Héctor J. Villarreal Ordóñez

El recorte presupuestal al Instituto Mexicano de la Radio (Imer), visibilizado en días pasados, no fue algo inesperado. El Imer pasó de 178 millones de pesos en 2018 a 159 millones en 2019. Diecinueve millones menos de transferencias fiscales de un año a otro. Su presupuesto anual, en tanto algunas de sus 18 emisoras tienen concesiones para uso comercial, incluye además una meta de 40 millones de pesos de recursos autogenerados por la comercialización de emisiones, la venta de servicios o la obtención de patrocinios.

El recorte, aunado a la prohibición de contratar personas y servicios por honorarios, hacía que en cosa de tiempo el Imer entrara en crisis y tuviera que cancelar programas o apagar estaciones. Seguramente sus directivos informaron de ello a su Junta de Gobierno o a las autoridades del sector educativo, pero bajo la directriz de la autollamada Cuarta Transformación, la respuesta habrá sido que se las arreglaran en esas condiciones. Y seguramente eso intentaron.

Lo inesperado fue la reacción de productores, conductores y de la audiencia del Imer, que se hicieron oír y rechazaron la desaparición de facto de los contenidos de esa radio pública. El presidente López Obrador se declaró desinformado sobre la situación del Instituto, confundió su presupuesto con la publicidad oficial y mostró que el concepto de medio público le es muy distante. Su énfasis retórico en la atención a la pobreza es impecable y necesario; sin embargo, no alcanza a justificar la deconstrucción de todo instrumento de convivencia democrática, por modesto que sea.

Los medios públicos son motivo de apropiación directa de la gente. Se gestionan por quienes los operan, pero también por la ciudadanía que interactúa con ellos y les marca una agenda en función de sus intereses y necesidades. El Imer ha tenido un proceso de apertura y ciudadanización innegable en las últimas dos décadas y ni siquiera el abandono del gobierno peñista extinguió su capacidad de articular dinámicas culturales, de entrenamiento, informativas y de servicio entre comunidades o grupos sociales. Por ahora, los administradores del presupuesto público le devolvieron los recursos mínimos para seguir operando, aunque lamentablemente eso no le servirá para mucho más que mantener su statu quo o administrar un poco más de tiempo su agonía.

Otro medio operado con recursos públicos, la agencia Notimex, también se transforma y en estos días confirma una visión oficial de esas instancias como apoyos a la narrativa presidencial y herramientas de propaganda. Como en el gobierno de Peña, sólo que más barato.

La agencia que, según la ley, debiera ser de Estado, sorprendió al autoasignarse la función de verificadora de la verdad e inauguró un ridículo servicio de verificación y aclaración de las informaciones difundas en los medios o redes sociales que le parezcan “dudosas”.

No se sabe de una transformación así en otra agencia noticiosa, privada o gubernamental, en algún lugar del mundo, que haya pasado de las noticias a la calificación oficiosa de lo que es verdadero o falso en la discusión pública. Nadie tomará en serio las verificaciones de Notimex, si acaso servirán para que voceros oficiales o afines al gobierno feliciten alineamientos o descalifiquen críticas.

El informe de datos propios rendido en el aniversario del triunfo electoral del Presidente tuvo, por lo pronto, transmisión íntegra en la TV y la radio públicas, sin cortes ni análisis. López Obrador refirió en el Zócalo como logro suyo el respeto a la libre manifestación de las ideas, al derecho a disentir y a la libertad de prensa. Habría que precisar que todo eso ha existido antes, cuando, por cierto, los medios públicos han sido más públicos y menos oficiales. 

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