerial del representante legal de Televisa, Alejandro Bustos, quien había señalado los términos del pago de la contraprestación. Trujillo cuestionó la validez de sus declaraciones porque la negociación había sido durante los días en los cuales la señora Cusi estuvo en la cárcel acusada por Televisa de declaraciones falsas –salió en libertad porque no se probó el delito-, y puso en duda que Canales y César Francisco García Méndez, que trabajó con Canales en el litigio contra Televisa, tuvieran responsabilidad alguna, como los acusaban.

 

“Si pretendiera (el tribunal) que la señora… Cusi…, tiene el derecho de cobro de los seis millones de dólares a que hace referencia en su escrito de querella, en armonía con lo que dice su mismo apoderado”, argumentó Trujillo en una comunicación escrita dirigida al ministerio público el 22 de septiembre de 2015,  “sería tanto como establecer un derecho de cobro respecto de un hecho ilícito pues ¿acaso estamos hablando de que se le daría una cantidad de dinero por su desistimiento y liberación?”.

 

El 11 de noviembre el caso ya se había inclinado contra Canales, quien decidió con Trujillo tácticas dilatorias. El 19 de noviembre Trujillo pidió que se llamara a declarar a los propietarios de Televisa, a los albaceas de El Tigre Azcárraga, a los abogados y representantes de la empresa, entre los que se encontraban Azcárraga Jean, sus hermanas Carla, Adriana y Alejandra, el responsable financiero de la empresa, Alfonso de Angoitia y seis grupos morales. La petición fue rechazada por improcedente. Un día después, perdió el recurso.

 

Cuarenta y ocho días antes Jaime Rodríguez, El Bronco, había asumido la gubernatura de Nuevo León. Había ganado la elección con una sola promesa de campaña clara, combatir la corrupción, y con un mandato sin precedente en la historia del Estado, para meter a la cárcel a cuanto funcionario de la administración previa de Rodrigo Medina o sus familiares, les comprobara fechorías. En su toma de posesión afirmó: “El poder siempre ha sido de los ciudadanos y dejamos que se ensuciara. Gracias a ustedes, Nuevo León ha recuperado el camino de su destino”. El 7 de diciembre, escasas dos semanas después de perder el juicio, El Bronco nombró a Canales su zar anticorrupción.

 

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¿Política fiscal, instrumento para el desarrollo?

David Colmenares |

SIGNOS Y SEÑALES | La columna de David Colmenares Páramo

 

La política fiscal, principalmente por el lado del ingreso y el gasto públicos,  debe ser un instrumento para el desarrollo, un auxiliar para combatir la desigualdad y apoyar el desarrollo regional, por supuesto que también debe contar con objetivos recaudatorios. Existen fines extra fiscales, porque además es un instrumento de política económica, entre los que destaca el fortalecimiento del federalismo fiscal.

 

Tanto la gobernabilidad del País, como la superación de la crisis, pasan por tener haciendas públicas fuertes y sanas en los tres ordenes de Gobierno, si los ingresos son insuficientes y los compromisos de gasto amplios, se recurre al endeudamiento. No hay mejor disciplina financiera que la de ingresos fuertes y un gasto de calidad y transparente.
Somos de las economías con menor carga tributaria, muy lejos de la de nuestros socios comerciales y del promedio de la OCDE. Además tenemos una estructura tributaria con una gran concentración del poder tributario en un solo orden de Gobierno, más del 90 por ciento; con un peso importante, en más de la mitad, de los impuestos indirectos -IVA y los IEPS-, incluyendo en el total, seguridad social. Hasta antes de esta crisis una gran dependencia de los ingresos provenientes del petróleo, tanto en la recaudación federal, como en las participaciones. En 2015, se redujeron los ingresos por la exportación de hidrocarburos, pero se sustituyeron con el IEPS de gasolinas, que dejó desde fines de 2014, de ser negativo y fue la solución el año pasado. Para las finanzas nacionales. A partir de este año, existe ya un impuesto fijo, por litro de gasolina. Si los ingresos bajan respecto a lo estimado, es porque se consume menos.
Por ello es importante la última reunión de la  CEPAL, que  acaba de realizar en Santiago de Chile, el XVIII Seminario de Política Fiscal y Regional, donde presentó varias publicaciones relevantes. Destaca por supuesto la de las Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe, trabajo elaborado entre la OCDE, el CIAT, el BID y la CEPAL , con información a 2014; también la edición 2016 del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe: las finanzas públicas ante el desafío de conciliar austeridad con crecimiento e igualdad.
Finalmente junto con OXFAM publicó Tributación para un crecimiento inclusivo. Del Panorama Fiscal, destacan algunos datos que invitan a revisarlo, por ejemplo:
•      La carga fiscal de AL promedio  entre 2010 y 2014, es de 18.7 por ciento y la de la OCDE 33.8 por ciento.
   
•      En 1980 el valor de los activos financieros equivalía al PIB mundial, en 2014 ya lo supera en más de 10 veces;
•      En 2014 se incrementa la recaudación de los impuestos directos en la región, no obstante tienden a caer como porcentaje del PIB, siguen siendo relevantes los impuestos indirectos;
•      En 2014 la evasión fiscal en América Latina, es de 320 mil millones, o sea 6.3 por ciento del PIB.
Alerta sobre la erosión de la base tributaria, la falsificación de la facturación en el comercio internacional de bienes, derivada de  la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones que realizan muchas empresas, fundamentalmente transnacionales.
Concluye CEPAL, que la política fiscal debe estar al servicio del crecimiento económico sostenido e inclusivo, pero “la recaudación tributaria sigue siendo
 
 
 
insuficiente y sesgada a impuestos regresivos”, habla de preservar el gasto social, mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar la cultura tributaria.
En sus propuestas destacan la necesidad de políticas fiscales activas, de “invertir en la inversión”, de evitar la manipulación de los precios de transferencia, de facilitar la repatriación de capitales, además de monitorear permanentemente los gastos fiscales.
Esto más los materiales del Seminario,  dan para una discusión amplia sobre el papel de la política fiscal.
El fraude del fiscal 

Raymundo Riva Palacio | Jueves 31 de marzo, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Por qué razón Paula Cusi, la tercera y penúltima esposa de Emilio El Tigre Azcárraga recurrió a Ernesto Canales para que la defendiera de un litigio de sucesión testamentaria mediante el cual ella sería la heredera legal de una sexta parte de Televisa, es un misterio convertido en drama personal. Primero, porque Canales y el segundo abogado de Cusi, César Francisco García Méndez, no pudieron impedir que el hijo de El Tigre, Emilio Azcárraga Jean, actuara con toda la furia en su contra, y sus abogados lograran que durmiera casi una semana en la cárcel para persuadirla de que vendiera sus acciones; segundo, porque una vez acordada la transferencia de acciones, Canales se quedó con 65 millones de pesos de una contraprestación autorizada por Azcárraga Jean, sin que ella se enterara que la había timado aquél a quien le depositó toda su confianza. El caso es importante de sí, pero adquiere relevancia política adicional porque Canales es el  fiscal anticorrupción de Nuevo León.
 
