El fin de año nos mueve a todos a efectuar un análisis de los acontecimientos ocurridos, del balance positivo o negativo de resultados, y a los esperados vaticinios del entrante. El cúmulo tan importante de eventos y circunstancias que tuvieron lugar en este 2014 que termina, constituye una invitación muy provocadora para incursionar en ese ejercicio, con la consideración adelantada de que, bajo ningún motivo podríamos hacer referencia a todos los hechos, ni dar conclusiones con relación a ellos, ante su carácter numeroso, trascendente e inacabado.
Sin lugar a dudas, el año no termina bien en términos de credibilidad, confianza y gobernabilidad. La desaparición de normalistas en Iguala y la realidad subyacente que demuestra significó un cambio de país que absolutamente nadie podría haber esperado. Las investigaciones y peritajes científicos podrán concluir, tarde o temprano, pero aún confirmándose las versiones del multihomicidio que se han adelantado, el caso Ayotzinapa constituye un referente histórico a partir del cual deberá evaluarse la historia moderna de México.
Muy a pesar del inmenso dolor que la desaparición de los jóvenes guerrerenses produjo para sus familiares, y la más profunda indignación que ha llenado el corazón de los mexicanos, un resultado favorable ha arrojado tan ominoso suceso: es contundente el compromiso de todos los mexicanos, de todos los partidos y del Gobierno que dirige los destinos del país, el de no permitir en modo alguno la infiltración de las bandas criminales en las esferas de poder nacional. Hoy más que nunca, amén de los hechos ocurridos en Iguala, existe una visión crítica y un control ciudadano mucho más agudo que deberá impedir la designación de otro “Abarca” en los órdenes de la administración en cualquiera de sus niveles.
A cambio de los eventos de septiembre que irremediablemente opacan el resultado de nuestro ejercicio, no puede dejarse de destacar el aspecto positivo consistente en la culminación de todo un proceso importantísimo de reformas, tanto constitucionales como de carácter legislativo secundario federal, que le dan al país una nueva base para su desarrollo, un nuevo rostro de conformidad con el cual habrán de suceder las cosas en el futuro.
De entre todas las aprobadas, la que arrojaría resultados más inmediatos es la de telecomunicaciones, en la que se previeron plazos fatales para permitir la eliminación de la larga distancia o la implementación de directrices administrativas para culminar la portabilidad inmediata de los números telefónicos, condición ésta indispensable de la que depende una sana competencia en este sector, indebidamente concentrado en poder de un agente preponderante.
Con la nueva autonomía constitucional que le fue conferida al Ifetel, el resultado positivo e inmediato para la ciudadanía era perfectamente predecible y esperable, sin embargo, el blindaje del que se hizo objeto al Instituto no refrendó la confianza depositada ni los resultados esperados: por virtud de un Acuerdo administrativo dictado por el Pleno del propio órgano constitucional, el plazo de entrada en vigor de la portabilidad numérica vino a prolongarse en forma contraria al mandato establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuestión que ya se ventila en forma prioritaria ante la SCJN.
Desde luego que los escándalos de corrupción no pueden soslayarse en el recuento de eventos ocurridos en 2014, tanto por lo que respecta a la información referente a la compra de la “Casa Blanca” por parte de un contratista del Gobierno del Estado de México, como la Casa de Malinalco del actual Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Es perfectamente entendible el sentimiento de frustración y enojo del que cualquier contribuyente, gente con principios y decencia, puede tener con relación a la noticia, si se partiera de la base de que la adquisición inmobiliaria fuera producto de un tráfico de influencia o de una operación que permitiera el desvío o uso indebido de fondos públicos; sin embargo, no tendría porque ofender a nadie si se llegara a comprobar que, efectivamente, la compra de las casas se hubiera hecho con el producto del trabajo de sus adquirentes. Hay toda una dirección atrás de los hechos que se debe dejar a un lado para tener una valoración objetiva de los acontecimientos.
La consecuencia definitivamente positiva y excepcional que arroja la aparición de los hechos relativos a la compra de las casas, es la inevitable aprobación de una reforma constitucional y la expedición de las leyes correspondientes, que permitirán la entrada en vigor de un nuevo sistema nacional anticorrupción. Es absolutamente previsible que éstas queden aprobadas en el próximo período ordinario de sesiones ¿Habrá de terminar con tan dañina práctica gubernamental de la que nos venimos perjudicando?, ¿Cambiará también la visión en pro de la legalidad y el Estado de Derecho de conformidad con el cual debemos comportarnos todos los mexicanos? Honestamente no lo creo; pero es un decidido comienzo que impulsará nuevas acciones en el futuro mediato.
Empieza un año difícil, con elecciones intermedias y una economía que ha permanecido estancada en detrimento del patrimonio de muchos mexicanos. Difícilmente la situación podría cambiar drásticamente antes del proceso electoral. ¿Cómo cambiará después de que este concluya? Dependerá de sus propios resultados. ¿Seguirá contando el Presidente de la República con el apoyo de los legisladores?. Es en junio que se definirá si nuestro futuro se traducirá en la administración del desastre o la implementación de una visión modernizadora que, por lo menos, dio positivos resultados parlamentarios.
Amable lector, que tenga usted un Año 2015 lleno de salud, de trabajo y bienestar. Le agradezco el tiempo que ha dedicado a leer las participaciones semanales que El Financiero me permite desplegar en este espacio.