Héctor J. Villarreal Ordóñez

No son todos los que están, ni están todos los que son, se suele decir de los habitantes de cárceles y manicomios. La descripción aplica frecuentemente para quienes son inscritos en toda clase de listas.

Las listas tienen su historia como instrumentos para la descalificación, la estigmatización y la persecución de individuos. En el siglo XVII, por ejemplo, en los llamados juicios de Salem, donde hoy es el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, los puritanos pedían a sus vecinos hacer listas de quienes debían ser acusados de brujería y procesados bajo las leyes de aquella intolerante comunidad.

En 1933, los seguidores del partido nazi, en Alemania, hicieron listas de libros cuya lectura había que prohibir. Una noche de mayo entraron a las bibliotecas y librerías, encendieron hogueras en las plazas públicas y quemaron miles de ejemplares de los títulos enlistados. Ardieron obras de autores judíos como Sigmund Freud o estadounidenses como Ernest Hemingway, cuyas ideas les sonaban propias del pasado que querían erradicar, para dar paso a su nuevo régimen fascista.

Treinta años después, en 1963, otra lista famosa fue escrita por la secretaria personal del recién asesinado presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, llamada Evelyn Lincoln, quien a bordo del vuelo de Dallas a Washington DC, especuló y enlistó a quienes le parecían sospechosos del magnicidio. En primer lugar puso el vicepresidente Lyndon B. Johnson, seguido por el Ku Klux Klan, la CIA, los “dictadores” y los “comunistas”, entre otros. Lincoln apuntó años después que su lista de sospechosos no tendría nunca fin.

Una más fue la llamada lista del odio nazi, descubierta en 2015, que habría sido parte de los planes fallidos de Hitler para, luego de conquistar las islas británicas, asesinar de inmediato a más de dos mil 800 “objetivos”, por la amenaza que podrían representar a la expansión del autollamado Tercer Reich. El listado abarcaba políticos, artistas, científicos, periodistas y religiosos. Desde Winston Churchill, Virginia Woolf y H. G. Wells, hasta un señor de apellido Powell, que fundó a los Boy Scouts.

La lista de periodistas y empresas de comunicación que, según el presidente López Obrador y su vocero, recibieron indebida o sospechosamente recursos públicos, busca igualar al periodismo crítico que les incomoda con el periodismo corrupto.

El histórico modelo de mutua conveniencia de la relación entre medios y poder en México ha estorbado el avance de la democracia en el país, pero hasta hoy, fuera del discurso, nada sustantivo ha hecho le nuevo gobierno para cambiarlo.

México padece un “periodismo” chantajista y corrupto, que se ha usado para defender intereses, privilegios e impunidades.

En este espacio me he referido a sistemas de medios locales corrompidos en alto grado, como el del estado de Puebla, donde la prensa sirvió en semanas recientes para infectar con ataques y calumnias la campaña electoral y favorecer a Miguel Barbosa, candidato, por cierto, del partido del Presidente.

Pero en México hay también un periodismo profesional, riguroso y honesto, que fue factor decisivo para denunciar vicios de la política y visibilizar el mal estado de las cosas en el país antes del incuestionable triunfo del enojo social, que llevó a la presidencia a la autonombrada cuarta transformación.
De buena parte de los enlistados por el Presidente y su vocero me consta, como exservidor público e interlocutor frecuente, que pertenecen a la segunda categoría, la de los buenos. Del primer grupo, el de los malos, me vienen a la mente varios que no vi en la lista.

Pretender igualar a críticos con corruptos es autoritario y manipulador. No por intentarlo será verdad, pero ahondará la división y el desencuentro. ¿A quién beneficia eso en México? Buena pregunta para una mañanera.

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