Canales seguía defendiéndose en juzgados mientras que el Gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, lo reclutaba como su fiscal para combatir a los corruptos en el Estado. Ironías de la vida pública, que impiden saber si Canales informó a Rodríguez que se encontraba metido en un torbellino legal. El fiscal ha negado ante la autoridad judicial cualquier acción ilegal y sostenido que su cliente, la señora Cusi, estaba informada de todas sus acciones. Pero la documentación revisada sobre el caso, indica lo contrario. El fiscal anticorrupción promovió dos transferencias a empresas vinculadas a él, sin haberlas reportado a la señora Cusi. La documentación tiene dos momentos clave:
 
1.- El 28 de abril de 2011, la señora Cusi cedió “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre, a Emilio Azcárraga Jean, mediante un finiquito de 50 mil pesos. Canales no le informó que se había acordado, por decisión del actual presidente de Televisa, una contraprestación de seis millones de dólares a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6% de la empresa que le fue heredado por El Tigre.
 
2.- El 17 de mayo de 2011, Canales y García Méndez firmaron una “carta de instrucción” con el representante de Televisa, Alejandro Bustos, donde solicitaba a la empresa determinar, a su elección, la forma como realizaría el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año, mediante dos opciones:
 
            * Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Secutities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por tres millones de dólares. 
            * O mediante la contratación que lleve a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros tres millones de dólares.
 
En la documentación sobre el caso, se presentó un Contrato de Servicios celebrado el 17 de mayo de 2010 –un año antes de que se realizaran esos depósitos- entre Summer Stream, en calidad de proveedor de servicios, con Televisa, que tenía por objeto publicitar a la empresa televisiva en Europa. En la documentación no hay una explicación del porqué Televisa firmó en 2010 un contrato de servicios con Summer Stream, que está registrada en Holanda, y cuyo representante es Canales.
 
Un dictamen pericial en materia de contabilidad realizado por Ernesto Rubio Pérez, en nombre de la defensa de Canales, presentado al agente del ministerio público que llevaba el caso el 23 de agosto de 2013, para determinar si habían existido o no los pagos, que concluyó que no había “documento contable que justifique” los depósitos de seis millones de dólares que hizo Televisa, y que, de acuerdo con el expediente en la averiguación previa, no se había realizado ningún depósito a la cuenta de Abdadi&Co, Secutities Ltd, en el banco Standard Bank Plc. de Londres, ni celebrado algún contrato de servicios de mercadotecnia entre Televisa y Summer Stream a partir del 17 de mayo de 2011. “Por tanto –afirmó Rubio Pérez-, no está justificado contablemente que el señor Ernesto Canales Santos realiza operaciones perjudiciales al patrimonio de la denunciada”.
 
La denuncia contra Canales y García Méndez que presentó la defensa de la señora Cusi el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establece que los dos abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los seis millones de dólares pagados por Televisa, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a la cuarta esposa de El Tigre Azcárraga. En el dictamen contable, Rubio Pérez no negó la relación de Canales con Summer Stream, pero en sus declaraciones ministeriales, García Méndez aseguró que no conocía ni a sus accionistas, ni a los de Abdadi&Co, Secutities Ltd. 
 
Desde la primavera de 2011, el litigio de la señora Cusi ya no fue con Televisa, sino contra sus abogados, particularmente contra Canales, quien durante 2015 buscó amparos para que bloquearan el fallo del ministerio público para que la empresa presentara la documentación del pago de seis millones de dólares. Después de haber logrado amparos para evitar la acción judicial, finalmente el 11 de noviembre los magistrados del 6º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, le dieron el revés definitivo: no se admitiría recurso alguno, porque el caso era “cosa juzgada”. Televisa entregaría la documentación solicitada.
 
 
Mañana: Los seis millones de Televisa
 
 
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El fiscal de manos sucias

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 30 de marzo, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

En 2013, la revista Líderes consideró a Ernesto Canales como una de las personas que más inspiraban en México. Impulsor de una organización que ofrece defensa legal a quienes menos dinero tienen para defenderse de las injusticias de la Ley mexicana, vinculado al Grupo Monterrey y a la clase política neoleonesa, llamó lo suficientemente la atención a El Bronco Jaime Rodríguez, que lo incluyó en su proyecto de gobierno en Nuevo León: en diciembre pasado lo nombró fiscal anticorrupción. Nadie sabía, no quiso ver, o fue engañado por Canales, que ocultó un gran pecado legal que hoy lo tiene en el umbral de la cárcel por un fraude de seis millones de dólares que avergonzará a quienes lo apoyaron, proyectaron y llevaron al puesto donde él no era, claramente, uno de los más calificados.

 
El problema en el que se encuentra Canales comenzó hace tres años, como secuela del litigio por la sucesión testamentaria de 16% de las acciones de Televisa de Emilio El TigreAzcárraga, a favor de su viuda, Paula Cusi. El litigio por ese paquete accionario comenzó con un juicio civil en 2007 entre la señora Cusi y la parte que reclamaba para sí las acciones de Azcárraga, entre los que se encontraban sus hijos Emilio, Carla, Ariana y Alejandra, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia, sus albaceas, Grupo Televicentro, que era el grupo tenedor de las acciones de Televisa, y su afiliada Grupo Alameda. Los abogados de la señora Cusi, su tercera y penúltima esposa, fueron Canales y  César Francisco García Méndez.
 
