La impunidad es inaceptable y los corruptos deben ser castigados, por lo que la aprobación del ordenamiento anticorrupción es prioridad legislativa en la Cámara de Diputados
1. Ecos anticorrupción
A la par de otras medidas que han buscado atajar el daño causado en la imagen presidencial, el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Función Pública y las ocho medidas inmediatas anticorrupción, no fueron muy lejos por la respuesta: la acre ironía en las redes sociales y la exigencia de renuncia del nuevo Secretario por el otro, que se ha reproducido en distintos medios.
Las medidas anticorrupción podrían no tener mayor efecto en la acelerada incredulidad mediática que pareciera haberle tomado la medida a la causa presidencial, que sucesivamente ha caído en atolladeros y suspicacias, llámense errores en la FIL, el movimiento 132 en la Ibero, las filtraciones sobre propiedades suyas o de sus allegados y las preocupaciones en medios internacionales, que muestran esencialmente una mala comunicación política, en donde los intentos para explicar o aclarar la situación estarían causando el efecto inverso, acentuando la incredulidad.
Quienes han sostenido ese fuego graneado comunicacional estarían esperando que la ola de murmuraciones fuera detenida con sacrificios en el entorno presidencial o retrocesos en los cambios estructurales emprendidos, con tal de darle sentido a las intenciones de combate a ese mal endémico nacional que ha sido la corrupción, sea del color que sea o del sector público, social o privado.
En los mercados, las medidas anticorrupción se leyeron como un intento, uno más, para ganar credibilidad, valorando que al menos el gobierno se dispone a cerrar espacios a la corrupción futura. Con lo que ya sucedió, otorgan el beneficio de la duda, esperarán el resultado de las indagatorias de la nueva Función Pública o la inminente aprobación del Sistema Nacional de Integridad Pública por el Congreso para valorar lo concerniente, por lo que la aprobación de dicho ordenamiento debiera ser prioridad legislativa para este febrero en la Cámara de Diputados.
El caso de Marcelo Ebrard permite valorar que lo que no debe haber es impunidad, mucho menos cinismo. Si se quiere transparencia y castigo a los corruptos, entonces el caso Ebrard debiera ser paradigmático, dado que no se trata de suspicacias o murmuraciones sobre cosas que parecen ser y podrían no serlo, sino de hechos concretos, tangibles y demostrables, dado que hay una línea 12 del Metro que fue construida con malas artes financieras, pésimo diseño y mala calidad, en donde hay pruebas de malversación de fondos y actos de contubernio propios no de un conflicto de interés, sino más bien de colusión de servidores públicos para actos de delincuencia organizada. Lo peor que pudiera pasar en ese caso concreto es que ese daño directo a la vida cotidiana de 450 mil capitalinos y mal uso de casi 45 mil millones de pesos quedara en nada y Ebrard llegara a ser diputado plurinominal con fuero para seguir trincando.
Ya se acordó en la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Manlio Fabio Beltrones, que el dictamen anticorrupción y la legislación respectiva estará listo en este mes de febrero, pues, como bien dice el diputado Ricardo Anaya, coordinador de la bancada albiazul, la impunidad es inaceptable y los corruptos deben ser castigados.
Para ello, habrá una Fiscalía Anticorrupción con autonomía y jurisdicción penal en la nueva Fiscalía General de la República; la Auditoría Superior de la Federación tendrá mayores atribuciones “en caliente”; existirá un Tribunal de (Rendición) de Cuentas en que se transformará el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la nueva Secretaría de la Función Pública será rehabilitada con dientes y competencias suficientes para lograr la transparencia y normar una ética del servicio público que prevenga la colusión, el conflicto de intereses y cualquier otro desvío, entre otras cosas.
2. Los temas de fondo electoral
Los temas de fondo en las elecciones intermedias, son: economía, seguridad y corrupción; los tres, eslabonados por el delgado hilo de la confianza pública, que rápidamente se torna en enojo o hartazgo.
