El asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, demuestra la vigencia de la vulnerabilidad de los periodistas que investigan la correlación entre crimen y política.
La suya era una actividad de seguimiento profesional indispensable para el país que, similarmente en 1984, costó la vida a Manuel Buendía. Las consecuencias fatales para la comunidad periodística no han podido ser mitigadas por los gobiernos de los últimos 33 años y las instituciones para la protección gremial han resultado flagrantemente ineficientes.
Es cierto, también, que hay evidencia de la capacidad del crimen organizado para influir en la política, el presupuesto y hasta en las redacciones y dirección editorial de algunos medios, donde pueden promover a “periodistas” especialmente, en una decena de entidades con alta presencia criminal: Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Durango, Quintana Roo y el Estado de México, entre ellos.
A juzgar por las filtraciones ya publicadas por los medios, las entrevistas y notas presentadas en ese y otros diarios, las imágenes del automóvil y el personaje que ha sido señalado como un sospechoso central y la entrevista al gobernador Javier Corral a La Jornada, acerca de la debilidad del Estado mexicano y de aquella entidad ante el crimen organizado, es posible sustentar la idea de la similitud relativa de un crimen como el de 1984 y el ocurrido en la persona de Miroslava y el cuerpo de la comunidad periodística.
Como ocurre en todo el territorio nacional, continúan fenómenos de putrefacción socio política ocasionados por las alianzas establecidas en los niveles municipal, estatal o federal, entre servidores públicos, legisladores, gobernadores o presidentes municipales y actores del crimen más o menos organizado. Por supuesto que de aquellas asociaciones delincuenciales participan también algunos actores de la iniciativa privada.
En los años 80 la evidencia del vínculo entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y el crimen organizado desembocó, entre otras sacudidas, en la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad y la posterior integración del CISEN además de la revisión del nexo binacional a partir de la impunidad y lentitud observada y repudiada por los estadounidenses respecto de la investigación relativa al asesinato de un agente de la DEA.
Solamente los cambios de gobierno crean condiciones de posibilidad para esclarecer el alcance, profundidad y las responsabilidades de tales asociaciones. Por supuesto deben ser precedidos y acompañados por movimientos sociales y capacidad de precisar programa y alcanzar resultados en el corto plazo.
La evidencia de un nuevo ciclo de transiciones políticas como precondiciones de la depuración comenzó a ocurrir en Veracruz, Quintana Roo y ahora Chihuahua. En este último estado se ha generado una ola expansiva a partir del asesinato de Miroslava. Alcanza a todo el país.
El crimen sacude a un gremio profundamente lastimado en lo profesional, lo económico y lo político.
Golpea a toda la nación nuevamente perpleja ante la pérdida de certezas internas y externas y ante el desplome de la confianza en los liderazgos de las principales figuras políticas a juzgar por los resultados de encuestas y estudios incluso provenientes de las instituciones ocupados por esos actores.
La reanimación de la conciencia ciudadana es uno de los efectos de la tragedia del crimen contra una periodista, una madre de familia y una colega profesional que con su vida y sacrificio nos da más argumentos para impulsar el cambio progresista y de verdadero empoderamiento cívico. Es impostergable después de una más de las tragedias que enlutan hogares mexicanos en estos años a consecuencia del estancamiento de la eficacia del gobierno en el arrinconamiento de la delincuencia.
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