El Congreso de Bolivia aprobó este sábado la celebración de nuevas elecciones generales sin Evo Morales como candidato, en un paso decisivo hacia la solución de la crisis política que dejó 32 muertos en un mes de protestas.
Después del visto bueno del Senado en la tarde, la Cámara de Diputados le dio su luz verde. “Habiéndose aprobado en sus dos estaciones queda sancionada la presente ley. Remítase al poder ejecutivo” para su promulgación, afirmó Sergio Choque, al término de una sesión extraordinaria.
Más temprano, el Senado dio paso, tras la violenta crisis que estalló en torno a la figura del exmandatario y que deja 32 muertos en un mes de protestas.
“Se aprueba por unanimidad (...) el Proyecto de Ley ‘Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales’”, anunció el órgano legislativo reunido en sesión extraordinaria.
Simultáneamente, el gobierno provisional abrió el diálogo con los movimientos de protesta en torno a un acuerdo de “pacificación”, que ponga fin a los bloqueos y manifestaciones.
Presidente interina rechaza amnistía a Evo
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se opuso este sábado a una “amnistía” para Evo Morales, exiliado en México, ante el intento de senadores de sacar adelante un proyecto de ley para prohibir “procesos judiciales” contra el exmandatario y sus colaboradores.
“Todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley; ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo”, afirmó Áñez en una declaración a la prensa.
El partido de Morales, con mayoría en el Congreso, planteó este sábado un proyecto de ley que blinda jurídicamente al expresidente y sus funcionarios, vetando explícitamente la detención o apertura de procesos judiciales en su contra.
Áñez aseguró que su gobierno transitorio “no perseguirá
a ningún político, dirigente sindical o cívico”, pero que tampoco avalará un marco de impunidad.
“El nuevo país que queremos será una
Bolivia
de justicia, no de impunidad”, señaló.
El viernes la Fiscalía abrió un proceso contra Morales por “terrorismo y sedición”, a partir de una denuncia del ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
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