> Cada dos meses asesinan en México un periodista o aquel que pelea por su derecho a la justicia, seguridad, medioambiente o la autodeterminación de los pueblos. Suman 289 crímenes y 90% de ellos están impunes.

MAPA INTERACTIVO | La ignominia contra periodistas y líderes sociales ES DE INTERÉS Javier Valdez Cárdenas: ¿Punto de inflexión? Luis León y Jonathan Nácar lleon@ejecentral.com.mx / jonathanjnd@ejecentral.com.mx A Benito lo mataron por oponerse al proyecto de una presa. Miriam fue asesinada por buscar a su hija desaparecida y apoyar la búsqueda de otras personas.

Enrique murió por defenderse de criminales. A Ema la silenciaron por luchar para recuperar a sus hijos. Y a Javier lo mataron por ser reportero e informar. Todos ellos fueron asesinados en México y son crímenes que permanecen en la impunidad.

En los últimos 10 años, han ocurrido en promedio, 29 casos anuales de asesinatos, y otros tantos sobre agresión o desaparición de personas que luchan por sus derechos, como el de informar o exigir justicia, defender el medioambiente, los bienes comunitarios o la seguridad en el territorio nacional.

En esas situaciones el nivel de impunidad supera 90%, y en los crímenes cometidos contra los periodistas y defensores de derechos humanos ni siquiera se cuenta con un protocolo de investigación aplicable.

México vive un estado de riesgo”, así lo reconoció Edgar Corzo Sosa, Quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y sí, la situación es crítica. Desde 2007 a la fecha han sido asesinados 289 comunicadores y defensores de derechos ciudadanos o quienes cansados de la apatía y omisión del gobierno buscaron justicia, como las madres que fueron en busca de sus hijos, o activistas que defendieron su tierra y los mataron por intentarlo.

A partir de un seguimiento periodístico realizado por ejecentral, se puede ver la geografía de la violencia, la ruta y los rastros criminales contra aquellos que encabezaban la defensa de derechos humanos y los periodistas que ejercen la libertad de información como un derecho ciudadano.

Salvo algunas excepciones como en los casos de Baja California, Nayarit, Colima y Aguascalientes donde no se ha registrado algún incidente, los asesinatos reportados en la última década se distribuyeron en el resto del país, siendo las regiones del Norte, Occidente, Centro y Golfo donde se concentraron la mayoría de los ataques.

“Hemos señalado que debe haber la existencia de un protocolo de atención rápida, el cual estamos en su configuración, y estamos a punto de lanzarlo (…) Hemos advertido un incremento (de casos), donde está en juego no sólo su integridad sino su vida, estamos viendo situaciones alarmantes. No puede ser que una persona que se dedica a escribir en un periódico, y de repente él o su familia corran un riesgo o puedan perder su vida”, señaló en entrevista con este semanario.

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Razones para morir

Los derechos ciudadanos quebrantados fueron los detonantes. Las 289 mujeres, hombres, padres de familia e hijos, murieron en casos donde la intervención de las autoridades resultó insuficiente o incluso inexistente, ante las demandas y exigencias de justicia y protección de quienes pareciera que su único motivo de seguir con vida y en pie de lucha se debía sólo a su causa. ›Así ocurrió con Javier Valdez Cárdenas, periodista y escritor sinaloense, quien día con día documentaba con su trabajo el fenómeno de la violencia, el narcotráfico y la corrupción, y sus consecuencias sociales en Sinaloa, el epicentro del narcotráfico. Convirtió al semanario Río Doce, junto con todo el equipo editorial, en la referencia indispensable para entender los procesos criminales de la región y del país.

No es el primer caso, tampoco el último. Al activista Aldo Zamora Gómez, opositor a la tala ilegal en los bosques de su comunidad, en San Juan Atzingo, Ocuilan, Estado de México, lo asesinaron el 15 de mayo de 2007, y después de 10 años persiste la impunidad en su caso. A Bernardo Carreto González lo mataron en su misión por encontrar a sus hijos desaparecidos en Chilapa, Guerrero. A Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien tras sufrir el secuestro y asesinato de su hija se unió al colectivo de desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, fue acribillada el 10 de mayo de este año. Por causas similares, 211 personas fueron acalladas en los últimos 520 meses, de acuerdo a este mapa.

Informar muriendo

No es distinto en el caso de periodistas. El visitador de la CNDH, Edgar Corzo, reconoció que la situación de impunidad que hay en los ataques contra los comunicadores se ubica por encima del 90%, ya que de una revisión de alrededor de 175 expedientes el organismo descubrió que “no hay la realización de diligencias idóneas, transcurre el tiempo sin resultados, se pueden llegar a casos de cinco años, 10 años, incluso advertimos de un caso de 15 años sin obtener una sentencia condenatoria. Hablamos de un problema de impunidad muy alto”.

En México, de 2007 a la fecha hay un registro de al menos 70 periodistas asesinados y otros siete desaparecidos en 19 estados de la República. Aunque el cambio de la administración federal del gobierno panista de Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto no implicó una modificación en la estrategia de seguridad a nivel nacional, la divergencia de casos por estado tampoco ha mostrado un cambio significativo.

Aunque los organismos internacionales han cuestionado los últimos años la inacción de México ante estos crímenes.

El asesinato de Javier Valdez detonó una cascada de pronunciamientos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, y los gobiernos de Francia y Bolivia, y el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otros, que condenaron la situación de alarma que padece la libertad de expresión en México, y urgieron a la activación de protocolos para investigar y para obtener justicia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que la suma de esfuerzos institucionales podría dar mejores resultados en el castigo de los crímenes cometidos contra la prensa, pues “esto no es algo que se pueda abatir de manera aislada. Sí vemos algunas omisiones de lado del gobierno, pero hay que estar atentos a sumar los esfuerzos institucionales porque solo así podemos dar un paso más seguro”, consideró el quinto visitador.

El que hayan pasado ya 10 años de ataques, 289 crímenes en el país, y a pesar de reconocer la deficiencia en las investigaciones y omisiones, para el representante de la CNDH no llega tarde el protocolo que se pretende impulsar para investigaciones eficaces. “Nunca sería tarde porque hay que evitar a como dé lugar que haya una muerte más. Si este protocolo lo podemos sacar, nos ponemos de acuerdo y es homologado en todas las procuradurías y fiscalías podremos avanzar, y entonces sí tener resultados, pero que sean muy ciertos y en poco tiempo”. EC