Redacción ejecentral
En la audiencia del caso Iguala celebrada este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la comisión de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los representantes del gobierno Peña Nieto difirieron sobre que la llamada “verdad histórica” que asegura que el basurero de Cocula, Guerrero, fue el último paradero de los normalistas desaparecidos. Mientras que el comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, solicitó al Estado mexicano un esfuerzo para accionar mecanismos de investigación y, dijo, que si pudo capturar a El Chapo “con la misma determinación” puede encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.
“Un Estado que ha demostrado la capacidad de accionar mecanismos para capturar a El Chapo, es un Estado que puede ubicar los nombres de los desaparecidos”, afirmó el representante de la CIDH.
Este viernes, los padres acudieron a la tribuna en Washington para solicitar su apoyo en la indagatoria sobre el paradero de sus hijos. 
“Confiamos en la CIDH para dar con el paradero de nuestros hijos”, dijo durante la audiencia Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 que esta semana increpó a Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Nueva York. El abogado de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, acusó que “pese a la información presentada por el Estado, no hay indicio de los estudiantes y se ha ocultado información”.
“Verdad histórica” única validada: Campa
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de México reiteró que la “verdad histórica” ofrecida por el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, es la única hipótesis que se ha podido consolidar hasta el momento, del caso de la desaparición de os 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero. 
Ante ello, los padres de los 43 jóvenes normalistas indicaron que al asegurar esto, México estaría desconociendo las recomendaciones que ha realizado hasta el momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la propia Comisión.
En la audiencia pública sobre este caso realizada hoy, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrían, aseguró que el gobierno está abierto a indagar sobre otras líneas de investigación.
“Podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis, otra línea de investigación y que no se ha encontrado desafortunadamente a ninguno de los muchachos vivos o muertos”, afirmó Campa Cifrián, en una audiencia pública de la CIDH sobre el caso.
No obstante, subrayó “la plena disposición para seguir valorando cualquier otra línea de investigación”, y defendió que el gobierno “ha sido sensible con el cuestionamiento que las familias han hecho de la hipótesis” oficial. 
Y matizó: “entendemos que es una hipótesis que se trata de un terrible dolor” e insistió en que esta hipótesis debe ser incluida en las investigaciones de la desaparición de los jóvenes ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
A días de que se cumplan 30 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el comisionado James Cavallaro solicitó al gobierno de México información sobre la participación de militares en la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con la versión oficial, rechazada por los familiares de las víctimas y cuestionada por los expertos internacionales de la CIDH, los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en el municipio de Iguala, en Guerrero.
Para después ser entregados a una célula del grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el municipio vecino de Cocula, antes de tirar sus cenizas a un río.
https://youtu.be/uzNmFN1-EmA
México acepta mesa de trabajo sobre migrantes
El gobierno de México aceptó además la creación de una mesa de trabajo sobre inmigración con las organizaciones de la sociedad civil ante las críticas a su gestión del aumento de solicitudes de asilo de centroamericanos en el país.
El acuerdo se produjo durante una de las tres audiencias públicas celebradas en la CIDH, la que abordó la sobre la situación de los solicitantes de asilo y refugiados en México.
El argumento de las organizaciones es que México es cada vez más un país de destino y no solo de tránsito para los migrantes centroamericanos, lo que exige medidas a corto plazo para recibir y atender a esta población de manera adecuada.
Las entidades pidieron esta sesión para denunciar, además, que el Gobierno de México mantiene un enfoque de seguridad nacional y no de derechos humanos en sus medidas de control migratorio.
“México está dando una batalla fuerte por la población migrante en Estados Unidos, pero no vemos lo mismo en México, y es la población más vulnerada de Centroamérica”, afirmó Ana Lorena Delgadillo, de la organización Asylum Access.
Por eso, celebró poder volver a México con el acuerdo de una mesa de trabajo “que es una necesidad para la población refugiada” y pidió que la CIDH “acompañe este esfuerzo y dé asesoría técnica”. EC