La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó “por notoria improcedencia” la controversia constitucional que interpuso la administración de Baja California contra la llamada Ley Bonilla, la cual prolonga de 2 a 5 años su periodo como mandatario.
En septiembre, el poder ejecutivo del estado encabezado por Francisco Vega presentó una controversia constitucional en la que reclamaba al Congreso local “la omisión de remitir al Poder Ejecutivo, para su publicación el Periódico Oficial del Estado, la aprobación de fecha 23 de julio de 2019, de la Declaratoria Formal de Incorporación Constitucional, relativa a la reforma al artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política de Baja California”.
Ante ello, el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que la no remisión de la modificación constitucional del estado no invade ninguna competencia del Ejecutivo del estado, lo que fue considerada improcedente.
En la controversia se argumenta que “al vedarse fácticamente el derecho para sancionar, promulgar y publicar la declaratoria Formal de Incorporación Constitucional, la entidad demandada invade por vía de consecuencia la esfera de competencias del Poder Ejecutivo de Baja California”.