“El NAIM es también emblemático de aquello que ha marcado la gestión peñanietista: una elite de contratistas favorecida de manera transexenal, como la propia obra que ya tiene tempranos señalamientos de corrupción y negligencia; clientelismo para imponerlo y represión a quienes se oponen… Los contratos más grandes del NAIM, así como de la obras hidráulicas y carreteras que reclama para su funcionamiento y conectividad, fueron asignadas a una decena de nombres cercanos a la cúpula priista y salinista”. La cita anterior es de una nota de la revista Proceso fechada el 2 de septiembre de 2017. Esta otra es de la columna de Salvador García Soto, en El Universal, del 28 de marzo de 2018: “todo para hacer de los terrenos que rodean al nuevo aeropuerto —buena parte de ellos propiedad de políticos y empresarios cercanos al Edomex— un ‘centro de negocios gigantesco’ y el Hub más grande de América Latina… Ese es el verdadero negocio del grupo Atlacomulco, revela un colaborador cercano… Por eso quieren el aeropuerto ahí y por eso lo defenderán a toda costa… Les dará la posibilidad de negocios e inversiones por los próximos 50 o 100 años, sostiene la fuente”. Tras anunciarse los resultados de la farsa llamada consulta y la decisión impuesta por Andrés Manuel López Obrador de suspender proyecto aeroportuario de Texcoco, la cobertura mediática y el debate público se concentraron en sus riesgos y primeras consecuencias económicas y políticas. Los anuncios reflejan el estilo y capacidad de la 4T para manipular a las audiencias y dominar la agenda. El procesamiento de la cancelación del proyecto es indefendible por su carencia absoluta de legalidad, representatividad y calidad democrática. Sin embargo, perdemos de vista la fortaleza y eficacia política y comunicativa que tiene este prematuro, pero oportuno desplante del gobierno entrante y, sobre todo, olvidamos mirar hacia quienes quizá son los principales responsables de este desastroso montaje: Enrique Peña Nieto y sus amigos. La administración de Enrique Peña, con sus récords en desaprobación social, deja como triste legado la percepción de que todo, absolutamente todo lo que tocó y en lo que se involucró, quedó impregnado de un irritante tufo a corrupción. Esa percepción, que crece alimentada por investigaciones periodísticas, evidencias documentales y testimonios de muchos que han tenido cercanía o tratos con la administración saliente, explica un porcentaje indeterminado de los famosos 30 millones de votos que los seguidores del presidente electo sacan a relucir cada vez que se señalan sus inconsistencias, contradicciones y arbitrariedades. Esa percepción de que existe una sombra de corrupción encima de todo lo que tiene que ver con el gobierno de Peña Nieto es usada con notable habilidad por López Obrador para justificarse y dar apariencia de legitimidad a cuanto se le ocurre. Ese argumento es el mejor recurso que Morena encontró el martes pasado en la tribuna del Senado de la República para argumentar en favor de la manipulación obradorista que canceló el nuevo aeropuerto. Es contra los corruptos, contra la deuda oculta que tenía ese proyecto y la asignación de obras públicas con moches, dijeron. Andrés Manuel López Obrador y el gobierno que iniciará en diciembre explotan con eficiencia una veta de abundantes recursos para imponer su voluntad. El Presidente electo ya advirtió que él no es florero, ni está de adorno, y quiere demostrar que el que manda es él, en nombre del pueblo, por supuesto. Y si manda mal, no tiene más que invocar el contraste con el otro Presidente, el que está cada día más callado y solo, en el silencio del futuro centro cultural de Los Pinos, para que sus ocurrencias adquieran aroma de transformación.
El legado