En la búsqueda por alcanzar la autosuficiencia alimentaria de México, una de las 25 prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, en tan sólo tres meses ya ejerció más de 75% del mayor programa para impulsar la producción interna y reducir la importación de productos agropecuarios al país, denominado Producción para el bienestar.
Son seis programas para conseguir este objetivo con un presupuesto equivalente a mil 500 millones de dólares para este año, lo que permitirá apuntalar los trabajos del sexenio anterior, que llevó a 17 mercancías a una producción por hectárea máxima en más de una década.
Este gasto se aceleró para aprovechar la temporada de siembra y así
los programas del gobierno federal se evalúen en el lapso julio-septiembre con la información comparativa del año anterior, explicó el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez.
Pero los efectos del cambio climático podría impactar negativamente en la capacidad y dimensión de los resultados a los que apostó este gobierno con la reforma y el Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria firmado en Huetamo, Michoacán, el 8 de febrero de 2019 por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula; el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y los principales productores de arroz, maíz, trigo, leche y ganado del país.
Las frutas y verduras, explicó Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, tienen una ponderación importante en el gasto de los consumidores de más o menos 4.6% en el índice que mide la inflación. Por ello, además de la inversión pública al campo, el gobierno federal debería considerar otras políticas públicas para impulsar la competencia en la producción, consideró, pues Estados Unidos tiene subsidios y barreras impositivas como el impuesto arancelario de 17.5% en la exportación de tomate rojo mexicano.
Rendimiento limitado
El rescate del campo fue tema central de la campaña del presidente, y para llevarlo a rango de ley, el 12 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al Artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para dar preferencia a los pequeños productores de bajos ingresos de las zonas con menor desarrollo económico y social del país.
Este tipo de apoyos a los productores de bajos ingresos lo reconoce el Banco Mundial, al señalar que “el desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para poner fin a la pobreza extrema”, porque a nivel mundial el “65 % de los adultos pobres que trabajan vive de la agricultura”.
Aunque la misma organización multinacional advierte que “tanto el crecimiento económico, como la reducción de la pobreza impulsados por la agricultura se encuentran en riesgo, al igual que la seguridad alimentaria. El cambio climático podría reducir el rendimiento de los cultivos”.
Para impulsar la producción interna y reducir las importaciones de productos agropecuarios, la Federación tiene un presupuesto superior a 352 mil millones de pesos en el Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable.
De ese presupuesto autorizado por el congreso para 2019, los seis principales programas de apoyo al campo concentran 28 mil 617 millones de pesos. De esos recursos, el programa denominado “producción para el bienestar” es el de mayor monto, con nueve mil millones de pesos, del que a marzo pasado ya se ejercieron seis mil 885 millones o 76.5%. Es decir, a un ritmo de 76.5 millones de pesos diarios.
Otros programas de apoyo son “precios de garantía a productos alimentarios básicos”, con un presupuesto de seis millones de pesos; “desarrollo rural” con cinco mil 375 millones; “crédito ganadero a la palabra” con cuatro mil millones; distribución de “fertilizantes” mil 500 millones y el programa de “fomento a la agricultura” con dos mil 742 millones de pesos.
Golpe al consumidor
Los efectos de los fenómenos meteorológicos, derivados del cambio climático, como lluvias, sequía o heladas atípicas, tiene repercusiones importantes en los precios de los productos agropecuarios. Por ejemplo, dice el director de Estudios Económicos de Citibanamex, Adrián de la Garza, que hace medio año el precio del tomate rojo aumentó en términos anualizados hasta 70%, y en abril pasado la inflación anual del mismo producto fue de 7% a 8 por ciento.
Al cuarto trimestre de 2018, agrega, la cebolla tuvo una “inflación negativa”, pues el precio disminuyó a 30% anual, y en abril se disparó 170% respecto al año anterior, por cuestiones meteorológicas.
Cuatro alertas
Aunque al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, la producción por hectárea de maíz llegó a su máximo histórico de 2005 a 2018 con 6.8 toneladas. Este grano es el producto agropecuario de mayor importación a México.
En 2018, según datos del Inegi, marcó un máximo histórico con tres mil 289 millones de dólares, con un aumento de 15.3% o 438 millones más respecto a 2017.
México, según el reporte The State of Agricultural Commodity Markets 2018. Agricultural trade, climate change and food security 2018 de la FAO, es el sexto mayor importador agropecuario del mundo.
En producción de maíz, México ocupa la séptima posición global, aunque en rendimiento por hectárea está en la posición 82 de 169 que analiza dicho organismo.
Con ese nivel de productividad, por una diferencia de 8.0%, nuestro país es el segundo mayor importador de ese grano, solo superado por Japón, país que tiene una quinta parte de la extensión territorial de México.
Así, la producción agropecuaria tendrán un mayor impacto futuro ante la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, en el cual 190 países tienen como meta mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados.
Por el momento, en lo que va del año, en México se tienen cuando menos cuatro declaratorias de “desastre natural” en el sector agropecuario, por cuestiones climáticas, que pueden poner en riesgo las metas que pretende alcanzar la administración lopezobradorista.