La economía no era tema hasta hace unos días, en que el Secretario de Hacienda debió anunciar el recorte preventivo, que es un recorte al fin de cuentas, lo que afecta la percepción sobre la viabilidad de la recuperación del crecimiento y del efecto visible de las reformas económicas en el bolsillo de las familias.
Por lo pronto, las encuestas de Banxico y de Banamex levantadas entre analistas del sector privado recortan todas las expectativas: de prevalecer la volatildiad externa, el crecimiento en el año estaría entre 3 y 3.2 por ciento, casi un punto menos de lo que OCDE pensaba; la inflación, quien sabe si sea buena noticia, se perfila hacia el 3 por ciento, en lo que algunos consideran estanflación y otros como un ahorro neto en la economía; la paridad cambiaria promedio del año se sitúa entre 14 y 14.5 pesos por dólar, que no habrá de retornar ya a 13 como estaba hace algunos meses. El precio estimado del barril de petróleo de la mezcla mexicana, se estima en 50 dólares, en la expectativa de que los altos precios no volverán en varios años, dada la guerra de grandes productores que se está viviendo.
En lo que se refiere a seguridad pública, la sombra del caso Iguala sigue prevaleciendo. Si bien podría decirse que no le fue mal a México en Ginebra en la revisión que hizo el Comité de Desapariciones Forzadas, es obvio que ha sido a un alto costo: aceptando que aún se violan derechos humanos en nuestro país, que hay instituciones implicadas y que habrán de adoptarse medidas de remediación, entre ellas, la presentación de una iniciativa de ley para Prevenir la Desaparición Forzada.
La reducción de los indicadores porcentuales en delitos de alto impacto, como homicidios calificados, secuestro, robo de vehículos y extorsión principalmente son rápidamente tamizados por el recuento de la barbarie del Caso Iguala y la constante aparición de grupos de ejecutados o cadáveres en fosas clandestinas, hasta abandonados en un crematorio.
La opinión pública ha rebasado a los voceros en seguridad y justicia. Las organizaciones contestatarias también, y el Caso Iguala muy pronto podría tornarse en el Caso Guerrero, que combinado con la insurgencia magisterial en esa entidad, además de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, ponen en riesgo la realización de las elecciones guerrerense tanto como la inminencia de una huelga magisterial en marzo a mayo en el contexto de la revisión contractual SEP-SNTE que tendría obvias repercusiones electorales.
3. Numeralia electoral
No obstante el malestar comentado en las secciones anteriores, las encuestas levantadas en enero y publicadas al inicio de febrero (es decir, que ya asumen el intenso golpeo a que ha sido sometido el gobierno federal y la coalición gobernante) siguen registrando la paradoja de una mala imagen versus una buena marca electoral.
Tanto Parametría cómo GEA/ISA coinciden en ello; con la popularidad presidencial en rangos del 33 al 40 por ciento, las preferencias electorales para el PRI marcan alto, del 30 al 47 por ciento para la Cámara de Diputados; le sigue el PAN en ascenso, del 26 al 27 por ciento; con gran dispersión entre los otros partidos.
Para el PRD, las mediciones se ubican entre 12 y 17 por ciento; Morena tendría entre 4 y 10 por ciento, revelando el efecto electoral que podría tener la evidente ruptura de la izquierda entre la lógica democrático-electoral y otra que se asume virtuosa siendo de índole estalinista, es decir, vertical y tiránica.
El Partido Verde estaría entre 7 y 10 por ciento, preferencias que se agregarían al PRI conforme a la alianza establecida en la elección federal; y los demás minipartidos estarían todos en riesgo de perder su registro.
A cuatro meses de las elecciones, aún se perfila un tercio del electorado indeciso, que podría estar significando o bien un alto abstencionismo o que el “efecto silencioso” de la inconformidad aún podría jugar en el resultado final de las elecciones, que conforme a las mediciones prospectivas no anticipan algún vuelco.
