JONATHAN NÁCAR | @jonathanjnd
El panorama: 126 personas son secuestradas en el país cada mes, en promedio, y ahora el nivel de riesgo es tan alto que coloca a cualquier ciudadano como una víctima potencial. En ese contexto, la coordinadora nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez, reconoció que es complicado dar resultados en el combate a ese delito, pero no imposible.
❝Podemos dar un buen resultado, primero logrando que las autoridades se sumen, que sepan que somos uno solo; complicado sí, muy muy complicado, hay que hacer cambios en todos los aspectos, pero no lo veo imposible ❞, dijo.
En la visión de quien fue la primera fiscal antisecuestro en la Ciudad de México, en 1997, su principal eje de trabajo es “consolidar un verdadero cambio en las instituciones, poder hacer ese nexo entre áreas locales y federales que siempre parecieran estar en pisos diferentes. Que todos unidos hagamos un frente en contra del secuestro”.
Y es que el mapa de los secuestros en el país obliga a esa coordinación. A partir de 2015, detalló Bugarín, la mayoría de los plagios se han concentrado en Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Tabasco.
El riesgo además se ha potencializado porque hoy en día cualquiera puede ser un blanco. “No hay un distintivo de a qué personas se les puede cometer el secuestro, eso nos lleva a establecer que cualquier puede ser víctima. Generalmente se observa de manera característica personas dedicas al comercio”.
Atenta a las constantes notificaciones en su celular, pues reconoce que el trabajo implica una constate comunicación de tiempo completo, la funcionaria platicó con EJECENTRAL sobre su labor y aspiraciones que tiene al frente de la CONASE, cargo en el que este septiembre cumplirá su primer aniversario.
Después de casi dos décadas de investigar y conocer de cerca los casos de secuestros en México, para Bugarín la definición de este delito es casi personal: “Tomaría lo que dijo hace años un amigo que fue víctima de secuestro: lo peor que le pueden hacer a uno no es quitarle el dinero ni la libertad, lo peor es quitarle la dignidad, no sentirse humano. Es algo que me lastima profundamente, el pensar que un ser humano le puede hacer eso a otro”.
Aunque el secuestro es un delito que difícilmente se ve reflejado en su totalidad en las estadísticas, porque prevalece la “cifra negra”, de acuerdo a los especialistas, y en el caso de los números oficiales se cuestionan su veracidad, la dos veces ex subprocuradora, defendió los datos que se ofrecen cada mes y que permiten tener una referencia de lo que ocurre en el país en esa materia.
“Las cifras que llegan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se revisan absolutamente, no estamos exentos de que pudiera haber errores o que no se reporte oportunamente un número, pero cada mes se hace una revisión especifica con el secretariado, las fiscalías y procuradurías, y son la propias unidades antisecuestro las que reportan los números; si hubiera errores lo que se busca es que esto se aclare lo antes posible”, aseguró Bugarín.
Los riesgos del nuevo sistema
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, la coordinadora antiplagios reconoció que sobre la marcha pueden presentarse algunos riesgos, si el personal de las unidades antisecuestro en los estados no tienen la capacitación ni los recursos necesarios para cumplir al cien por ciento con su labor.
Como ejemplo, señaló: “el llevar al extremo las garantías del imputado, pasando por alto cuestiones que pudieran parecer subjetivas como el tiempo de traslado de un imputado, cuánto tiempo puede tardar una institución en hacer una presentación, o el llenado de un formato, son riesgos que vamos a tener si no se tiene la capacitación suficiente, o que la experiencia aún no nos permita ser lo suficientemente rápidos, vamos a caer en situaciones que pudieran ser malinterpretadas.
“Si no todos los estados hicieron el esfuerzo de tener las herramientas y proporcionarlas al personal involucrado también es un riesgo. La justicia es algo en lo que también se debe invertir, no solo en tiempo, y capacitación, hay que comprar las herramientas”, instó.
Es su casi primer año al frente de la institución responsable de coordinar todos los esfuerzos contra el secuestro en el país, Patricia Bugarín aseveró que el concepto de “fracaso” no es algo que se plantee, y aunque en carne propia nunca vivió un secuestro, el estar combatiéndolo durante casi dos décadas lo entiende en sus entrañas. “Vivir con cada víctima es vivir la experiencia cercana, para mi cada caso, desde acompañar a la víctima, pasar el tiempo que ocurre entre el inicio de la negociación y tenerlo de regreso con su familia, es vivirlo”.
Deben confiar, pidió, en las autoridades, “hay personas capacitadas para atenderlos, acompañarlos y para seguir todo el proceso con ellos”.
Falla la estrategia: Wallace
La estrategia antisecuestro no se está llevando a cabo como se planteó desde la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, siguen presentándose deficiencias en la capacitación del personal de las unidades antiplagios, las cuales en su mayoría “están incompletas”, reprochó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.
Esto lo dijo luego de presentar las cifras de julio de este año, que indican que la incidencia de secuestro se incrementó 9% en el número de casos, y 11% en cuanto a la cantidad de víctimas en el país en comparación con el mes anterior.
De los 158 secuestros con 189 víctimas que se registraron el mes anterior, fueron el Estado de México con 39 casos, Veracruz con 19 y la Ciudad de México con 13 secuestros los de mayor incidencia; y en Tamaulipas, Puebla, Michoacán y Zacatecas hubo repuntes en más de seis plagios.
Del seguimiento que Alto al Secuestro ha hecho del comportamiento de ese delito, el último corte estadístico indica que en promedio son privadas de su libertad 182 personas cada mes, y a la fecha suman 8 mil 004 casos denunciados.
Miranda de Wallace reprochó que el nuevo sistema de justicia resulta “mucho más garantista” para los imputados en lugar de favorecer a las víctimas del delito, lo cual, dijo, implica una mayor dificultad para acceder a la justicia.