Tras acreditar violaciones a los derechos de una mujer que, pese a que contaba con la doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), fue detenida de manera arbitraria y deportada a Estados Unidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, y al Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, , por el caso. Tras analizar la documentación del caso e investigar la queja, la Comisión constató que se violaron los derechos a la nacionalidad, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica, así como a la privacidad y protección de datos personales de la mujer. De acuerdo con un comunicado del organismo, los hechos se registraron cuando la agraviada circulaba por el periférico de Tijuana, a bordo de un automóvil de su propiedad y fue detenida por dos agentes municipales en un “punto de control policial”, quienes le solicitaron identificarse, por lo cual entregó su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y les mencionó que también tenía la nacionalidad estadounidense. Lo uniformados le comentaron que al revisar sus antecedentes en una base de datos, se encontró que contaba con orden de aprehensión emitida por autoridades estadounidenses, y sin acreditar alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 16 constitucional para la detención de una persona, fue presentada como extranjera ante un juez municipal, quien no la entrevistó para informarle sobre su situación legal. Al detenerla, los municipales permitieron que la mujer fuera fotografiada, proporcionaron detalles de su detención y se le señaló como responsable de la comisión de un delito, lo cual fue divulgado en diversos medios de comunicación. Esto violentó su derechos a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Posteriormente, fue trasladada Estación Migratoria del INM en Tijuana, donde se le inició un procedimiento migratorio, sin que las autoridades de ese lugar acreditaran que la orden de aprehensión en su contra estuviera sujeta a un proceso de extradición. Se le hizo firmar documentos sin que se le permitiera leerlos, donde sólo se asentó que era ciudadana estadounidense, y que había sido detenida por causar molestias en las vía pública y que deseaba regresar a su país “lo más pronto posible”, por lo cual se emitió una resolución de Deportación en un lapso de 12 horas, pese a que la legislación dispone que el INM cuenta con 15 días hábiles para resolver la situación migratoria del asegurado. La mujer fue conducida a la garita internacional Tijuana-San Diego, donde fue entregada a autoridades de EU y se le siguió un proceso penal, por lo que permaneció en un centro de detención de ese país durante 60 días.
La recomendación
Por estos hechos, en su recomendación 68/2017, la CNDH solicitó al Comisionado de Migración reparar el daño a la agraviada en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas, colaborar en la denuncia penal que presente por estos hechos ante la Procuraduría General de la República y en la queja que se interponga ante el Órgano Interno de Control del INM. De igual forma se le pide capacitar al personal adscrito a la Delegación Estatal de Baja California sobre derechos humanos, además de integrar copia de la presente Recomendación a los expedientes de los servidores públicos involucrados. Al edil de Tijuana, Juan Manuel Gastélum se le pide también reparar el daño a la víctima y gestionar la eliminación de publicaciones en medios electrónicos de comunicación en que proporcionen datos personales de la afectada, así como colaborar con la CNDH en la denuncia penal y la queja administrativa que se presente ante la Procuraduría General de Justicia del estado y ante el Ayuntamiento, respectivamente. DA