La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, contra la Ley de Seguridad Interior. La cual se turnó por acumulación al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien actúa como ministro Instructor. Por acuerdo de Pardo Rebolledo, se ordenó notificar a las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, señalados como autoridades responsables en las demandas, para que rindan su informe dentro de un plazo de 30 días hábiles. En sus alegatos, la controversia presentada por el gobierno de Corral Jurado señaló, en primer término, que esta ley invade esferas de competencia de las fuerzas de seguridad de Chihuahua para enfrentar a la delincuencia y que, para ello, basta que el presidente de la República autorice la intervención del Ejército, Marina y Policía Federal, sin que medie solicitud del gobierno estatal. La controversia de Chihuahua fue presentada el lunes 12 de febrero ante la SCJN. Dicha Ley de Seguridad Interior (LSI) “vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia y el acceso a la información”, sentenció Corral.
La Suprema Corte informó que recibió otras controversias constitucionales de los municipios de Soltepec, Puebla, y Morelia y Cherán, Michoacán, también en contra de la LSI. En estas tres últimas, aún no se ha dictado el acuerdo correspondiente.
Además de la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua, la SCJN ha recibido diez controversias constitucionales presentadas por los municipios de Cholula, Cuauhtémoc y Ahuatlán, de Puebla; Parral, Chihuahua; Ocuilán, Cocotitlán y Netzahualcóyotl, del Estado de México; y Hoctún, Tepakán y Oxkutzcab, en Yucatán. Hasta ahora, el ministro Pardo ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Diputados, Senadores, la CNDH y el INAI, así como las citadas controversias constitucionales promovidas en las que se demanda invalidar diferentes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior fue promulgada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017. Desde su discusión ha desatado controversias entre la sociedad mexicana y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.AT/EC
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