En México, comprar una vivienda nueva no es accesible para 73.6 millones de ciudadanos, pues se encuentran excluidos del mercado formal de vivienda, de acuerdo con el estudio “Diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018" del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Estos ciudadanos, para los que resulta complicado adquirir un inmueble, son los que tienen ingresos menores a cinco salarios mínimos diarios (441.8 pesos) ya que, además, los créditos hipotecarios públicos y privados se otorgan a quienes reciben más de nueve mil pesos mensuales. El estudio “Diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018” también arrojó que a las personas con menores ingresos (2 mil 722 mensuales) les toma más de 30 años terminar de pagar su vivienda, mientras que los que perciben un salario mensual mayor a los cuatro mil pesos tardan entre 15 y 20 años. Los habitantes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, cuentan con el mayor porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza por ingresos y también con mayor porcentaje de rezago de vivienda, más del 70 por ciento. En contraste, la Ciudad de México y Nuevo León se encuentran entre los estados con menor porcentaje de rezago de vivienda.
Los ingresos de los hogares en México se miden por deciles y van del I al X, donde los de menor salario se ubican en el primer nivel y los de mayor en el último. Así, las familias que se se ubican en el decir I perciben un salario mensual de 2 mil 273.33 pesos mensuales, situación que les impide adquirir una vivienda propia. En cambio, los del decil X perciben al mes un promedio de 53 mil pesos, lo suficiente para comprar una propiedad. Respecto de los créditos hipotecarios, 77 por ciento son ofertados por instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) a sus afiliados y no exceden, en ninguna de sus modalidades, plazos de 30 años; el restante 23 por ciento de los créditos hipotecarios públicos, son presumiblemente otorgados por instituciones de vivienda de gobiernos estatales y municipales, para los cuales no se cuenta con información a través del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV). El plazo promedio de los créditos hipotecarios públicos y privados en 2015, fue de 21 años; en específico, los créditos hipotecarios ofertados por el sector privado promediaron un plazo de 19 años (con un rango de 14 a 29 años).
De acuerdo con el Coneval la pobreza está ligada a la falta de acceso a una vivienda digna en México, lo cual se manifiesta a través de la carencia por calidad de los materiales y hacinamiento. Uno de los mayores focos rojos de atención en materia de rezago de vivienda se localiza en el entorno rural del país: casi ocho de cada diez viviendas que se ubican en el entorno rural del país padecen de rezago de vivienda. (Con información de Sin Embargo) NR