El litigio se convirtió en una batalla que llevó a la cárcel a la señora Cusi el 23 de abril de 2011 acusada por el delito de falsedad ante las autoridades. Aunque quedó libre por falta de elementos –no pudieron probarle nada de ello durante el tiempo de ley-, haber pasado varios días en la prisión de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, la llevó a aceptar un acuerdo con Azcárraga Jean, actual presidente de Televisa, quien era la principal voz de la parte acusatoria. No parecían estar dispuestos los hijos de El Tigre a que el testamento se dividiera en seis partes iguales y que una fracción de la empresa quedara en manos ajenas a la sangre Azcárraga. Los abogados de la señora Cusi, Canales y García Méndez, negociaron con los demandantes la transferencia de las acciones por su libertad y 50 mil pesos, adicionalmente a una contraprestación por seis millones de dólares (65 millones de pesos al tipo de cambio del momento) que le serían entregados a la viuda.
 
El documento se firmó el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedió “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre, a Emilio Azcárraga Jean. Canales era el apoderado de la señora Cusi y le informó del finiquito de los 50 mil pesos, pero nada más. Todo se habría quedado ahí, hasta que de manera fortuita, meses después de haber recuperado su libertad, la señora Cusi se enteró por voz de representantes de Televisa, que Azcárraga Jean había autorizado que se le diera la contraprestación de seis millones de dólares. La inesperada revelación llevó a la señora Cusi a buscar otros representantes legales y contrató al abogado Jacinto Guillén, quien se convirtió en su apoderado.
 
Lo primero que hicieron fue cancelar los poderes plenos que tenía Canales y luego procedieron a demandarlo. La denuncia se presentó el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde afirmó el abogado Guillén que Canales y García Méndez “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” los seis millones de dólares pagados por Televisa, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a la señora Cusi. Canales y García Méndez han negado cualquier ilegalidad en su proceder, y el actual fiscal anticorrupción de Nuevo León trató de frenar por todas las vías legales cualquier acción que, se ha visto, lo incriminara. Paradójicamente, cuando El Bronco, como Gobernador electo, ya lo tenía en la cabeza como el encargado de combatir la corrupción en Nuevo León, Canales seguía luchando por esconder los pagos que recibió de Televisa que nunca reportó a quien era su cliente.
 
Lo que Canales buscaba, de acuerdo con la documentación analizada sobre el caso, era evitar que Televisa mostrara los documentos de las transferencias de los seis millones de dólares que nunca reportó a la señora Cusi. Desde febrero del año pasado Canales buscó impedir la instrucción del ministerio público para que Televisa presentara los recibos de la transferencia de los seis millones de dólares a su favor, que fue ganando mediante amparos durante prácticamente todo el año pasado. El último, dictado a su favor el 11 de noviembre pasado, no fue admitido como recurso por ser una cosa juzgada. La instrucción a Televisa fue que presentara la documentación solicitada. Los abogados de Azcárraga no ocultaron nada. Desde que comenzó el juicio contra Canales y García Méndez, ya habían presentado las transferencias electrónicas, que obran en actuaciones. Con ellas queda al descubierto lo que el abogado Guillén llama “administración fraudulenta”. Lo que Televisa entregó fueron dos recibos pagados a empresas de Canales de tres millones de dólares cada uno, en mayo de 2011.
 
Mañana: El fraude del fiscal
 
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Salud pública: debate sobre políticas de drogas

Simón Vargas |

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM© | La columna de Simón Vargas Aguilar©*

 

La guerra global de las drogas ha perjudicado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo.

 

 

En vísperas de la preponderante sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo del próximo 19 al 21 de abril en su sede de Nueva York, con el fin de evaluar el problema de las drogas a nivel global, se han difundido diversos estudios, informes, ensayos y propuestas que pretenden abrir un debate para encontrar una mejor solución a la problemática.

 

El debate se ha centrado en cuáles han sido las consecuencias positivas y negativas, desde que comenzó la llamada guerra contra las drogas hace 35 años, casi todos los informes y ensayos concluyen en que la guerra ha acabado o debe terminar, así tal cual lo expresó la ONU en un documento difundido la semana pasada con miras a ser debatido en la  UNGASS ─por sus siglas en inglés─, en donde afirma que deben presentarse nuevos proyectos con un enfoque distinto para abordar el problema de las drogas: el cual debe ser visto como un asunto de salud pública. http://bit.ly/1LH5ryZ

 

En dicho documento la ONU señala que es fundamental que las políticas y los esfuerzos de las naciones se encausen en promover la salud y el bienestar de los individuos y familias, asimismo, que se implementen medidas y políticas apoyadas en la evidencia científica que fomenten la prevención del consumo de drogas, y que a su vez trabajen en la intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y medidas de reinserción social de los que ya son consumidores.

 

Esta perspectiva coincide con las conclusiones presentadas en el reciente informe publicado por la Universidad Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública y la revista The Lancet que afirma que: “La guerra global de las drogas ha perjudicado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo. Es hora de repensar nuestro enfoque de la política global de drogas y ponemos la evidencia científica y de salud pública en el centro de los debates sobre políticas de drogas”. http://bit.ly/1RjfquW

 

El estudio encontró que la aplicación de las actuales políticas de control de drogas ha derivado en los Estados Unidos de América, entre otras cosas, en el crecimiento continuo de inyecciones no seguras, lo que contribuye a la propagación del VIH, la hepatitis C y la tuberculosis en todo el mundo; en el creciente aumentó de muertes por sobredosis; y en el encarcelamiento masivo de afroamericanos e hispanos por crímenes no violentos relacionados con drogas llevando a un deterioro de las familias y comunidades.

 

En Latinoamérica el panorama es aún más sombrío, ya que la guerra contra las drogas es la principal causa del excesivo aumento de la violencia en América Central y México. Por ejemplo, apenas el pasado fin de semana, en El Salvador se presentaron 25 asesinatos, incluidos los de dos policías y 20 presuntos pandilleros, lo anterior relacionado con el decomiso de un millonario cargamento de drogas. Toda esta violencia y muerte ha dado lugar a que una oleada de migrantes centroamericanos busque cruzar la frontera sur de los EUA.

 

En el caso específico de México, el informe en referencia señala que el número de homicidios se intensificó desde que las fuerzas armadas comenzaron la vigilancia de los traficantes de droga en 2006, tanto fue el aumentó que la esperanza de vida para los hombres en algunas regiones del país disminuyó, contrario a la tendencia nacional y mundial. También ponen a México como ejemplo en materia de violaciones a los derechos humanos, que incluyen la tortura y el abuso físico de prisioneros, y en la aplicación de medidas excesivamente punitivas para el control de drogas.

