Al Secretario de Gobernación, dependiente del Presidente de la República, le corresponde, entre otras cosas, conducir la política interior que compete al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia, así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Así lo ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En concordancia con las atribuciones de dicha dependencia, encargada de la seguridad interior, podríamos decir que son de su responsabilidad la conclusión de dos procesos que impactan en la vida nacional en el muy corto plazo: el electoral del próximo 7 de junio; y, la contención de la inconformidad sindical derivada de la reforma educativa, a la que debe buscársele un cause apegado a la ley.
Sin embargo, a pesar de que la atribución competencial que conmina a un dependiente del Ejecutivo a actuar con diligencia en la atención de ambos asuntos es clara y contundente, la verdad de las cosas es que los hilos de los que depende la solución de la controversia penden de organismos constitucionales autónomos ajenos al propio titular de la Presidencia de la República. El proceso electoral que contribuye a la democratización del país se ha encomendado a un órgano aspiracionalmente ciudadano, coptado por los partidos políticos, que es el INE; y la evaluación educativa en contra de la que se manifiestan los maestros se estrena con un flamante órgano autónomo que es el INEE (Instituto para la Evaluación Educativa).
Ante la afrenta del sector más radical del profesorado nacional, que amenaza con impedir la conclusión del proceso electoral, se me antoja mínimamente lógico pensar que proponer un alto al fuego en la víspera de que se concrete el proceso mismo era necesario, pues la inminencia de la amenaza es cierta y su contención puede ser violenta, sino imposible. La resolución adoptada en ese sentido, sin embargo, es inverosímil, porque la organización y vigilancia de ambos procesos no están en manos del Presidente.
La refriega inmediata de los analistas e “intelectuales” del país no se hizo esperar, y en singular coordinación se condenó la suspensión del programa de evaluación educativa. La conclusión es fácil e impecable, porque existe el respaldo político y jurídico que deriva de toda la exposición de motivos que precedió la nueva ley, así como el resultado palpable de la pésima educación que reciben los niños, principalmente la que proviene de los propios maestros paristas.
El problema es que en el proceso analítico para llegar al evidente resultado no se tomó en cuenta la gran distancia que existe entre los postulados ideológicos de nuestra democracia parlamentaria, y la cruda realidad que enfrenta quien se encarga de aplicar la ley. Desafortunadamente, en un Estado apabullado por el discurso liberal de la defensa a ultranza de los derechos humanos, hablar de imponer la ley por la vía de la fuerza resulta un ejercicio empírico políticamente impensable e insostenible.
En puridad política, claro que se debe de seguir adelante con los dos procesos, el electoral y el ministerial educativo; en la realidad, en cambio, deviene sumamente delicado imponer al titular de la presidencia la obligación de hacer valer la ley por medio de la fuerza en las circunstancias imperantes. Una terrible encrucijada.
En todo caso, se equivocan quienes dicen que con la medida anunciada la administración se ha dado un balazo en la sien. Si quisiéramos hablar con la verdad, deberíamos apreciar que se trata de la consumación de un fusilamiento mal intencionado, en la víspera de elecciones, en contra de quien encabeza la Administración Pública. Una condena que no mira por un problema que nos aqueja a todos, y del que somos responsables todos, en calidad activa y pasiva, sino que busca hacer prevalecer una premisa que en su condición central se ha desvestido de los elementos que deben acompañarla. El costo de detener a la CNTE es humanamente superior al de suspender temporalmente la evaluación, con el fin de permitir la elección.
En un afán demagógico y conciliador, se han impulsado acuerdos que han logrado la pulverización del poder que otrora consolidaba el Presidente de la República. Con la finalidad de acabar con el presidencialismo se han creado una docena de órganos que ejercen el poder público y orbitan en el seno constitucional, pero que no le reportan a nadie, más que al judicial en los supuestos en que se violenta el mandato legal que les da existencia.
Estamos presenciando los efectos que produce la balcanización de la función pública y el debilitamiento de la unidad política en torno de un órgano constitucional electo, el Ejecutivo de la Unión, y los escenarios que se dibujan son desalentadores. Falta mucho por ver y soportar, especialmente para el caso de que se llegue a concretar la reforma del Senado que acaba por imponer un régimen igualmente fragmentado en la capital del país.
El problema que entraña hacer cumplir la ley es complejo, y mientras más leyes y más autónomos existan, más habrá de serlo. Si el ejercicio de la fuerza pública para hacerlas cumplir por la vía coactiva se encomienda a una persona y, a la misma, se le fustiga en aquellos casos en los que, con lógica y responsabilidad, pudiera hacerla valer, toda la deliberación legislativa se convierte en un hoyo negro que no nos lleva a ninguna parte.
Es inequívoco el hecho de que, en México, no faltaba menguar el poder del Ejecutivo Federal para lograr la estabilidad social. Los grandes vicios que nos han llevado a caer en esta incertidumbre nacional se reducen, en opinión de esta voz, a la arraigada corrupción que aqueja a todos los sectores del país, tanto públicos, como sociales y privados; y a la absoluta incomprensión de los límites dentro de los cuales se debe hacer valer la fuerza pública, vistos desde la perspectiva ciudadana y gubernamental.
Esperemos que la cordura subsista por parte de todos aquellos agentes nacionales en cuyas manos se encuentra la construcción de un mejor futuro. En el caso de la decisión referente a cómo hacer valer de la manera más ecuánime los postulados ideológicos que derivan de la ley educativa, por pragmática que pueda sonar la propuesta, aboguemos por que la salida sea la menos violenta posible.