El viernes pasado que tuvo lugar la celebración del nonagésimo noveno aniversario de la promulgación de la Constitución de Querétaro de 1917, muchas cosas se dijeron por sus promotores y detractores, que nos obligan a pensar: ¿es ésta un ordenamiento jurídico-político vigente, adaptado a las necesidades que vive el país; o más bien, se trata de un catálogo parchado de buenas intenciones, superado, que no refleja el destino al que aspiramos los mexicanos?
La Constitución es la norma suprema de conformidad con la cual se expiden todas las demás, se aprueban los tratados internacionales por el Presidente de la República, y a la cual se adaptan las resoluciones de todas las autoridades del país. Es no sólo la cúspide de la pirámide que conforma el orden jurídico de la Nación, sino también el documento que comprueba el máximo acuerdo social alcanzado por todos los mexicanos, que nos permite identificarnos como Estado libre y soberano en el contexto internacional.
Es verdad que la Constitución ha sido reformada muchas veces, demasiadas quizá, doscientos veintisiete decretos, pero debemos darnos cuenta de que la historia de nuestro país es reciente, nuestra democracia lo es más todavía, y que el tipo de ordenamiento supremo que tenemos, por el régimen de legalidad bajo el cual hemos vivido, con la participación política permanente del órgano legislativo como supremo representante de la Nación, obliga a su transformación constante.
La redacción original de la Constitución que nos rige obedeció al México de la revolución de 1910, un país convulsionado por una guerra interna, en el que su gente buscaba la tregua y el reconocimiento del derecho de igualdad por encima de cualquier otro, el derecho a la tenencia de la tierra y al producto de su trabajo. El documento que puso fin a una dictadura y a la lucha entre caudillos para acceder al poder vacante, cifró en el campo el detonador de crecimiento de un país que albergaba, solamente, a 15 millones de humanos en tan vasto territorio.
El florecimiento del comunismo y las dos guerras mundiales tuvieron su impacto en México y en su política, y ello se vio reflejado en la misma Constitución, que incorporó los derechos supremos de la clase trabajadora y la propiedad inalienable de los recursos del subsuelo a favor de los organismos del Estado mexicano. Esa también seguía siendo la Carta de 1917.
Se dice que de la Constitución no queda nada, y es cierto, la Constitución ha sido reformada tantas veces, en tan variados artículos, que su fisonomía es totalmente distinta a la que nos fue concedida al inicio del siglo pasado. Sin embargo, también podemos decir que México tiene una cara y un potencial que, aún debiendo avanzar y mejorarse, no se parece nada al territorio despoblado que propició el levantamiento armado que encabezaron Madero, Villa, Zapata, Obregón o Carranza.
La Constitución de 1917 es, hoy, un documento que refleja la misma turbulencia que vive el país, una carta fundamental que se contradice y que se tropieza, porque el proceso democrático de vida que hemos elegido los 120 millones de mexicanos que hoy poblamos esta tierra, arroja la revolución que, pacíficamente, hoy mismo atravesamos.
Nuestra Constitución consigna un marco jurídico de vanguardia en materia electoral, porque ha sido un campo complejo en el que la apreciada alternancia en el ejercicio del poder no ha podido jamás asentarse; contiene también una legítima aspiración en el campo de la educación laica, porque sabemos la importancia que reviste la formación de nuestros niños como pilar fundamental para la construcción de un mejor país; asume un nuevo marco rector en el ámbito de la competencia económica, de la información y las telecomunicaciones, porque constituye un elemento indispensable del conocimiento y del ejercicio democrático del sufragio; incorpora un nuevo régimen jurídico para el desenvolvimiento de las actividades económicas de las empresas productivas del Estado, porque el que fue originalmente otorgado les impuso un lastre que ha sido fuente de corrupción y un ancla que les impide desarrollar sus amplias potencialidades.
Son sin embargo muchos los escalones que debemos ascender antes de llegar al piso de arriba, y a pesar de que se han agregado normas que persiguen la erradicación de la corrupción, faltan ávidamente las disposiciones que las reglamenten para lograr la consecución del objetivo constitucional que fue previsto.
La desigualdad y la pobreza de la clase indígena y campesina propició la revolución y la expedición de la Constitución de 1917, y si bien es cierto que los paradigmas y fórmulas esenciales de tenencia de la tierra se han respetado desde entonces, las condiciones que dieron lugar al nacimiento de esta inconformidad hoy continúan más vigentes que nunca. ¿Cómo acabar con la desigualdad y la pobreza en México, en el campo y en la ciudad, sin tocar la Constitución y los principios básicos que ésta soporta en materia agraria, cuando todos sabemos que no han funcionado?
En su primer artículo se ha incorporado un mecanismo superlativo de tutela de los Derechos Humanos, del que muchos se sienten orgullosos. La verdad de las cosas, sin embargo, es que la judicialización del ejercicio cotidiano del poder público, la confrontación permanente de la ciudadanía y los órganos encargados de hacer cumplir la ley, con el consecuente empoderamiento de los tribunales, produce el desaliento a la inversión y el caos. ¿Cómo reencausar el ejercicio ordenado y pulcro de las actividades de gobierno, inclusive las coactivas, sin quebranto de los Derechos Humanos?, ¿Cómo lograrlo sin tocar el artículo 1º de nuestra Carta de Querétaro?
La Constitución es un cúmulo de contradicciones, porque nuestro país y las fuerzas que lo dominan lo son también. Tenemos una Constitución con un profundo sentido social, que al mismo tiempo tiene las aspiraciones de convertirse en un modelo de crecimiento liberal. Un catálogo de parches, sí, que van de las aportaciones socialistas de Cárdenas, al neoliberalismo Salinista, con los remedios humanistas de Fox y Calderón, y las aspiraciones de un nuevo México, que llega tarde a la fiesta, del Presidente Peña Nieto.
Mientras no sepamos qué queremos ser y nuestros representantes políticos no se decidan sobre el modelo claro de país que debemos diseñar, difícilmente llegaremos a tener la Constitución modelo que muchos quisieran comentar.