 

Finalmente los expertos de la Universidad Johns Hopkins y la reconocida revista médica The Lancet, concluyen que las políticas antinarcóticos basadas en la prohibición “directa e indirecta contribuyen a la violencia letal, la enfermedad, la discriminación, el desplazamiento forzado, el dolor físico innecesario, y minan las garantías de los pueblos a la salud”.

 

De igual forma vale la pena resaltar una colección de ensayos publicados con el propósito de contribuir al debate en la próxima sesión de la ONU, la cual se titula “Poner fin a la guerra contra las drogas”, en donde los ex presidentes de Brasil (Fernando Henrique Cardoso), México (Ernesto Zedillo), Colombia (César Gaviria), entre otros mandatarios, empresarios y especialistas en asuntos públicos, condenan la guerra contra las drogas, a la cual ven como un fracaso político, económico y de salud pública.

 

En la introducción de este libro se argumenta que el fracaso de la guerra ha sido tal que con las medidas actuales, el precio de los narcóticos se ha elevado hasta llegar al punto de generar más de 300 mil millones de dólares al año, haciendo de este un negocio uno excesivamente lucrativo para los narcotraficantes. Con tal cantidad de recursos los cárteles consiguen infiltrarse en las altas esferas del poder y gubernamentales.

 

El gobierno mexicano anunció que el próximo 19 de abril, durante su comparecencia en la UNGASS, se planteará un nuevo modelo de política contra las drogas basado en que éste es un problema de salud pública, en el que lo importante son los individuos y no las sustancias, así como una nueva política de prevención del consumo, ante este contexto, académicos y representantes de organizaciones civiles, advierten que ninguna estrategia que se implemente en México funcionará, si antes no se combate la corrupción, pues este mal ha desempeñado un papel protagonista en el fracaso.

 

 

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación.

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Lecciones para Peña

Raymundo Riva Palacio | Martes 29 de marzo, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

NUEVA YORK.—El Presidente Enrique Peña Nieto viajará esta semana a Washington para una reunión de 56 jefes de líderes convocada por el Presidente Barack Obama para hablar sobre terrorismo nuclear. Es la cuarta que se realiza y la primera después del acuerdo nuclear con Irán. Sin embargo, es mucho más que eso. En el trasfondo está otra amenaza más letal por inmediata, el Estado Islámico y su campaña de terrorismo contra Occidente. Los líderes analizarán las secuelas de los atentados en Bruselas que pudieron ser evitados de haber actuado sus cuerpos de seguridad e inteligencia con eficacia. Peña Nieto será uno de los que menos puede aportar, pero entre quienes más puede aprender para revertir la negligencia e irresponsabilidad que ha tolerado en su gabinete de seguridad.

 

Los atentados en Bruselas mostraron las debilidades de los sistemas de seguridad en Bélgica, que fueron engañados por el gran golpe de enero del año pasado cuando descubrieron una casa donde había documentación que les ayudó a evitar un atentado terrorista. Pero como dicen los expertos, esa victoria fue una máscara que no dejó ver los yerros subsecuentes. Durante el resto del año, las autoridades fueron construyendo inadvertidamente las condiciones para que su aeropuerto y metro fueran atacados por su mala administración de la información.

 

En junio pasado el Gobierno turco detuvo a Ibrahim El Bakroui, acusado de robo armado e informaron al belga. En Bruselas no actuaron para recibirlo y los turcos lo deportaron a Holanda, donde desapareció en julio hasta que resurgió la semana pasada como uno de los terroristas suicidas. En diciembre los belgas recibieron una denuncia anónima sobre la ubicación del arquitecto de los atentados en París en noviembre, Salah Abdesalem en Bruselas, pero nunca se informó al alto mando de la policía. Antes fue detenido en la frontera austro-húngara con documentos falsos, pero puesto en libertad. La policía belga lo detuvo finalmente hace 10 días, pero no lo interrogó hasta después de los atentados en Bruselas. La policía había recibido reportes de un vecino de la casa donde se armaron las bombas, pero para cuando finalmente ubicaron ahí la residencia de El Bakroui, los actos terroristas estaban consumados.

 

El mismo día de los atentados, los ministros de Interior y Justicia renunciaron, como responsables de las fallas de sus dependencias. El ministro de Interior –equivalente a Secretario de Gobernación-, dijo que las deficiencias eran “inexcusables” y que había habido negligencia. El Primer Ministro no las aceptó, pero el Parlamento lo llamó a explicar cómo pudieron darse tantas fallas, de manera tan sistemática. El Ministro del Interior acudió al Parlamento mientras seguían las investigaciones, en lugar de dedicar su tiempo a las relaciones públicas y tender cortinas de humo para ocultar sus deficiencias.

 

Las fallas en los sistemas de seguridad belgas han sido cuestionados en el mundo. El Gobierno ha dado la cara, aunque sea para que la golpeen por incapaz. La discusión internacional sobre lo que hicieron y no hicieron los belgas es de lo que podría abrevar el Presidente Peña Nieto, que poco tiene que aportar en términos de sustancia a esa conversación entre líderes, y mucho que escuchar para aprender y aplicar. A México le falta que su Presidente entienda que la seguridad no es un asunto de propaganda y relaciones públicas, sino de eficacia, responsabilidades y rendición de cuentas.

 

Bajo estándares internacionales, el ex Comisionado Federal para Michoacán, Alfredo Castillo, tendría que haber sido sometido a un proceso legal por haber creado grupos paramilitares con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destituido por permitir la atrocidad legal en la que involucró a las fuerzas federales. El ex Procurador, Jesús Murillo Karam, tendría que haber sido sujeto a un proceso por omisión en su responsabilidad –el delito implica cárcel de ocho a 10 años-, mientras que al primer Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, lo tendrían que haber cesado en los primeros meses del Gobierno por haber dejado de combatir a delincuentes. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyas fallas, omisiones e irresponsabilidades de las autoridades federales se han detallado en este espacio durante meses, tendría que haber sido la segunda llamada de atención para Peña Nieto a fin de que actuara y sacudiera de raíz a su gabinete civil en el campo de la seguridad, para el que sólo ha habido, contradictoriamente, elogios y encubrimientos.

