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Redacción ejecentral

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que observará el cumplimiento del Estado mexicano a las 57 recomendaciones emitidas por el Comité de Expertas de la Convención para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), debido a que son medidas urgentes de implementar para eliminar las condiciones de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas mexicanas.

En la resolución se incluye la obligación del Estado mexicano de presentar en el plazo de dos años un informe preliminar de avances en materia de acciones para frenar la violencia basada en género, concretamente la armonización de protocolos y sanciones por feminicidio, la evaluación diagnóstica de alertas de violencia de género y la armonización y simplificación para la activación de la Alerta Ámber y el Protocolo Alba.

El Comité CEDAW invita al Estado mexicano a presentar su décimo informe en 2022 y a que las conclusiones y recomendaciones emitidas el pasado 20 de julio se den a conocer ampliamente en idioma español y en lenguas oficiales del país, sobre todo entre integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial para garantizar su cumplimiento.

Dichas recomendaciones finales sobre el Noveno Informe Periódico de México incluyen 18 esferas de preocupación centrales, entre las que destacan violencia basada en género, erradicación del matrimonio infantil, acceso a la justicia, protección de defensoras de derechos humanos, participación política, empoderamiento económico, salud y mujeres privadas de la libertad, temas en los cuales las CNDH hizo contribuciones mediante el Informe Alterno que presentó y las cuales fueron retomadas por el Comité CEDAW.

Para cada esfera de preocupación el Comité de Expertas emite recomendaciones específicas para actuación gubernamental inmediata, tales como la asignación de presupuestos públicos suficientes, la integralidad de los servicios de atención y reparación a víctimas, la armonización de marcos normativos y la profesionalización de funcionarios de investigación y procuración de justicia.

Entre las recomendaciones emitidas destacan las relativas a la aplicación de la Norma 046 de salud “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, así como la ratificación de la recomendación emitida en 2012 sobre la armonización de leyes en el país para la despenalización de aborto, que ahora incluye la garantía de prestación de servicios posaborto, incluso en los casos que el aborto sea contrario a la ley.

Las recomendaciones incluyen también un llamado a que la reciente reforma a la Ley de Salud sobre objeción de conciencia no se constituya en un obstáculo para el derecho a la salud de las mujeres y que se garantice siempre la atención, con canalizaciones oportunas a personal no objetor; lo anterior, en sintonía con los contenidos del informe presentado por esta Comisión Nacional en que se argumenta la Acción de Inconstitucionalidad llevada a la Suprema Corte el pasado mes de junio.

El Comité reconoció los esfuerzos de México para superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres; sin embargo, lamentó que los persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y del crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente el disfrute de los derechos de las mujeres y niñas, entre ellas las indígenas y las afrodescendientes.

De acuerdo con los datos que la CNDH aportó al Comité CEDAW en su Informe Alterno, basados en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, en México casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, y el 43.9 por ciento han sido agredidas por su esposo, pareja o novio. También se señala que 8 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia y pensado en suicidarse, y el 3.4 por ciento lo ha intentado. Por ello, el informe de la CNDH expuso la urgencia de robustecer los sistemas de acceso a la justicia para que las mujeres puedan denunciar a sus agresores y reducir significativamente la violencia de género.

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