4. Caso Guerrero
Lo dicho en anteriores ocasiones: todo en Guerrero parece estar podrido e involucran en una colusión criminal a autoridades municipales y del gobierno de Angel Heladio Aguirre, por hoy con licencia pero que difícilmente podrá argumentar, como lo hace Marcelo Ebrard o él lo hizo en el caso Iguala, que no sabía nada de la corrupción y nepotismo que le rodeaba ni fue beneficiado de alguna manera por ésta.
Por lo pronto, la coyuntura abona poco a la normalización de la vida pública e institucional en Guerrero. Es difícil hallar políticos allá que estén lejos de Abarca, de Aguirre o de ambos, por lo que el contexto electoral se enrarece. De ello se beneficia la amalgama de movimientos y luchas en que se ha convertido la reivindicación por los 42 normalistas desaparecidos, que ha establecido una hoja de ruta hacia el boicot de las elecciones federales próximas.
En ese plan:
Proseguirán las marchas en ciudades guerrerense y el Distrito Federal, con la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos;
Persistirán las demandas genéricas, como la imputación a culpa al Estado (“Fue el Estado”) o la exigencia de renuncia del Presidente de la República y otros integrantes de su Gabinete;
Las organizaciones magisteriales nucleadas en la CNTE emplazarán a huelga nacional, contra la reforma educativa “privatizadora” y en solidaridad contra lo que consideran violencia y represión.
Boicot a las elecciones en Guerrero; no quieren comicios porque, dicen, se votaría por los criminales. Quieren un gobierno popular en la entidad, surgido de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Fuera el Ejército de Guerrero (y hasta de México, dirían algunos ultras); entretanto, insistencia en la demanda de búsqueda en los cuarteles militares.
Sobre estas bases, la ruta del descontento y la confrontación buscaría extenderse y permanecer en la ciudad de México y en el imaginario mediático, para invitar a la población a no votar y boicotear las elecciones.
5. Informe Trimestral de las Finanzas Públicas
El Cuarto Informe Trimestral de las Finanzas Públicas de 2014, enviado por la SHCP al Congreso de la Unión mostró finalmente las tensiones del gasto y su impacto en la economía nacional.
En rubros notables se registra un cierto subejercicio al cierre del año en algunos programas sustantivos (como en programas sociales y de Salud, Prospera y Seguro Popular) mientras que en otros hay sobreejercicio, en comunicación social, por ejemplo.
La deuda pública total del Gobierno Federal sigue creciendo, a 5.3 billones de pesos, que representan el 30 por ciento del PIB.
Podría decirse que es una baja proporción del PIB, pero no lo es en términos de su relación con las finanzas públicas, que es donde cuenta. De cualquier forma, el servicio de la deuda crece conforme lo hace el tipo de cambio peso/dólar y se comportan las tasas de interés, siendo un riesgo adicional si subieran, como es previsible lo hagan próximamente, las tasas de interés de los Estados Unidos.
Es de subrayar, por otra parte, que el abultamiento de la deuda pública se heredó de la administración Calderón, quien la dejó prácticamente en los términos actuales: 130 mil millones de dólares y 3.8 billones de pesos en deuda externa e interna, respectivamente, tal y como quedara al cierre del ejercicio del año 2012, que fue el último de las administraciones azules.
En una situación de mayor presión sobre las finanzas públicas, el mayor peso de la deuda en el servicio implica necesariamente una mayor presión por los recortes en otros rubros del gasto. Sólo por hacer un parangón, el recorte actual representa 0.7 por ciento del PIB, en tanto que la autorización congresional para el déficit público para este año es de 1 por ciento.
Definitivamente, en un escenario de bajos ingresos petroleros para los próximos años, con una deuda abultada la presión en los recortes en el gasto público habrá de ser mucho mayor, otro gran legado del manejo irresponsable del gasto hecho en el gobierno de Calderón, el último que disfrutó los años de bonanza petrolera y grandes excedentes que fueron dilapidados en la burocracia dorada y el gasto corriente.