 

Peña Nieto fue invitado por Obama por razones geoestratégicas, no porque Washington piense que el Presidente mexicano tiene mucho que aportar. Al contrario. La desconfianza sobre su gestión es creciente, pero al compartir una frontera de tres mil 200 kilómetros, no es una nación que pueda estar fuera de la consideración inmediata estadounidense. Si Peña Nieto acude con la visión de Estado que mostró durante el proceso de las reformas económicas, será bueno para él pero sobre todo para México. Si mantiene la visión cortoplacista que ha venido desplegando en el campo de la seguridad, sería bueno que empezara a contratar abogados para su séptimo y octavo año de Gobierno, porque la cruda que tendrá por lo que su gabinete hizo y no hizo, muy probablemente se traslade a las cortes internacionales para enjuiciarlo a él, no a su gabinete, por haber pactado con criminales y tapizar de violaciones el Derecho Internacional, en un país que tiene etiquetas icónicas: Ayotzinapa, Tanhuato, Tierra Caliente. Ese horizonte probable no lo puede soslayar.

 

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A quienes sí, o no, se les debe de exigir la tres de tres

Antonio Cuéllar |

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Esta semana aparecieron notas que criticaron severamente la tardanza en que han incurrido los Asambleistas de la capital, al no haber suscrito y cumplido la iniciativa tres de tres, que los conmina a presentar sus declaraciones públicas sobre percepciones, pago puntual de obligaciones fiscales y revelación de conflictos de interés. ¿De verdad es imperativo y conveniente imponer a nuestros representantes parlamentarios tales exigencias?

 

Me doy cuenta de que ante irrefutables evidencias de corrupción por parte de distintos actores de la política, local o federal, no habría ser humano que en esta época se atreva a sustentar una tesis o posibilidad opuesta a la iniciativa; sin embargo, no es sensato pasar por alto la necesidad de reflexionar de manera honesta y profunda sobre sus alcances. El rol de los legisladores, presas que aparecen constantemente en la mira de los cazadores de la opinión pública, constituye un elemento de particular inquietud.

 

En el contexto del combate implacable contra la corrupción, entiendo perfectamente la importancia de la iniciativa y la suscribo. Sin embargo, debo aclarar que la comparto en el marco del universo de requisitos legales que se deben imponer y hacer exigibles a los servidores públicos que, por sus responsabilidades, tal información resulta necesaria y pertinente. Aquellos a quienes por mandato jurídico les asiste la atribución de ejercer el gasto público, debería evidentemente obligárseles a rendir una cuenta permanente que corrobore un mejoramiento presupuestal personal, o de sus allegados, conforme a sus ingresos lícitos comprobables. Aún así, ¿debe de hacerse público?

 

No obstante, lo cierto es que no todos los servidores públicos tienen un ámbito de desarrollo competencial que se vincule con la administración financiera del Estado, ni mucho menos se encuentren relacionados con el manejo de los bienes y patrimonio del Gobierno en cualquiera de las esferas en que se conforma. Existen algunos de estos que tienen una ingerencia administrativa suficiente para permitir la asignación de autorizaciones, concesiones o privilegios a favor de los particulares, con representatividad económica importante, que igualmente podrían ser sujetos de corrupción de una especie diversa, pero ¿debe de tratarse igual a todos aquellos que no tienen bajo su tutela tal encargo?

 

La reforma constitucional en materia anticorrupción, que toca ámbitos sensibles de la vida pública de la Nación, ya se ocupa de la necesaria publicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos en los distintos ámbitos en que se conforma el Gobierno de la República, en los niveles federal, estatal y de la Ciudad de México. Serán las leyes secundarias que expida el Congreso General, como las que definan los Congresos de los Estados, las que especifiquen cuáles serán las formas y alcance de los deberes administrativos que deban cumplir tales trabajadores al servicio del Estado.

 

A pesar de la claridad que habrán de tener las leyes al respecto, que seguramente no dejarán escapar ninguna liebre del canal, insisto en que la publicidad de las declaraciones puede ser, no solo ociosa, sino inclusive perjudicial en la arena de la representación política nacional: el Legislativo.

 

Los legisladores son representantes políticos del pueblo de México, a quienes corresponde la obligación constitucional de entender los problemas del acontecer histórico de la Nación, traducirlo en normas generales, discutirlas y aprobarlas colegiadamente antes de que se conviertan en leyes, obligatorias para todos quienes se colocan en los supuestos que las conforman.

 

Los legisladores no tienen una responsabilidad directa en el manejo presupuestal, y sí en cambio tienen una representatividad política natural por parte de quienes los eligen o a quienes suponen representar.  ¿Puede haber conflicto de interés por parte de un representante del legislativo?  Esencialmente no debe de haberlo, porque propiamente, la discusión parlamentaria propone eso: el contraste y confrontación de los distintos intereses que intervienen en los conflictos sociales que las normas generales deben resolver.  Los trabajadores, los patrones, los maestros, los empesarios, los universitarios, las organizaciones ambientalistas, las mujeres, los medios de comunicación, todos los distintos sectores que conforman la vida política, económica y social de México. En esa calidad, debería decirse que todos los legisladores tienen un interés.

 

Precisamente, para resolver el tema de la subjetividad de la perspectiva desde la que se discute una ley, la Constitución prevé que la discusión parlamentaria, como una fase obligada del proceso legislativo, debe de llevarse a cabo en un órgano colegiado y, además, bicamaral. La necesidad de que el Congreso Federal se vea depositado en quinientos diputados y ciento veintiocho senadores obedece a esta circunstancia específica.

 

La imposición de la obligación legal de declarar si existe un conflicto de interés por parte de un legislador resulta inútil, ociosa y, en el peor de los casos, contraproducente, porque deteriora innecesariamente la imagen pública que de ellos se debe de tener, e inhibe la participación parlamentaria de quienes conocen desde dentro la posición política de los muchos, muchísimos grupos de interés que componen el amplio mosaico en el que queda pintada la sociedad a la que pertenecemos. Sería infinitamente más útil que se exigiera la acreditación de la capacidad jurídico-parlamentaria del aspirante, como requisito subjetivo mínimo por parte de quien deberá llevar a cabo la función.

 

La situación particular a la que aludimos se agrava cuando a quien, no manejando o ejerciendo recursos presupuestales, se le exige presentar una declaración patrimonial.

