Esta semana se dio a conocer un video donde un grupo de niños manifestaron unirse a las autoridades comunitarias para defender a la población del grupo delincuencial “Los Ardillos”, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a autoridades federales y del estado de Guerrero para que adopten de inmediato las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes de aquel municipio.
En un comunicado, solicitó la implementación de mecanismos adecuados para evitar la criminalización, revictimización y difusión de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes involucrados y de sus familias.
Entre otras medidas, la CNDH exhortó la elaboración de un plan integral que incluya medidas para su atención urgente y su rehabilitación, así como acciones para informar y sensibilizar a los líderes comunitarios y población en general sobre su responsabilidad como garantes de los derechos de las personas menores de edad, para evitar su involucramiento en ese tipo de conflictos.
La CNDH lamentó el contexto de violencia existente en el país y las consecuencias que ha generado en la vida de las personas menores de edad, quienes se ven involucradas en grupos armados de la delincuencia organizada como víctimas de reclutamiento forzado, trata de personas, desapariciones, homicidios y otros ilícitos que anulan sus derechos humanos.
Según el comunicado, dicho exhorto y peticiones fueron enviadas a la Secretaría de Gobernación, Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral, las Procuradurías Federal y Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Fiscalía General de Justicia de Guerrero.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ratificado por el Estado mexicano, dispone que los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a personas menores de 18 años.
El artículo 39 de la Convención referida establece la obligación de los Estados de proporcionar servicios de rehabilitación a la niñez y adolescencia víctima de cualquier forma de explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados.
Además, la Observación General número 11 del Comité de los Derechos del Niño dispone que los Estados partes deberán prestar particular atención a los riesgos a que están expuestos las y los niños indígenas en caso de hostilidades y tomar el mayor número de medidas preventivas.
MM