El gobierno del Estado de México, espacio geográfico y político simbólico donde tiene lugar una elección estatal probablemente definitiva para el desenlace presidencial del 2018 y lugar de nacimiento del presidente Enrique Peña Nieto, incumplió disposiciones fiscales y administrativas por mil 943 millones de pesos en 2015. Son recursos relacionados con obra pública, contingencias económicas, fondo metropolitano y apoyos al desarrollo turístico sustentable. La información dada a conocer por la Auditoría Superior de la Federación obligaría, en un contexto de eficiencia democrática e institucional, a que la convergencia de competencias y facultades de un puñado de entidades contribuyera ejemplarmente al avance de la confianza en las instituciones mexicanas. Integrantes del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de la Función Pública, del recién nacido Sistema Nacional Anticorrupción, del Instituto Nacional para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales así como autoridades electorales y penales locales podrían resolver a la brevedad un caso que podría asociarse con recursos que podrían haber sido trasladados o a las cuentas privadas de algunos servidores públicos o a los recursos utilizables por un partido político para ganar la elección mexiquense. Aunque la información fue conocida por medios de influencia nacional, hasta la tarde de este lunes no se había registrado ningún pronunciamiento significativo, esto es de liderazgos visibles e institucionales y con capacidad ejecutiva. Al mismo tiempo el nerviosismo o entusiasmo, según el caso, por la acumulación de fuerzas que tiene lugar alrededor de Andrés Manuel López Obrador y el avance del criterio opuesto a él de construir un solo bloque que haga competitivo el intento de evitar su llegada a la Presidencia de la República, ocupan el centro de la esfera pública y, en particular de los agentes al frente de ellas. Todo ello constituye ese síntoma de lo mexicano en el cual se habla del problema más acuciante -la corrupción-, se decide fortalecer capacidades institucionales frente al mismo, pero ante un evento que lo implica de manera altamente probable no se inicia como en total urgencia una disposición pública y contundente para aclararlo y sancionarlo. La credibilidad de las instituciones debe asociarse con las acciones y con los resultados. confianzafundada.mx
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