 

Hay quienes dicen que los legisladores deben cumplir un mandato limitado de tres años, y los que insisten en que tales representantes deben hacer pública su declaración patrimonial. Las posiciones son contradictorias. Si en verdad la participación legislativa debe de entenderse y apreciarse como un servicio a la patria, momentáneo, ¿quiénes habrán de estar calificados para llevar a cabo dicha tarea si la condición para llevarla a cabo es poner en riesgo su patrimonio y hasta su integridad, haciendo público el estado de su riqueza? Piénsese que quien pueda cumplirlo, tendría que renunciar tajantemente a los sacrificios de su desarrollo personal, que muchas veces duran una vida entera o son resultado del esfuerzo de varias generaciones.

 

Insisto en que hay servidores públicos que, por su función, están lógicamente conminados a rendir cuenta de sus actos. Sin embargo, los legisladores tienen una función distinta, lo mismo que quizá los jueces. Si deseamos que los mejores profesionistas, los mejores empresarios, los mejores maestros, trabajadores, estudiantes universitarios, artistas o quien quiera que pueda tener la mejor representación social ocupe las curules de los órganos legislativos del país, no podemos imponerles una carga administrativa que por su solo alcance, muchos no estarían dispuestos a observar, aún y cuando su comportamiento sea inmaculado.

 

Bajo ningún motivo se debe despreciar el esfuerzo ciudadano que se ve materializado en la iniciativa que se ha propuesto; sin embargo, es menester que, en la discusión y aprobación de tal impulso social, se medite sobre sus desenlaces y sobre la lógica racionalidad que deberán observar quienes tengan bajo su mano la responsabilidad de aprobar o desechar tan impetuoso intento por erradicar la oprobiosa corrupción que nos consume.

 

 

Violencia o inseguridad en Acapulco

Salvador Guerrero Chiprés |

CENTRO Y PERIFERIA | La columna de Salvador Guerrero Chiprés

 

Acapulco se mantiene como uno de los puertos más atractivos del mundo por su oferta de playa y también como una de las ciudades más violentas del planeta.

 

¿Es al mismo tiempo una ciudad insegura y violenta o solamente es percibida como violenta, pero no…insegura?

 

La custodia presencial y notoria de la seguridad en Acapulco parece carecer de resultados y las razones podrían incluir la ausencia de una apropiada estrategia de operación de inteligencia y el alejamiento de la comunidad respecto de la autoridad.

 

Y no carece del todo de efecto el patrullaje coordinado puesto que Acapulco tuvo una afluencia extraordinaria consideradas las condiciones registradas de inseguridad.

 

Es decir, para un segmento de la población la presencia de la autoridad contribuyó a la decisión de vacacionar ahí. O algo más lo hizo.

 

El puerto registró este fin de semana un lleno de al menos de 90 por ciento según los datos de los prestadores de servicios y de la autoridad. Al mismo tiempo ocurrieron, a unos metros de la presencia de la autoridad, 38 asesinatos.

 

La hipótesis de que los turistas mexicanos, mayormente provenientes del centro y la capital del país avalan con su presencia la calidad del operativo montado por las fuerzas armadas y de seguridad pública y con ello el conjunto de los dispositivos de seguridad es más un elemento de la propaganda que de la realidad registrada por las víctimas, los testigos y sus familias.

 

El patrullaje de la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería y las policías estatal y municipal tiene un efecto en el ánimo de los visitantes, pero no en el de los grupos delictivos quienes perpetraron asesinatos hasta en la playa.

 

De la misma forma en que podemos observar los límites de la propaganda y sus probabilidades, incluido el del patrullaje, hay que decir que hay inconsistencias en la crítica de la oposición al gobierno de Guerrero ganado por un integrante del PRI a una actual secretaria general del PRD.

 

La actitud declarativa de un crecientemente dividido y disminuido PRD hacia los debatibles resultados de seguridad del gobierno de Guerrero revela la indisposición de ese partido a encauzar declaraciones unitarias y de fondo respecto de la inseguridad.

 

La declaración de este domingo contra Héctor Astudillo y su gobierno se basa en  ignorar la gravedad de la situación semejante de violencia suscitada en Morelos, en la misma semana, porque hay un gobernador perredista y, por si fuera poco, súbitamente se olvida de la defensa de los instrumentos que dice promover a nivel nacional, por ejemplo, la gestión del Mando Único, impulsado también en Guerrero, y de la coordinación con las fuerzas federales, visible en La Costera y en las zonas interiores pero igualmente inefectivo a los ojos de la opinión pública y publicada.

 

¿Cómo explicar la afluencia turística masiva en Acapulco y la igualmente amplia cuota de asesinatos? ¿Por qué no causan el ausentismo turístico los mismos elementos que son repudiados por los visitantes y todos los ajenos a los grupos criminales?

 

Adelanto una hipótesis sencilla para comprobar: en Acapulco y en México hay una creencia creciente de que mientras los ciudadanos s mantengan lejos de las disputas de los grupos delictivos no sufrirán la violencia que, se cree, se concentra en ellos mismos.

 

Para comprobar.

 

El odio de los marginados

Raymundo Riva Palacio | Lunes 28 de marzo, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

 

NUEVA YORK.— Los terroristas no son iguales que los sicarios del narcotráfico. Esta es la idea convencional a partir del argumento que los terroristas buscan intimidar o coercionar a la población civil para alcanzar objetivos políticos, mientras que los sicarios matan por razones económicas, por lo que no tienen causa sino la búsqueda de lucro. Las diferencias, en función del impacto de terror que causan entre la población civil, realmente es nula. Los dos operan para consolidar territorios mediante el uso de tácticas salvajes. Por ejemplo, luego que Al Qaeda comenzó a difundir videos de decapitados para enviar mensajes políticos, Los Zetas la copió en la pasada década para causar miedo a sus adversarios. Terroristas y narcos han trabajado en función de intereses particulares de Estados Unidos. Los líderes de Al Qaeda fueron entrenados por la CIA para luchar contra el Ejército soviético cuando invadió Afganistán en los 70´s; los cárteles mexicanos ayudaron a la CIA cuando creó la Contra para derrocar a los sandinistas en los 80’s. Ambos usan las ganancias del tráfico de drogas para financiarse y buscan a sus soldados en los mismos segmentos de la población.

 

Los atentados en Bruselas la semana pasada y los atentados de París en noviembre, expusieron el perfil de quienes se convierten en bombas humanas. Provienen de los grupos sociales más marginados, donde hay mayor desempleo y están menos integrados. Bélgica tiene una gran mayoría musulmana que no ha sabido ni querido integrar. Hay componentes culturales. Las viejas colonias belgas en África se distinguían por la crueldad, la violencia y el racismo con el que trataban a sus colonizados, que sólo rivalizaban con las colonias francesas. Los franceses tampoco han resuelto la marginación y la desintegración de las minorías musulmanas, ubicadas en los suburbios de París y en el barrio XVIII, parecido a Molenbeek en Bruselas, donde se concentran las células terroristas.

