¿Por qué el frente del PAN y el PRI no decide con claridad detener la andanada “brutal” en contra de su candidato?
Ricardo Anaya en realidad podría resolver el tema del que le acusa la PGR y el PRI.
Podría entregar a la opinión pública todos los documentos relacionados con la transacción, incluidos aquellos que indican en cuánto la compró y de quién y en cuánto la vendió y a quién y los correspondientes pagos de impuestos, como sugiere bien la comunidad anticorrupción y varios periodistas.
Desde un punto de vista legal es la autoridad la instancia obligada a demostrar culpabilidad. Desde el punto de vista de la opinión pública la situación es ambigua.
Si Anaya mostrara y demostrara documentos sabríamos si recibió una utilidad ilegítima o ilegal o no.
Especialmente, conoceríamos el detalle de sí compró un terreno que debería usarse para el desarrollo de una instalación de interés público y de si lo vendió o no, a pesar de ello, para incrementar su hacienda familiar.
A muchos mexicanos les llama la atención que pudiendo ser transparente con inmediatez y contundencia Anaya haya decidido no serlo.
De la misma manera, a muchos más nos parece que el tono de la campaña de José Meade, del liderazgo formal del PRI y del propio presidente Enrique Peña, evidencia uso arbitrario del poder.
Haber decidido, sin demostración contundente iniciar la persecución legal y la cacería mediática contra el aspirante presidencial panista que le arrebató al PRI el segundo lugar en las preferencias electorales, debería ser acompañado -igualmente como Anaya debería hacerlo para demostrar su inocencia- con acciones formales contundentes por parte de la PGR.
Para el PRI es indispensable arrollar a Anaya antes de pensar siquiera en disputarle a Andrés Manuel López Obrador el primer sitio de las preferencias rumbo al 1 de julio. Sin ese atropellamiento en las inclinaciones de voto, la sobrevivencia del PRI comenzará a redefinirse a la baja a partir del 2019.
Ni impunidad ni corrupción deberían permitirse en un mundo ideal; ni arbitrariedad ni maniobras auto victimizantes deberían influir en el centro de la elección.
México no es un país competitivo en Estado de Derecho, tampoco lo es en trasparencia ni en combate a la impunidad. En elecciones, aquellos que se benefician de esas prácticas reprobables acuden a ellas como lo hacen a lo largo de los sexenios en contra del ciudadano indefenso.
Anaya no es un ciudadano indefenso y el PRI no es un partido de blancas palomitas.
Como dice un promocional de radio: “son lo que son”.