CNDH alerta por fortalecimiento económico de Fuerzas Armadas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por el poder otorgado al Ejército en este sexenio y su irrupción en sectores como el aeroportuario. En las audiencias de la Guardia Nacional en el Senado de la República, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que preocupa que se proponga expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias. El Ejército podrá adquirir bienes y contratar servicios en tales esferas, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, alertó. “Es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”. El fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el nuevo aeropuerto civil en Santa Lucía, será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y las rentas serán para fortalecer a esta institución. Respecto a la Guardia Nacional, González Pérez pidió a los legisladores solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional, con el régimen iberoamericano de derechos humanos. Explicó que dicha consulta tendría que hacerse antes de que se apruebe la propuesta de reforma constitucional en la materia. “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acude por tercera vez en los últimos tres meses ante una instancia del Poder Legislativo para exponer sus argumentos respecto del proyecto de reforma constitucional que busca replantear la organización, funciones y características de la Guardia Nacional”, recordó. Agregó que desde la perspectiva de los derechos humanos la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, y consideró que se trata de una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil, porque se le concede poder económico, se afianza su poder político y se le deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza.EM