 

Cuatro de los siete terroristas en los atentados de París salieron de Molenbeek, incluido su jefe, Salah Abdeslam, detenido hace dos viernes. Todos los terroristas tienen apellidos árabes, pero nacieron en Europa. Pertenecen a una segunda y tercera generación de musulmanes que crecieron y se formaron en un entorno occidental, que se unieron al Estado Islámico para luchar contra todo aquello que los rodeó en su niñez. No es algo inusual. Un reciente estudio realizado por el semanario digital New America, pudo documentar que 450 de cuatro mil 500 integrantes del Estados Islámico provienen de 25 países occidentales.

 

El informe registra el incremento de mujeres estadounidenses reclutadas por los terroristas, que han encontrado el apoyo existencial en el Estado Islámico lo que hubo en su casa. En vísperas del atentado en Bruselas, el Centro para el Análisis del Terrorismo en París dio a conocer un informe donde reveló que casi seis mil 500 europeos han viajado a Siria desde enero de 2013 –cuando comenzó el reclutamiento de occidentales- para pelear con el Estados Islámico y regresar a sus países de origen, donde varios de ellos cometieron actos terroristas.

 

Si en Estados Unidos el terrorismo está encontrando en la crisis existencial de sus jóvenes tierra fértil para sus comandos globales, en Europa son las condiciones socioeconómicas las que los están radicalizando. En Molenbeek, por ejemplo, el 30% de sus 95 mil habitantes, no tienen empleo. La variable económica es la que cruza en otras naciones, como México, con los sicarios, que son la parte más débil y violenta de las organizaciones criminales, en cuya marginación encuentran los cárteles de las drogas esa tierra fértil para sus asesinos. Hace una semana, el secretario de Salud, José Narro, dijo que la pobreza y la desigualdad son “los verdaderos enemigos de México”. No era la primera vez que Narro hablaba del tema. Como rector de la UNAM, enfrentó al gobierno de Felipe Calderón al afirmar que había siete millones y medio de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años que ni estudiaban, ni trabajaban.

 

En enero del año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio que la cifra de “ninis” había disminuido 2.7%, pero el entonces rector dijo que el 22% de los jóvenes vivían en esa situación. El reporte anual de la OCDE divulgado en verano ubicó el desempleo juvenil en 8.6%, aunque de ese número, el 61% tienen un empleo informal que les paga muy bajo porque en su mayoría sólo tienen la primaria. La marginación es un cáncer que también afecta a México. Frente a ella, los reclutadores de los cárteles de Sinaloa y del Golfo pagan por recolectar las deudas del pequeño comercio, casi 15 mil pesos al mes al tipo de cambio actual. Si trabajan bien pueden aspirar a un salario fijo de mil 500 dólares (unos 27 mil pesos) por secuestrar o golpear, y si son eficientes, los meten al negocio formal de las drogas y del sicariato.

 

El gobierno no ha podido revertir esta tendencia, ni disminuir la violencia que generan los “ninis” en las calles del país. Las reformas económicas no resuelven el problema en el corto y mediano plazo, ni existen políticas públicas que impidan que los cárteles de la droga, como los terroristas, encuentren en la desesperación y las angustias reclutas para el terror, en una lucha que van ganando y una espiral que por la dinámica del fenómeno, van controlando las organizaciones ilegales que merman sistemáticamente a los Estados.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

 

 

 

Vigilando al turista

David Colmenares |

SIGNOS Y SEÑALES  | La columna de David Colmenares Páramo

 
Hay una serie de televisión en Netflix, que se llama Vigilando al Turista, es inglesa y el tema es que el conductor del programa y su staff visitan las principales ciudades del Mundo, para dejarse estafar, con el fin de que no estafen a los turistas, la serie empieza en Roma, pero en su segunda temporada incluye a la Ciudad de México. Las estafas empiezan generalmente en los taxis, desde el que te dice que le diste un billete de menor cantidad -en Brasil-, los que te llevan a tugurios -en Colombia-, los que dan vueltas más largas como en Las Vegas, pero lo más infame se da en la Ciudad de México, donde no es sólo la estafa, es el secuestro Express e incluso el riesgo de morir a manos de los delincuentes y de los que he visto es donde es más clara la corrupción policiaca. Llegan a hablar de la “infame ciudad”.
El turismo es una de nuestras principales fuentes de divisas, hay ciudades que sólo viven de eso, como algunas capitales y los destinos de playa. Lo anterior a propósito del asueto de semana santa, que además de una buena derrama económica del turismo básicamente nacional en lugares como Acapulco o Oaxaca, sucede exactamente lo mismo, el abuso  en contra de los turistas, empezando por el transporte público, principalmente los taxistas.
Los de los hoteles cobrando tarifas del doble por lo menos del equivalente a un buen servicio independiente. Curiosamente ni Acapulco, ni Oaxaca tienen el servicio de UBER, pero sería muy sano se introdujera. En la CDMX las terminales de autobuses son lugares muy peligrosos, para los turistas y la gente más pobre.
En Ciudad de México es frecuente, que casi el ochenta por ciento de los taxis de la calle alteran las tarifas, si los intentas tomar en Polanco, carros maltratados con chóferes sucios e impreparados, pretenden cobrar una tarifa especial a sitios como el Aeropuerto y los de calle, alteran los taxímetros, sus carros no sirven y los chóferes son groseros y agresivos.
El conductor del programa llega a Tepito, con un “guía-protector” que contacto en un altar de la Santa Muerte, al salir de ahí es transportado por un chofer que le cuenta que se dedicaba a vender ropa, que tuvo que matar a un tipo de un balazo en la cabeza, pero que pagando a través de su abogado salió libre y por eso maneja un taxi. Este le contacta con un policía corrupto, que a su vez lo conecta con un secuestrador express, casi en todos los casos se trata de ex policías o policías dedicados al crimen.
En Oaxaca es común que a los turistas les cobren mucho más a los turistas, a veces el doble de sus tarifas de usos y costumbres, abundan los carros en malas condiciones, líderes o patrones que tienen verdaderas flotilla, explotan a los llamados chóferes, que les llaman patrones, y los han usado para presionar a las autoridades por ejemplo para protestar contra el Metrobús o una posible llegada de UBER.
En Acapulco es peligroso, pero sucede lo mismo, incluso contra el turismo nacional. En una sola esquina puedes ver un mundo de tarifas y no es competencia, es abuso.
En los lugares frecuentados por turistas, como restaurantes los abusos son terribles, la lógica es que el cliente de todas maneras no regresará; los fraudes con las “piezas arqueológicas halladas en el campo”; etcétera.
Cuidemos del turista, no olvidemos que es la segunda fuente más importante de divisas del País, que hay ciudades como las dos mencionadas que sólo viven de eso.
Cómo corregir el mercado publicitario en la prensa

