Refundar y fortalecer la institución, dar seguimiento y celeridad a los casos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos, conformar el andamiaje de la nueva fiscalía general anticorrupción y consolidar el sistema de justicia penal fueron los retos que con casi 12 meses en el cargo, el hasta hoy procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, mantuvo en el tintero. Doce días le faltaron al exabogado del PRI para cumplir un año como el tercero en ocupar la titularidad de la PGR dentro de la actual administración, quien sustituyó a Arely Gómez González, actual secretaria de la Función Pública.
Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”, externó Cervantes Andrade al presentar su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Senado.
A inicios de septiembre de este año, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, aseguró que el retraso en la sucesión de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no se debía a un conflicto interno en el blanquiazul, sino a su postura contra el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República a Fiscal General durante los próximos nueve años. A través de sus redes sociales, el panista acusó que el impedir que el PRI asumiera la presidencia de la cámara baja fue una decisión del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, entre otros partidos, a fin de mostrar su desacuerdo por la evidente pretensión del gobierno priista en imponer a lo que llamó el “fiscal carnal” o “a modo”.
No se trata de personas. Se trata de construir mejores instituciones (...) Yo no tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, reviró Cervantes este lunes ante senadores de la República.
En su incipiente paso por la institución, el senador con licencia, primo de Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, así como de Alfredo Castillo, actual titular de la Conade, fue criticado por organizaciones civiles por el presunto apoyo político que pretendía llevarlo como ministro en la Corte el año pasado, algo que no consiguió, y que al final pudo concretarse con su nombramiento en el gabinete del presidente Peña Nieto. Político priista, abogado con diversas especialidades en derecho, con escasa experiencia en práctica como litigante. Precisamente su formación partidista colocó a Raúl Cervantes en la disyuntiva de cumplir con lo que estipula la ley de la PGR y ejercer sus atribuciones en busca del interés social y el bien común, lo cual implica no estar al servicio del presidente o del gobierno en turno, sino de la sociedad. En ese sentido, durante el discurso de su renuncia, Cervantes sostuvo que durante su administración se habían armado investigaciones y se vincularon a proceso a “funcionarios que se sentían intocables”, en referencia a los casos de exgobernadores que hicieron mal uso del erario. No obstante fuentes federales han reconocido que dichos asuntos se han mantenido “atendidos” con ineficientes integraciones de expedientes e indagatorias lentas e imprecisas que parecieran recaer en una especie de proteccionismo. Tal es el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cuyas pesquisas en su contra van en demasía lentas pese a que las denuncias de mayor impacto están en manos de la autoridad federal. A propósito del vínculo que el exmandatario y su abogado mantienen con Raúl Cervantes y que se ha denunciado ya por asociaciones civiles. Como parte de su discurso de renuncia, Raúl Cervantes adelantó que en las investigaciones del caso Odebrecht la Procuraduría había concluido las investigaciones al respecto.
El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones” refirió. Y concluyó el tema al señalar que en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal.
Otro de los escándalos en los que se vio expuesto Cervantes Andrade, fue el que evidenció la organización Mexicanos Contra la Corrupción al revelar la posesión de un auto Ferrari 458 Coupé con un valor superior a los tres millones de pesos, el cual estaba registrado en un domicilio aparentemente fantasma en Morelos a fin de evitar el pago de tenencia. Al negar cualquier ilegalidad o beneficio fiscal, Cervantes Andrade, refutó que el registro de su Ferrari 458 en un domicilio de interés social localizado en Xochitepec, Morelos, se debió a un “error administrativo” por parte de la empresa que le vendió el automóvil. (FOTO: Moisés Pablo/Cuartoscuro) EC