Irene Muñoz

Una alerta se encendió en las últimas semanas dentro del ramo turístico de la Ciudad de México, ante la intención de eliminar el apoyo de la autoridad a los sectores empresariales que la conforman, así como la disminución de las atribuciones del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), sin entender que, justo en este momento que el turismo va a la baja, es cuando hay que fortalecerlos para sobrevivir ante el negro panorama por el que pasa la capital.

Esperanza Villalobos, diputada del partido Morena del Congreso local, envió una muy desafortunada Ley de Turismo de la Ciudad de México con la intención de abrogar la actual y, con ello, poner nuevas reglas sobre la mesa. Estos beneficios apuntan a un único lugar: la Secretaría de Turismo. 

En nuestra ciudad por parte del gobierno hay dos jugadores: la Secretaría de Turismo que desarrolla la política pública en el tema; y el Fondo que es un órgano descentralizado cuya función es desarrollar, implementar, asesorar y financiar planes, programas y acciones que promuevan la actividad turística, así como a su Marca Destino, ya sea local, nacional e internacionalmente. El patrimonio de esta institución es mixto. Cuenta con el 3% del impuesto al hospedaje (creado para la promoción del destino turístico) y con un monto igual que aporta el gobierno de la Ciudad. 

Ahora sí, para entrar en materia y después del contexto anterior, le comento lo que están proponiendo: para empezar, se elimina la facultad a la jefa de Gobierno en su artículo 6 para designar al titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. ¿Quién la nombrará ahora? ¿El Secretario de Turismo? También viola derechos humanos al condicionar en su artículo 54 fracción I que para ser titular del FMPT se debe ser originario de la CDMX. La actual directora del Fondo, Paola Félix, es de Querétaro.

También propone desaparecer al órgano intersecretarial que conforma la Comisión Ejecutiva de Turismo, encargada de conocer, atender y resolver asuntos relacionados con la competencia de dos o más dependencias, emitir opinión sobre políticas públicas, reglamentos, decretos y acuerdos, entregando sus facultades a la Secretaría de Turismo.

Respecto del Consejo Consultivo, órgano de consulta para proponer políticas públicas, estrategias, coordinación de dependencias, se elimina la asistencia de la Presidencia de la Comisión de Turismo de la Cámara local, que es invitado permanente, sumando un extraño nuevo jugador: un diputado integrante de esa Comisión, pero con mayoría parlamentaria distinta a la presidencia de la misma. Esto, como usted verá, claramente no tiene que ver con las decisiones para consolidar al sector, sino con voluntades políticas. En la actualidad la presidencia de esa Comisión es del PAN.

Para ese Consejo también se propone, respecto de los servidores de servicios turísticos que forman parte de este órgano, que cambie a “podrán ser invitados” siendo el Secretario de Turismo la persona encargada de determinar a quién quiere escuchar. Por tanto, si no eres santo adorado, no hay manera de tener acceso.

Otras ocurrencias, porque no pueden llamárseles de otra forma, sólo sacan a la luz la ambición que existe del secretario de Turismo por sumar a su presupuesto el del FMPT, que ha generado disputas públicas como nunca antes, y que se pueden leer en el ridículo artículo 42, el cual establece que la Sectur pasa de expedir lineamientos para el diseño y producción de campañas publicitarias, a diseñar directrices para la inteligencia de mercado, diseño de estrategias de comunicación y publicidad que serán financiadas por el Fondo Mixto. 

Respecto de la Marca Destino CDMX, cuya facultad para posicionarla es del Fondo Mixto, ahora, en el artículo 44, se señala que será la Secretaría de Turismo la que la promueva con el financiamiento, una vez más, del Fondo así como también de todos los materiales gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen para su promoción y difusión.

En el artículo 48 fracción II, de forma sutil en la nueva propuesta de ley, le tratan de dar otro golpe más al Fondo para reducirlo al establecer que la implementación de programas para promover y fomentar la actividad turista, cuya competencia es del Fondo, deberá sujetarse a lo que determine la Secretaría de Turismo.

Además, en la fracción IV, eliminan al Fondo la facultad para elaborar y difundir campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional. En su artículo 50 establecen que el Fondo no podrá duplicar direcciones con las que ya cuente la Secretaría y se apoyará de estas, por lo que la primera centraliza de forma absoluta las acciones de promoción.

Como muestra de mayor autoritarismo, existe una grave modificación de conformación del Comité Técnico del Fondo, que está sentado a la mesa y que genera el impuesto al hospedaje.  Elevan el número de representantes del gobierno de cinco a seis, suman un miembro propietario más, que es la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso Local, y que representa una violación a la ley, ya que no debe tomar decisiones en materia presupuestaria fuera de las establecidas en la Constitución capitalina. Pero lo más grave es que no suman ni incluyen a más representantes del sector turístico, que son cuatro. Así que, nunca estarán en condiciones de ganar alguna votación.

Esto, sin duda, es un grave error. Las cámaras y asociaciones que conforman este Comité cuya industria genera el 8% del Producto Interno Bruto de esta ciudad de ninguna manera pueden estar de acuerdo con que se utilice el dinero que generan, a decisiones ocurrentes y desafortunadas como hemos visto durante este primer año de gobierno. 

Y hablando de la generación del PIB, en esta nueva ley quieren desaparecer a la Oficina de Congresos y Convenciones, una clara expresión de ignorancia sobre el tema, ya que es una de las ramas del turismo que proporciona más dividendos a la ciudad.

Esta ley, de ser aprobada, generaría una supersecretaría de Turismo con decisiones unilaterales, cuyo presupuesto no sería el que se presentó al Congreso de poco más de 94 millones de pesos, sino sumaría a su bolsa 280 millones del Fondo, más otro tanto del impuesto al hospedaje. Es decir, sumaría por lo menos 654 millones. 

Es curioso lo que quiere Carlos Mackinlay. Si la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hubiera deseado dotar con más recursos a la Secretaría de Turismo, se los habría dado en el presupuesto. No es este el caso, en el que el secretario, todo indica, quiere salirse con la suya a escondidas de su jefa.  

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