Rogelio Hernández López |

MIRADAS DE REPORTERO | La columna de Rogelio Hernández López

 

Una preocupación constante entre propietarios de medios de prensa es obtener publicidad en un mercado que a todos escatima sus beneficios cada vez más. El tema es sinónimo de dolor de cabeza crónico tanto en pequeñas empresas como medianas e incluso dominantes. El mercado de la publicidad sufre reacomodos acelerados.

 

Desde mi modesta posición de reportero veterano observador del periodismo y de los avatares de los periodistas me atreví a recrear una idea original de Miguel Ángel Granados Chapa que podría  recomponer nuestro mercado de la información. Un resumen de mi propuesta:

 

LOS NUEVOS FENÓMENOS

 

Hemos visto llegar fenómenos que ya no corresponden al modelo del periodismo político dependiente, de mutuas conveniencias con los gobiernos, que predominó en México desde los años 50 del siglo anterior. Hoy quiere enraizarse otro modelo, de mayor autonomía, más tecnología, más profesionalismo,  más investigación, más leyes. Algunos cambios han sido demasiado vertiginosos.

 

Entre los nuevos fenómenos que se registran en 2015 destacan el desarrollo intenso y complejo del andamiaje jurídico para las comunicaciones y el periodismo; todas las empresas reducen sus plantillas de trabajadores, prosigue la academización de los trabajadores de la industria; siguen apareciendo periódicos digitales por miles.

 

Pero, en lo estructural, el modelo económico cambió poco y se intensificó la contradicción principal: La concentración de capital y de propiedad de los medios mercantiles se hizo mayor; eso significó más libertad para las grandes empresas de la prensa, más acaparamiento del gasto publicitario, más incautación de la información de interés público al ámbito privado con la híper mercantilización de las noticias (el Infortáculo en pleno); y también mayor control privado de la agenda de comunicación social del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

 

Este modelo vulnerabilizó al máximo a miles de medios y periodistas marginados del gran mercado; en ellos, por añadidura, se concentró una década de agresiones y asesinatos; trastocó las relaciones de conveniencia entre los periodistas y los medios domeñados con los políticos en general, los que no encuentran otras medidas más que continuar con malas prácticas de manejo arbitrario del gasto publicitario, corrupción o sometimientos bajo presión.

 

EL MERCADO

 

El sector público sí puede imponer correcciones en el mercado de la publicidad por el peso específico que tiene su gasto, aproximadamente del 20 por ciento.

 

El gasto publicitario total de 2013, por ejemplo, fue alrededor de 72 mil millones de pesos y el gasto de los gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal) fue de al menos 14 mil 400 millones de pesos, que significan el 20 por ciento del total.

 

Sobre este gasto son conocidos los trabajos de Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19 (Fundar; Article 19, 2014). Al desagregar se confirman las inversiones por nivel de gobierno.

 

El gobierno federal de Enrique Peña Nieto erogó en 2013, su primer año de gobierno, unos 6 mil 691 millones de pesos en Publicidad oficial, 2 mil 496 millones más de lo presupuestado. (En 2014 la erogación federal fue de casi 8 mil millones).

 

Por lo que hace a los gobiernos de los estados de la república, en otra investigación también en línea, las mismas organizaciones aseguran que “26 entidades gastaron 5 mil 377 millones de pesos en publicidad oficial durante 2012”. Con ese total se puede inferir conservadoramente que en 2013 el gasto en todas las entidades fue de unos 6 mil millones de pesos en 2013 (Ruelas Serna & Dupuy, 2014).

 

Del gasto público para publicidad en los municipios, muy pocas personas conocen o logran tener datos confiables. Pero no sería muy aventurado inducir que el gasto total en los municipios, para 2013, fue de un mil 700 millones de pesos.

 

EL PASTEL

 

Se estima que al cerrar 2015 el monto global fue mayor a los 90 mil millones de pesos, y de acuerdo a los cálculos expuestos el gasto público total sería mayor a los 18 mil millones.

 

Es ampliamente conocido que los grandes corporativos siguen llevándose las mayores tajadas del llamado pastel publicitario (Huerta Wong & Gómez García, 2014). En promedio para 2013 y 2014 el 62 por ciento se destinó a la televisión, 11 por ciento para la radio, 13 por ciento para la prensa escrita, 7 por ciento para Internet que sigue a la alza.

 

A este mercado no entran los medios que Miguel Ángel Granados Chapa llamó No lucrativos, o sea los públicos,  los  comunitarios y de grupos pequeños de periodistas. Yo añado a los de información hiperlocal que se han multiplicado por decenas de miles en México como periódicos digitales; de los cuales apenas unos cuantos se disputan las migajas que quedan del gasto publicitario de gobiernos locales y más escasamente de empresas privadas anunciantes (Datos en Observatorio de las industrias, las políticas y los consumos culturales, 2014).

 

La propuesta es crear un nuevo sujeto económico con los medios de prensa no lucrativos (públicos, digitales y digitales pequeños), implicaría destinar a ellos el 20 por ciento del total de gasto público publicitario. Por ejemplo en 2015 esta canalización habría representado unos 3 mil 600 millones de pesos, cantidad que haría mucho más competitivos a todos los medios públicos, comunitarios, de asociaciones de periodistas y otros que, por operar sin fines de lucro, tendrían que reinvertir en equipos y capacitación los ingresos sobrantes de sus gastos operativos. Y al año siguiente incrementarían sus capacidades y participación y así sucesivamente.

 

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Tomado del ensayo Prensa no lucrativa de la Revista Mexicana de la Comunicación, marzo 14 de 2016. Para leer más: http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2016/03/14/prensa-no-lucrativa/