Socava al presidente Enrique Peña Nieto y a la Presidencia de la República, como institución ordenadora del poder político nacional, la resistencia a modificar el pacto del grupo mexiquense y su alianza con los hidalguenses que mantienen el poder. La mayoría de los grupos del PRI fueron excluidos de la entrega de las plazas del primer nivel y, en consecuencia, indirecta, no son beneficiarios de la contratación de obra pública. No saben aún que posición tomar. Pero saben bien que socavar es una de dos, o las dos, según la RAE: “excavar alguna cosa por debajo, dejándola sin apoyo y expuesta a hundirse” y “debilitar la fuerza moral de una ideología o un valor espiritual, o de la persona que la defiende o representa”. Nadie tiene duda de que Peña Nieto es amable, saludador y sensible a lo obvio. Tampoco se negaría que ha perdido casi por completo el sentido de su corresponsabilidad con la opinión pública más informada y responsable que, por otra parte ilusamente, le demanda actuación política con estándares internacionales. Contaremos los días en que mantiene Peña mantiene al frente de la SCT a Gerardo Ruiz Esparza: un cuadro que ha acompañado al grupo priista de Toluca durante décadas. Ruiz Esparza es aquel que lo mismo sostiene haber instalado un nuevo desagüe como el que indica que el anterior, desgastado por los años debajo del socavón de Cuernavaca, explica el evento simbolizador de la corrupción institucional y empresarial del momento; el que tuitea un día su celebración por el “rescate” del auto pero no de los cadáveres de los fallecidos y el que cree ayudar a su jefe cuando reivindica la indemnización “por el mal rato” pasado por las víctimas. Con independencia de ello, Peña Nieto conserva un capital político esencial: la lealtad al grupo que lo llevó al poder y al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Eso es central en la cultura priista. Obras públicas son amores y no buenas razones. El socavón y la obra del nuevo aeropuerto, considerada la gran discrepancia del costo inicial propuesto y el gasto final estimado, la elección de un lecho de lago en un suelo cuyo comportamiento mecánico ha sido ya cuestionado por los ingenieros de la UNAM consultados, así como las empresas que han trabajado en los ramos carretero y su combinación con el NAICM, son asomo de las tormentas por venir en la imagen e identidad sustantiva de esta administración. La frecuencia de la magnitud de obra pública entregada a los círculos cercanos es indicador claro de la relación directa con Peña Nieto. Gracias al fraude electoral mexiquense y al pago de la disidencia leal, el PRI conseguiría, con apoyo del INE y del TEPJF, impedir el conocimiento público de la profundidad de ese vínculo y, si pudiera ganar la elección en 2018, continuaría con la desaparición de las evidencias de lo realizado con el dinero de varios sexenios en esa entidad y de esta gestión a nivel federal. Ese pacto entre mexiquenses e hidalguenses ha implicado que ocho de cada diez posiciones de alto nivel estén entregadas al grupo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y de todos aquellos que dicen tener o tienen relación directa amistosa y de negocios con Peña Nieto. Conforme se acerque el fin del sexenio, los datos de la entrega de obra mediante esa distribución de poder político y de los lazos de consanguineidad de las familias en el poder y sus respectivos hijos en todos los estados, en complicidad con los gobernadores que dicen ser responsables de la gobernabilidad y por lo tanto merecedores de algunas de las viandas de la corrupción, verán la luz y, solamente si hay alternancia en el poder, enfrentarán la justicia y, en caso de que se les pruebe responsables, la cárcel.
Socavón
